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Audiencia Nacional

Piden 3.498 años a 3 etarras por atentar contra la casa cuartel de Burgos

  • La Audiencia Nacional juzga este lunes a los tres miembros del "Comando Otazua" de ETA
  • En el atentado, perpetrado con una furgoneta bomba cargada con 700 kilogramos de amonal, hubo 145 heridos

Imagen del atentado en la casa cuartel de Burgos en 2009. ARCHIVO

Piden 3.498 años a 3 etarras por el atentado en la casa cuartel de Burgos

Imagen del atentado en la casa cuartel de Burgos en 2009. ARCHIVO

AFP
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11/11/2013 a las 06:01
  • EFE. MADRID
La Audiencia Nacional juzga este lunes a los tres miembros del "Comando Otazua" de ETA -Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria- por el atentado con una furgoneta bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos, en julio de 2009, en el que hubo 145 heridos de diversa consideración.

Por estos hechos los tres etarras se enfrentarán a una petición del fiscal de 3.498 años de cárcel para cada uno, al solicitar que sean condenados a 24 años de prisión por cada uno de los 145 delitos de asesinato en grado de tentativa y a otros 18 años por un delito de estragos.

El juicio se celebrará este lunes a las 10.00 horas ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la sede de este tribunal en San Fernando de Henares (Madrid).

El atentado fue cometido con una furgoneta cargada con 700 kilogramos de amonal, que explosionó sobre las cuatro de la madrugada del 29 de julio de 2009, cuando 118 personas (22 hombres, 38 mujeres y 41 niños) se encontraban en el interior de la casa cuartel, según recoge en su escrito de calificación provisional el Ministerio Fiscal.

Según la Fiscalía, los tres miembros del "Otazua" se hicieron con esos 700 kilos de explosivo y un sistema temporizador "buscando atentar mortalmente contra el mayor número de personas".

Además de las penas de cárcel, el fiscal también reclama que los procesados indemnicen por sus correspondientes heridas a las 145 personas afectadas, así como a las administraciones que sufrieron daños: para la Dirección General de la Guardia Civil solicita una indemnización 15,4 millones, para el Ayuntamiento de Burgos 263.133,29 euros y para la Junta de Castilla y León 39.074,92 euros.

El representante de la Fiscalía relata en su escrito que los tres etarras, siguiendo las instrucciones del dirigente de ETA Mikel de Garikoitz Carrera, se desplazaron desde Francia hasta Burgos con el objetivo de "recopilar información sobre el lugar donde colocar la furgoneta con explosivos".

Después volvieron a Francia, donde recogieron una furgoneta robada de color verde, y se desplazaron hasta Álava, donde pintaron el vehículo de color blanco y cambiaron su matrícula francesa por otra, que correspondía a la de una furgoneta de las mismas características de un vecino de Burgos.

Esto les permitió estacionar la furgoneta-bomba en las cercanías de la casa cuartel sin infundir sospechas.

Pastor, considerado el líder del comando, condujo la furgoneta cargada de explosivos hasta Burgos mientras Zapirain y Etxebarria le daban cobertura durante el trayecto.

Tras aparcar la furgoneta-bomba, Pastor cogió un taxi en una parada a 300 metros del lugar del atentado y se desplazó al punto de encuentro concertado con los otros dos para huir juntos hasta Bilbao.

El 25 de enero de este año, los tres fueron procesados como autores materiales de este atentado junto al supuesto responsable del grupo terrorista, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, quien según la Fiscalía ordenó el atentado.

Como consecuencia del atentado, el cuartel sufrió daños por valor de más 15 millones de euros, mientras que los edificios próximos, entre ellos la Comisaría de la Policía, un edificio de Tráfico y un Parque de Bomberos, resultaron perjudicados por desperfectos con importe de 263.133,29 euros.

Los daños al Complejo Asistencial Burgos Hospital Divino Valles y el Hospital General Yagüe, también cercanos al lugar del atentado, ascienden a 39.074,92 euros.

Estos tres etarras han sido ya condenados por los últimos atentados perpetrados por la banda antes del alto el fuego, y la mayor condena que se les ha impuesto, 45 años de prisión, fue por el asesinato con una bomba-lapa del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya).



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