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EMPLEO

La reforma laboral ha evitado la destrucción de 225.800 empleos, según el Gobierno

  • El Gobierno se ha puesto buena nota en su propia evaluación de la reforma, sin consenso con los agentes sociales ni con los grupos parlamentarios

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03/08/2013 a las 06:01
  • COLPISA. MADRID
El Gobierno se ha puesto buena nota en su propia evaluación de la reforma laboral que aprobó el año pasado -sin consenso con los agentes sociales ni con los grupos parlamentarios-. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que, según estimaciones del Ministerio de Economía, la reforma laboral ha evitado la destrucción de 225.800 empleos en su primer año de aplicación.

Báñez presentó un informe al Consejo de Ministros en el que se subraya que aunque la recesión se profundizó en 2012 y la contracción del gasto público llevó a la reducción de casi 400.000 asalariados en el sector público, la destrucción de empleo en el sector privado ha sido menor en los últimos doce meses que en los doce meses anteriores. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en el año de aplicación de la reforma laboral (desde el segundo trimestre de 2012 hasta el segundo trimestre de 2013) se redujo en 633.000 personas, mientras que en los doce meses anteriores el empleo destruído ascendió a 886.000. Una diferencia de 253.000 ocupados entre un periodo y otro.

Además, el informe del Gobierno establece que la economía española a partir de ahora podrá crear empleo con una tasa de crecimiento del PIB de entre un 1% y un 1,2%, cuando hasta la reforma laboral no se creaba empleo si la economía no crecía por encima del 2%.

Otro de los elementos de los que se congratula la evaluación gubernamental es de la reducción de los costes laborales unitarios, que ha permitido a los productos españoles ganar competitividad frente a otros países, como Alemania, Francia o Italia. Un 27% de las empresas de más de 250 trabajadores han modificado las condiciones de trabajo de sus empleados y se han producido 2.149 inaplicaciones de convenios que han afectado a más de 118.000 trabajadores. Con estas medidas de flexibilidad interna, impulsadas por la reforma laboral, se han reducido los despidos, según el Ministerio de Empleo.

Sin embargo, la evaluación que hace UGT de la reforma laboral es totalmente divergente. Considera que ha provocado un incremento del paro (según la EPA, en el último año ha aumentado en 284.000 personas), ha empeorado las condiciones de trabajo del conjunto de los empleados y ha disminuido la estabilidad y la calidad del empleo. Según el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, la reforma laboral ha sido "claramente lesiva e injusta" y ha desequilibrado las relaciones entre empresarios y trabajadores a favor de los primeros. Los únicos frutos de la reforma laboral, según el sindicato, "han sido la temporalidad y la precariedad".

Queda un tercer análisis por conocer, el de la OCDE, que lo hará público en septiembre. En función de su evaluación, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a introducir ciertas modificaciones, aunque serán "ajustes técnicos" según la ministra Báñez, que ha insistido en que lo fundamental "está hecho". Pero ya ha aprobado algunos ajustes. Son las siguientes:

Regulación de Empleo

La comisión negociadora de un expediente de regulación de empleo (ERE) estará formada como máximo por 26 personas, de manera que cada una de las partes sólo podrá sentar en la mesa de discusión a 13 de sus miembros, según el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros "para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social". Sólo habrá una comisión negociadora del ERE, aunque sean varios centros de trabajo afectados, si bien quedará circunscrita a estos. Se establece una fase previa al inicio del periodo de consultas para que se pueda constituir la comisión representativa de los trabajadores y no se consuman días de negociación. Será de siete días cuando haya representantes legales de los trabajadores en todos los centros de trabajo y 15 días cuando no sea así. 

Además, se clarifica la información que debe facilitar la empresa cuando vaya a proceder a un despido colectivo. El objetivo que persigue el ministerio es dar mayor seguridad jurídica a los ERE, pues muchos han sido declarados nulos por los jueces por defectos de forma. Y se dará preponderancia a la demanda colectiva presentada por los representantes de los trabajadores por delante de la demanda individual, que quedará relegada a supuestos excepcionales no resueltos en el proceso colectivo. Para ello, se reconoce expresamente a la sentencia firme o al acuerdo de conciliación judicial del proceso colectivo la eficacia de 'cosa juzgada' sobre los procesos individuales.

Potestad sancionadora sobre los parados

En el mismo decreto ley se aclara el marco competencial de la potestad sancionadora de los Servicios Públicos de Empleo Estatal y autonómicos tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de abril de 2013. La norma clarifica la obligación de inscribirse como demandante de empleo y la renovación de dicha demanda como un requisito necesario para percibir y conservar la prestación y el subsidio por desempleo. La percepción de la prestación se suspenderá durante los periodos en los que los beneficiarios no figuren inscritos como demandantes en el servicio público de empleo competente, y se reanudará a partir de la fecha de la nueva inscripción, previa comparecencia ante la Entidad Gestora acreditando dicha inscripción.

