La Fiscalía recomendó al Tribunal Constitucional que rechace la petición de excarcelación provisional que le reclamó la defensa de Arnaldo Otegi mientras la corte resuelve el recurso que el exportavoz de Batasuna interpuso contra la sentencia del Supremo que en 2012 le condenó a seis años y medio de prisión por pertenencia a ETA. 

El Ministerio Público considera que ni Otegi ni los otros cuatro condenados por el 'caso Bateragune' -el exsecretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y los dirigentes de la izquierda abertzale Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta- tienen derecho a beneficiarse de la medida cautelar porque todos tienen penas de cárcel de más de cinco años, que, a su criterio, es "la frontera" máxima que el propio Constitucional en casos similares se ha marcado para autorizar las excarcelaciones provisionales. Estas excarcelaciones cautelares tienen como objetivo evitar que cuando la sala resuelva sobre la legalidad de la sentencia su fallo -en caso de ser favorable al demandante- sea ya irrelevante por haber consumido el reo la mayor parte de la pena anulada o rebajada.

El fiscal no considera relevante al efecto de la excarcelación provisional que Otegi ya haya cumplido más de la mitad de su condena y que le resten menos de tres años de cárcel para extinguir toda la pena que le fue impuesta por entender el Supremo que trató de reconstruir la ilegalizada Batasuna por órdenes de ETA.

La acusación pública no solo considera que su demanda cautelar no puede ser amparada por los precedentes del tribunal sino que entiende que a favor de la denegación del beneficio también debe contar "la gran trascendencia social" que atribuye a la resolución del recurso, "por ser un delito relacionado con la organización de una banda armada causante de numerosas víctimas".

La Fiscalía también pide al Constitucional que ignore la segunda medida cautelar reclamada por Otegi, que es que deje en suspenso la pena de inhabilitación para empleo y cargo público por tiempo de diez años que le impusieron en la misma condena. Por el contrario, a lo que sí anima el Ministerio Público es a que el tribunal "dé la máxima celeridad y un carácter preferente a la tramitación de los mencionados recursos de amparo, dada la situación de privación de libertad de los (cinco) demandantes".