Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página HIBERUS | Google Plus Hemeroteca Edición impresa DN+ Tablet
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete
El Tiempo: Cargando...

Nacional Nacional

La Hemeroteca
Consejo General del Poder Judicial

El primer gran pacto de la era Rajoy

  • El PP sacrifica su modelo de Poder Judicial para lograr una mayoría conservadora y el PSOE aparca la ruptura con el Ejecutivo para no verse fuera de un órgano clave
  • España ha probado cuatro sistemas de elección de los magistrados del gobierno de los jueces sin que ninguno aleje la imagen de politización de la institución
  • Los expertos creen que la contaminación política del órgano no es achacable al modelo de designación sino a la actitud de los partidos y asociaciones judiciales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, este martes en la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el pleno del Senado

Gallardón anuncia un "principio de acuerdo" para renovar el CGPJ

El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en una sesión de control al Gobierno.

EFE
0
24/11/2013 a las 06:01
  • COLPISA. MADRID
Mariano Rajoy ha logrado sellar con la renovación del Consejo General del Poder Judicial su primer gran pacto político desde que hace dos años llegó a la Moncloa. El único precedente fue el acuerdo de junio pasado para que España llevase al Consejo Europeo una postura de país para demandar la puesta en marcha de políticas continentales contra el paro juvenil.

El acuerdo para que el Congreso y el Senado nombren la semana próxima a los 20 vocales del nuevo consejo con el amplísimo respaldo parlamentario del PP, PSOE, IU, PNV y CiU, que suman 95% de la cámara baja, ha sido, no obstante, más fruto de los intereses de todos los implicados que del convencimiento general en la necesidad de renovar en plazo una de las instituciones más importantes del Estado.

El gran apoyo parlamentario, del que la única formación nacional que se excluirá es Unión Progreso y Democracia, no parece que vaya a conferir al nuevo gobierno de los jueces el plus de deseada independencia política del que carecieron los seis precedentes ya que, al final, el pacto se volvió a lograr después de dos meses de negociaciones a puerta cerrada entre los partidos que terminó con el habitual reparto de cuotas. Aunque los 20 vocales saldrán refrendados con las firmas de las cinco formaciones y en una lista única, nadie ignora que diez de los nombres, los que otorgan la mayoría en el Poder Judicial y serán determinantes en la elección delpresidente del organismo, los ha propuesto el PP, el PSOE avaló a siete, y uno cada uno los otros tres grupos parlamentarios.

Esta marca de nacimiento, al menos hasta hoy, siempre ha terminado por reflejarse en el alineamiento en bloques en las votaciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, que tiene como principales cometidos los nombramientos de toda la cúpula de los tribunales, los ascensos en la carrera, la inspección de los juzgados, y el régimen disciplinario del tercer poder del Estado, así como la emisión de informes sobre muchas de las leyes impulsadas desde el Ejecutivo.

El PP, que ya había logrado trasladar su mayoría absoluta parlamentaria al Tribunal Constitucional, tenía interés en evitar que la renovación de consejo se eternizase por el bloqueo político, como ocurrió con el actual, que tardó casi dos años en constituirse. Por ese motivo realizó importantes concesiones a la oposición, como no exigir, por ejemplo, la mayoría absoluta -11 vocales- en el pleno del consejo a la que tendría derecho si se trasladaba su hegemonía parlamentaria al organismo judicial.

Sin embargo, su mayor cesión fue renunciar a imponer su propio modelo de Poder Judicial, el que reclama desde casi 30 años. No fue capaz de implantarlo con José María Aznar y ahora figuraba como promesa irrenunciable en la página 177 del programa con que ganó las últimas elecciones. Su fórmula era que los 12 vocales que tienen que proceder de la carrera judicial dejen de ser nombrados por el Parlamento para que los elijan directamente con su voto los 5.000 jueces y magistrados. De hecho, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en 2012, en su primera comparecencia parlamentaria tras la victoria en las generales, que ejecutaría el cambio legal para acabar con "las cuotas políticas" y con "un sistema perverso y partidista" para conseguir que los ciudadanos tuvieran "más confianza en la Administración de Justicia", que siempre figura entre las instituciones peor valoradas por la ciudadanía.

Once meses después, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de reforma del Consejo del Poder Judicial del que ya se había caído la promesa y que, con algunos retoques, mantenía la elección parlamentaria de la docena de jueces y hacía añicos el programa electoral del PP en este apartado, como en otros.

LA 'CLÁUSULA GALLARDÓN'

Rajoy y Gallardón habían sucumbido a las presiones de la oposición que, salvo UPyD, defiende que la elección parlamentaria de los 20 vocales, con todas sus deficiencias, es el mejor procedimiento porque otorga a los miembros de este poder del Estado la legitimidad de la designación por la soberanía popular y evita un consejo en manos del corporativismo de un colectivo profesional. Socialistas, nacionalistas e IU amenazaron con boicotear el acuerdo de renovación si se introducían cambios en la fórmula de elección.

