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CASO NOÓS

Nadie admite ser el culpable del embrollo de las fincas de la infanta

  • Los registradores y notarios demuestran al juez que no se equivocaron, pero Hacienda insiste en que fue un "error" de "terceros"
  • Gallardón admite que "no hay precedentes" de fallos similares mientras Cristina de Borbón descarta acciones legales contra la Agencia Tributaria

La infanta Cristina, a la salida de su trabajo en la central barcelonesa de La Caixa

Hacienda reconoce un error al atribuir a la Infanta propiedades de otro DNI

La infanta Cristina, a la salida de su trabajo en la central barcelonesa de La Caixa

EFE
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Actualizada 19/06/2013 a las 11:16
  • COLPISA. MADRID
El misterio no para de crecer y ninguno de los organismos involucrados en esta polémica admite culpa alguna en este entuerto jurídico. Las trece fincas nunca estuvieron a nombre de la infanta Cristina; su identidad o su DNI jamás apareció en esos documentos, por mucho que Hacienda atribuya un supuesto "error" al inusual carné de identidad de la hija del Rey. Ni en las hojas registrales de esas propiedades ni en las escrituras de los actos de transmisión de las mismas en 2005 y 2006 ni en la vida catastral de esos inmuebles y terrenos hay rastro alguno de la duquesa de Palma. 

Así lo revelan las hojas de tres de los cuatro registros de la propiedad concernidos por esta polémica -el número 4 de Alicante, el de Pilar de la Horadada, en Alicante, y el de Arenys de Mar, en Barcelona-. Esas oficinas ya han hecho llegar esos documentos referidos ocho de las trece operaciones bajo sospecha al juez del 'caso Nóos', José Castro, quien también recibió hoy un informe del Órgano de Colaboración Tributaria del Notariado que concluye que "en ninguna de las escrituras públicas figura la infanta como propietaria o titular de derecho alguno de las fincas".

Según la información remitida a Castro, y a expensas de que el Registro de la Propiedad de Almagro, en Ciudad Real, responda, Cristina de Borbón no aparece ni como compradora ni vendedora en las transacciones que le atribuye Hacienda en las localidades alicantinas de Playa de San Juan, dos, Pilar de la Horadada, cinco, y una en el municipio barcelonés de Calella. Queda por llegar la información referida a otras cinco transacciones en el pueblo ciudarealeño de Valenzuela de Calatrava, aunque fuentes municipales y del registro de Almagro ya han adelantado que aquellas operaciones fueron transmisiones de una vecina a favor de sus dos hijas de cuatro fincas rústicas y una finca urbana.

Si los registradores no se equivocaron de DNI, si el Colegio de Registradores asegura que las únicas inscripciones en sus archivos sobre la infanta están en Barcelona, donde reside, y si los notarios dan fe de que jamás se escrituraron esas propiedades a nombre de la infanta .¿dónde está el fallo o la manipulación intencionada que provocó que Hacienda adjudicara a la hija de don Juan Carlos la venta de esas trece fincas entre 2005 y 2006 por las que se habría embolsado 1.435.603 euros?

LEVANTÓ AMPOLLAS

La Agencia Tributaria, tras cuatro días de silencio, no aclaró demasiado. A través de un comunicado, que levantó ampollas en registradores y notarios, se limitó admitir que cometió un "error" al atribuir a la infanta la venta de las trece fincas, al tiempo que apuntó que el desliz pudo provocarse por una confusión en el DNI de la hija del Rey. Pero Hacienda no reveló quién alteró los datos. Es más, siguió culpando a "terceros", en velada referencia a registradores y notarios, de que transmitieran mal la información.

"El error en la imputación de transmisiones de inmuebles a Cristina de Borbón es consecuencia de que la información recibida por la agencia figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo", explicó el departamento dependiente del Ministerio de Hacienda. La administración tributaria dio a entender que le colaron el error porque sus técnicos "no comprobaron ni verificaron los datos que remitieron al juez" porque no podían hacerlo legalmente al tratarse de "ejercicios prescritos respecto de los cuales no existe posibilidad legal de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa". Así las cosas, sostiene la Agencia Tributaria, sus funcionarios se limitaron a enviar a Castro "los documentos que figuran en sus bases de datos, que son proporcionados por terceros".

La Agencia Tributaria intentó excusarse con el argumento de que tramita "un volumen de información ingente que, en ocasiones, afecta a miles de datos y a varios años" y que es solicitada por los jueces para "ser remitida en plazos muy breves". Para dar idea del volumen de información que maneja, Hacienda explicó que "anualmente recibe y procesa más de mil millones de datos que hay que imputar a los contribuyentes".

El departamento que dirige Beatriz Viana aseguró tener el "máximo interés en que errores como este no vuelvan a producirse" y anunció la apertura de un "proceso de revisión de algunas fuentes de información".

"INAUDITO"

Los técnicos de Hacienda no terminaron de creerse las explicaciones de sus superiores. El portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, calificó de "inaudito" que se cometieran trece errores no intencionados con la misma persona con trece notarios y registradores diferentes y de diversas provincias. Como ya dijeran en los últimos días responsables de la investigación, Mollinedo consideró incomprensible que Hacienda no detectara ese error al año siguiente de esas ventas, cuando debía haberse dirigido a la infanta para exigir la tributación por esas ventas de terrenos.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, por su parte, llamó a "revisar cuanto antes el protocolo de recepción y comunicación de información tributaria ante juzgados y tribunales para que errores como este no vuelvan a producirse, y evitar que la opinión pública ponga en cuestión la independencia y profesionalidad de este organismo".

El propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió que "no hay precedentes" de errores como el cometido con la infanta. No obstante, recordó que hay ya una investigación judicial abierta en la que el Gobierno colaborará en todo lo que se le solicite.

Entretanto, el abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, no quiso echar más leña al fuego y descartó demandar a la Agencia Tributaria. "Estamos en presencia de un error, un error que no responde a ninguna realidad". "Y los errores se corrigen. No es un problema de acciones legales".



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