Los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones referidas al compromiso de actividad de quienes perciban prestaciones o subisidios por desempleo y cuando impongan una sanción la comunicarán al Servicio Público de Empleo Estatal para su ejecución por éste. Los servicios públicos de empleo autonómicos verificarán, asimismo, el cumplimiento de la obligación de los beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligación al Servicio Público de Empleo Estatal, en el momento en que se produzcan o conozcan para que inicie el procedimiento sancionador que corresponda.

Salidas al extranjero de los parados

Se reformulan con rango de Ley los requisitos que ya existen para los perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo que salen al extranjero. Tal y como estaba formulado en el reglamento, en casos de salidas por asuntos propios, por un período máximo de 15 días naturales dentro de un año natural, se mantiene la condición de beneficiario y se sigue percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo.

La prestación se suspenderá en los supuestos de estancia en el extranjero hasta un período de 90 días, o de traslado de residencia al extranjero por uno inferior a 12 meses para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, para lo cual debe comunicarse previamente la salida a la entidad gestora para su autorización.

Participación de las agencias privadas en la colocación de los parados

La última reunión del Consejo de Ministros previa a las vacaciones de verano fue muy intensa en la aprobación de medidas. Entre ellas, el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2013 y el acuerdo marco para la intermediación laboral con las agencias privadas de colocación por los sistemas públicos de empleo. El Plan de Empleo incluye 350 medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, parados de larga duración, mayores de 55 años, perceptores del PREPARA. Pero son medidas que no han sido consensuadas con los agentes sociales. El 15% de los recursos que obtengan las autonomías irá ligado a resultados y el año próximo ese porcentaje se elevará al 40%.

Por lo que se refiere a la participación retribuida de las agencias privadas en la colocacion de los parados, País Vasco, Andalucía y Cataluña no han aceptado el acuerdo marco que establece que las agencias privadas cobrarán por la colocación de parados durante un periodo mínimo de seis meses. El Gobierno prevé destinar 200 millones de euros para remunerar la colaboración privada con los servicios públicos durante la duración del acuerdo marco (dos años prorrogable durante otros dos).

Trabajadores a tiempo parcial

El real decreto aprobado sobre las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial recoge el acuerdo alcanzado con los agentes sociales. Se establecen normas de proporcionalidad entre la jornada realizada y los requisitos para acceder a una pensión. El periodo de cotización computable no tendrá que ser de 15 años cuando el trabajador tenga cotizaciones por jornadas a tiempo parcial. El período mínimo de cotización exigido se ajustará al coeficiente de parcialidad que acrediten a lo largo de toda la vida laboral estos trabajadores y que figura en el Fichero General de Afiliación. Si ha trabajado sólo la mitad de la jornada se le exigirán 7,5 años de cotización.

Una vez determinado el periodo de cotización a tiempo parcial se incrementará con el coeficiente de 1,5 en las pensiones de jubilación e Incapacidad Permanente para calcular la cuantía de la pensión.

El porcentaje aplicable sobre la base reguladora se determinará mediante la escala general prevista en la Ley General de Seguridad Social de tal forma que a los 15 años de cotización se aplicará un 50% y a partir de ahí todo el tiempo que lo supere se incrementará ese porcentaje en función de la escala general de la jubilación ordinaria. No obstante, como habrá trabajadores que accederán a la jubilación con un periodo de cotización inferior a 15 años, el porcentaje aplicable en estos casos será proporcional y equivalente al que represente el periodo cotizado sobre quince años.

Se garantiza la pensión mínima prevista en los Presupuestos Generales (631,30 euros en el caso de la jubilación a los 65 años y 367 euros si se trata de una pensión no contributiva). Si la pensión causada por el trabajador resulta inferior al importe de la pensión mínima vigente en cada momento y reúne el resto de requisitos -carencia de otros ingresos o rentas- tendrá derecho a un complemento hasta alcanzar la cuantía mínima. Pero el importe del complemento no podrá superar la cuantía de la pensión no contributiva.

Certificados de profesionalidad

El Consejo de Ministros estableció 82 nuevos certificados de profesionalidad para cualificaciones adquiridas mediante experiencia laboral, vías no formales de formación y acciones de formación profesional para el empleo. Los nuevos certificados corresponden a las familias profesionales de Administración y Gestión; Actividades Físicas y Deportivas; Agraria; Artes Gráficas; Artes y Artesanías; Comercio y Marketing, Edificación y Obra Social; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; y Fabricación Mecánica. También a Informática y Comunicaciones; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Imagen y Sonido; Marítimo pesquera; Química; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Según el Gobierno, se trata de proporcionar la formación requerida por los distintos sectores productivos y acercar los certificados a la realidad del mercado laboral y de las empresas, permitiendo la mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales y favoreciendo la formación a lo largo de la vida de la población activa.


  • Fco Javier
    (03/08/13 17:48)
    #1

    Como sabe esto el PP. Y yo digo que sin la reforma laboral no se habría despedido a tantos trabajadores con empleo estable y de muchos años cotizados.Esto son suposiciones del PP.

    Responder


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