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Según el gobierno

La reforma de la administración ahorrará 37.700 millones de euros

  • Este contención del gasto, prevista en tres años, solo se lograría si las autonomías asumen todas las medidas de la CORA

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

La reforma de la administración ahorrará 37.7000 millones

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

efe
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Actualizada 22/06/2013 a las 11:04
  • colpisa. madrid
Soraya Sáenz de Santamaría dio a conocer este viernes el dato que había guardado como oro en paño y que explica, por sí solo, la envergadura de la reforma de las administraciones públicas. El Gobierno calcula que entre este año y 2015 se ahorrará 37.700 millones de euros en una operación de adelgazamiento del sector público que, según destacó la vicepresidenta, no tiene parangón en Europa.

El Ejecutivo pretende ahorrarse esa suma mediante la suma de tres variables. Por un lado, unos 22.000 millones procedentes de la racionalización de las estructuras públicas y de la eliminación de duplicidades que se recogen en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA). Una cuantía que Sáenz de Santamaría ha diferenciado a su vez en dos partes: 6.500 millones de ahorro para las administraciones públicas, en especial para las arcas de las comunidades autónomas, y 16.300 millones que los ciudadanos dejarían de gastar gracias a la modernización del sector público.

El segundo factor de ahorro ascendería a 8.000 millones de euros que procedería de la controvertida reforma de la administración local. La suma total se completaría, finalmente, con 7.700 millones que se lograrían mediante las medidas adicionales al ajuste de empleo público, como la tasa de reposición cero de funcionarios, salvo un 10% en los casos excepcionales de las fuerzas de seguridad del Estado y los inspectores fiscales para la lucha contra el fraude, la movilidad interdepartamental de trabajadores y la disminución de empleados públicos por la supresión o refundición de empresas y organismos públicos. Todo para volver a los niveles de trabajadores de la administración de 2005.

Un minucioso plan que puede desmoronarse como un castillo de naipes si las comunidades autónomas rechazan las recomendaciones de la CORA, que supone la parte del león de este ahorro con los 22.000 millones de euros previstos.

LEALTAD INSTITUCIONAL

Sáenz de Santamaría no sólo eludió valorar cualquier posible rechazo de los presidentes autonómicos a este plan, sino que subrayó la lealtad institucional que han demostrado los gobiernos regionales con los programas de ajuste para reducir el déficit. "Esta reforma va más allá del cierre de organismos públicos, haremos política de país todos juntos", resaltó.

Una idea en la que abundó Cristóbal Montoro, que acompañó a la vicepresidenta del Gobierno en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros. El titular de Hacienda reclamó que la sociedad pondere de manera adecuada el hecho de que todas las administraciones públicas lograran el año pasado la mayor reducción del consumo público -gastos de personal y gastos de compras de bienes y servicio- de la historia de España. "Nunca se había hecho ese esfuerzo por parte de las administraciones públicas reduciendo sus gastos de mantenimiento, en tasa interanual, del orden del 5%", remachó.

Para avanzar en esta senda, la vicepresidenta expuso la necesidad de poner fin a las duplicidades entre administraciones. Una contingencia que, a su juicio, va más allá de la mera eliminación de órganos. "Es una nueva filosofía de la colaboración que va a crear fuentes de información únicas, racionalicen observatorios, órganos y agencias que se solapan.

El Gobierno quiere evitar a toda costa que todo el "gigantesco" trabajo recopilado en el informe de la CORA con un mapa detallado de la administración pública en España se quede en papel mojado. Es una reforma bien vista por la Comisión Europea y, además, contenta a los votantes del PP que reclamaban un mayor ajuste en el gasto público y una menor subida de impuestos. El PSOE también ha mostrado su predisposición a llegar a un acuerdo en la materia. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó la creación la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, que tendrá un coste cero porque sus tareas las asumirán funcionarios y técnicos de los Ministerios de Presidencia y Hacienda. Este nuevo organismo realizará un informe trimestral sobre el grado de cumplimiento de las medidas propuestas por la CORA y otro anual, más exhaustivo.

Sáenz de Santamaría defendió que no ha habido contrataciones externas para llevar a cabo esta macroauditoría. "Es un trabajo hecho por la administración y para la administración", sentenció.


  • Viaje en globo
    (22/06/13 15:04)
    #3

    Es verdad que hay que buscar una eficiencia económica en la administración. Pero ese es el 2º objetivo. El primero es la eficiencia técnica. La administración tiene que hacer bien las funciones que se le asignan. Si sobran funciones que se quiten, y con ellas sus gastos. Pero lo que no se puede es hacer comisiones parlamentarias y ministeriales a distancia, sin estudiar cada característica de la administración y hacer tabla rasa. Esto es lo que se hace y es una soberana chapuza. Y sobre todo, la administración, mucho mejor sus mandamases, los políticos, tienen que estar pero que muy bien controlados, tal como nos muestra la experiencia. Servicios de inspección y tribunales de cuentas no sobra ni uno.

    Responder

  • RG
    (22/06/13 12:07)
    #2

    Con una deuda del Estado de unos 900.000 millones,  unos 37.000 de ahorro en tres años; es como arrancarle un pelo a un buey...  pero ejecutan la "voz de su amo".  Si se dejara de pagar la deuda,  moratoria, hasta que la economía  permitiera de reembolsar y si fueran varios estados que amenazaran de irse al "corralito", los financiarios se bajarían del carro.  Se va camino de la deuda eterna que explotará más pronto que tarde. Es la primera guerra mundial económica!.

    Responder

  • Fifty-fifty
    (22/06/13 10:56)
    #1

    Pues si hay voluntad de recortar los escandalosos despilfarros de las cuatro administraciones que padecemos, apliquen la política de IMPOSICION-IMPUESTOS que con tanta celeridad hemos tenido que cumplir los ciudadanos. Tendría que ser  fácil imponer estas medidas políticas a las administraciones que están bajo su control por decreto y ya mismo. Cuentan con la legitimidad que les hemos concedido los ciudadanos. 

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