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ANÁLISIS

La ley del aborto y los ajustes dependerán de un Constitucional más conservador

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Actualizada 07/06/2013 a las 14:38
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  • efe. madrid
La renovación del Tribunal Constitucional abordada este viernes por el Gobierno provocará un giro ideológico conservador en una institución que debe revisar, entre otros, los recursos contra la Ley del Aborto o los ajustes sociales del propio ejecutivo, además de medidas como el euro por receta. 

El nombramiento, por parte del Gobierno popular, de Enrique López y de Pedro González Trevijano como nuevos magistrados del Constitucional, inclinará la balanza de este órgano hacia una tendencia conservadora, pues sustituyen a Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, progresistas nombrados por el Gobierno de Zapatero.

El constitucionalista Pedro González-Trevijano es rector de la Universidad Rey Juan Carlos y su orientación conservadora es menos clara que la de Enrique López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal -y portavoz- del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

Con estas designaciones, el tribunal de garantías pasará de una mayoría de sensibilidad progresista de siete a cinco a otra conservadora exactamente inversa.

Aunque el Consejo General del Poder Judicial ha designado también hoy a dos nuevos magistrados del TC, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares, ellos sustituyen a dos magistrados de perfiles ideológicos iguales, de modo que su incorporación no varía las mayorías dentro del Constitucional.

Será este nuevo Constitucional el que se ocupe de asuntos como la Ley del Aborto, los ajustes sociales en materia de Sanidad o Educación del ejecutivo de Mariano Rajoy, la reforma laboral o el recurso de Arnaldo Otegi contra su encarcelamiento por el Caso Bateragune.

Por lo que respecta a los ajustes, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos validar o rechazar el grueso de las medidas aplicadas por el Gobierno central o los autonómicos para reducir el déficit del gasto público en relación con la crisis económica, y de su decisión dependerán miles de millones de euros.

Los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado desde 2012 en sanidad, educación o pensiones han sido recurridos ante el Constitucional por la oposición o los gobiernos de Andalucía, Asturias, Navarra (en este caso fue el Parlamento quien recurrió), Cataluña, País Vasco y Canarias.

En 2012 el Gobierno cifraba en 10.000 millones de euros, 7.000 para sanidad y 3.000 para educación, el ahorro que podrían conseguir con los recortes en ambos pilares del Estado del bienestar que aprobó entonces.

Además, el Constitucional tiene pendiente decidir sobre otra medida de la que dependen miles de millones de euros, la eliminación de la paga extra para los trabajadores del sector público, cuya naturaleza eventualmente retroactiva llevó a cuestionarla ante el alto tribunal a la Audiencia Nacional.

El TC admitió a trámite hace semanas una cuestión de constitucionalidad sobre la posible naturaleza retroactiva (y, por tanto, inconstitucional) de esa medida, y la resolución de esa cuestión afectará, con toda probabilidad, a todos los empleados públicos y funcionarios.

A esos recursos hay que sumar otros, como los presentados contra la reforma laboral, las nuevas tasas judiciales o la no actualización de las pensiones.

Otros ajustes, aprobados por los gobiernos autonómicos en aplicación de los recortes a los que se ven obligados por el Gobierno central para controlar su déficit fiscal, como el euro por receta aplicado por Cataluña y Madrid, también están pendientes de resolución del TC, en este caso porque han sido recurridos por el propio ejecutivo central.

En cuanto a la Ley del Aborto, el Constitucional, que tiene admitidos a trámite dos recursos, los que presentaron el Partido Popular y el Gobierno de Navarra, ya se negó a suspender la norma en tanto no resuelve sobre el fondo del asunto.

Por lo que respecta a Arnaldo Otegi, el Constitucional acaba de negarse a suspender su estancia en prisión. Otegi seguirá por tanto en la cárcel mientras el TC resuelve sobre el recurso que presentó contra la condena a seis años y medio que le impuso el Supremo por intentar reconstruir el entramado de Batasuna.

Uno de los ponentes de las sentencias sobre Otegi y el también dirigente abertzale Rafael Díez Usabiaga es, precisamente, uno de los magistrados salientes, Pascual Sala, presidente del TC y de la Sala Primera, la que debe entender de este asunto. Además, en esa sala también deja hoy una vacante otro magistrado saliente, Manuel Aragón.

El caso de Otegi y Usabiaga debería revestir cierta urgencia, según han reconocido fuentes del propio tribunal a Efe, pero la renovación podría alargar los plazos.



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