El PSOE también ha hecho cesiones importantes, como negociar pese a tener denunciado por inconstitucional el nuevo diseño popular del Poder Judicial. No obstante, la principal concesión fue aparcar la ruptura de relaciones con el Gobierno que este verano decretó Alfredo Pérez Rubalcaba tras negarse Rajoy a dimitir en asunción de responsabilidades políticas por el 'caso Bárcenas'. Fue la única excepción. La voladura de todos los puentes de entendimiento con el Gobierno rompió el acuerdo para aprobar con el PP la ley de transparencia y ha impedido hablar sobre el paquete de medidas contra la corrupción que el Ejecutivo llevó al Congreso hace dos meses.

Los socialistas hablan de excepción por responsabilidad institucional, pero lo cierto es corrían el riesgo de verse fuera del consejo durante cinco años. Gallardón introdujo en su reforma una cláusula antibloqueo que permitía constituir el nuevo consejo solo con la designación de los diez vocales de una cámara más los otros diez del actual órgano en funciones de forma indefinida. El PP no alcanza solo en el Congreso los tres quintos necesarios para los nombramientos, pero en el Senado sí. El Gobierno, sabedor del gran desgaste político que le hubiese supuesto abrir esta puerta trasera, dejó el mecanismo aparcado, pero siempre ha sido la espada de Damocles de las negociaciones.

Los nacionalistas catalanes y vascos no fallan nunca en estos acuerdos, que les han garantizado casi siempre un asiento a cada partido en el pleno de la institución. IU puso como única condición para entrar que el puesto que cree que le corresponde en el gobierno de la judicatura por su peso parlamentario no fuera una amable cesión de uno de los partidos mayoritarios. Una llamada de última hora de Gallardón a Cayo Lara satisfizo el trámite.

¿JUECES O DIPUTADOS?

La renuncia del PP a cambiar el sistema de elección del consejo ha desatado las iras de muchos jueces y de sus principales asociaciones que, como UPyD, denuncian que el Parlamento va consumar un nuevo desembarco político durante cinco años en el Poder Judicial. Pese a ello, lo cierto es que la democracia española ha experimentado ya con cuatro fórmulas distintas de elección de los vocales y ninguna ha logrado alejar de la institución la imagen de politización.

El primer consejo de la democracia cubrió sus doce plazas judiciales por elección directa de los miembros de la carrera. El resultado fue que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura copó el pleno. Felipe González, en 1985, giró 180 grados y el segundo consejo eligió a sus 20 miembros por elección directa de los parlamentarios. Ahí comenzaron las acusaciones de correa de transmisión de los partidos.

En 2001, por un pacto entre PP, PSOE, IU y los nacionalistas, la elección parlamentaria se dulcificó. Las cámaras eligieron a los doce vocales de la carrera judicial de entre 36 aspirantes que proponían las asociaciones profesionales o eran respaldados por más de 100 avales de jueces. Al final, solo hubo un independiente y los elegidos acabaron siendo personas ideológicamente afines a los partidos.

Para esta última elección, Gallardón introdujo cambios en la ley con el supuesto objetivo de aumentar la independencia de los vocales. Los grupos parlamentarios tenían que hacer sus nombramientos sobre una lista de aspirantes, que no podía superar los 60 candidatos, y en la que el número de avales se rebajaba a 25 para facilitar la entrada de jueces no asociados, que son más de la mitad de la plantilla. Sin embargo, las designaciones volverán a responder a cuotas de partido, la mayor parte de los elegidos serán miembros de asociaciones o juristas son sesgo ideológico, y los pocos no asociados con vocalía no serán los que más avales recibieron.

Expertos constitucionalistas como Manuel Gerpe o Miguel Ángel Cabellos creen que los defectos de funcionamiento del Poder Judicial "son en muy buena parte atribuibles no al modelo en sí (que en Italia funciona) sino a la forma como los partidos lo han puesto en práctica en cada ocasión". Esta opinión es incluso compartida por la diputada de CiU Mercé Pigem, que desde la próxima semana será uno de los vocales del nuevo consejo por los ocho puestos de juristas de reconocido prestigio. "No cambie la fórmula. Es más culpa nuestra, y sobre todo de los grandes partidos, que del propio sistema", le dijo a Gallardón el 25 de enero de 2012 en el Congreso.



Comenta el contenido
Tu opinión nos interesa Tu opinión nos interesa

Rellena el siguiente formulario para comentar este contenido.






(*) Campo obligatorio

Te recomendamos que antes de comentar, leas las normas de participación de Diario de Navarra

Lo más...
volver arriba
© DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual