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Amnistía Internacional dice que la vivienda en España debe ser un derecho constitucional

  • El director de la organización en España, Esteban Beltrán, ha reclamado un acuerdo entre PP y PSOE para cambiar la Constitución

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Actualizada 22/05/2013 a las 14:40
  • europa press. madrid
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha reclamado un acuerdo entre PP y PSOE para cambiar la Constitución con el objetivo de que el acceso a una vivienda adecuada sea considerado un derecho fundamental, como una solución "a largo plazo" para la problemática de los desahucios y desalojos forzosos.

Durante la presentación del Informe 2013 de Amnistía Internacional, que ha contado con la presencia de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, Beltrán ha manifestado que la sociedad civil tiene la capacidad de hacer esta reclamación de cambios constitucionales en lo que se refiere al ámbito de los derechos humanos. "Ya hemos visto que se puede cambiar la Constitución de forma rápida si se cuenta con el Gobierno y el principal partido de la oposición", ha apostillado.

En este sentido, Beltrán ha explicado que en España queda legislado "como principio rector, pero no como derecho fundamental", por lo que añade que durante la democracia no se ha aceptado nunca el derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) de alguien que reclame un derecho a una vivienda adecuada, algo que define como una situación de "indefensión".

De la misma forma, denuncia que "tampoco se ha desarrollado por ley al respecto, a diferencia de otros países como Francia" y, por lo tanto, "en toda acción judicial relacionada con desalojos o desahucios los jueces no tienen un marco normativo al que agarrarse". Así, Beltrán concluye que "hay un problema enorme en la justicia" y que "la gente no se puede defender".

Por ello, el director de Amnistía Internacional España pide que los desalojos forzosos "sean paralizados hasta que la gente se pueda defender judicialmente con garantías" y advierte de que este asunto va a seguir siendo una cuestión fundamental para Amnistía Internacional. "Vamos a llevar a cabo una investigación durante este año sobre el derecho a la vivienda y las cuestiones legales que lo deben amparar", ha matizado.

Finalmente, Beltrán ha afirmado que "los tribunales españoles pueden empezar a aplicar este derecho a la vivienda, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España ratificó en 2010". Asimismo, señala que "a medio plazo", se podría promover una ley en España que reclame este derecho a la vivienda adecuada, aunque no se incluya en un primer momento en la Constitución.

LA PAH DESTACA LA "ACTITUD EJEMPLAR" DE LA CIUDADANÍA

Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha destacado la "actitud ejemplar" de la ciudadanía frente a unos gobiernos --socialistas y 'populares'-- que "han dado la espalda a todas las llamadas de atención internacionales", que se han referido a este tema a través de informes "muy duros".

Colau ha insistido en que la vivienda es un "derecho básico para la supervivencia de las familias", ya que "no sólo acceden a un bien material sino que es necesario para el desarrollo de otros muchos derechos que están directamente ligados". Por ello, ha lamentado el "incumplimiento sistemático del Estado español" en materia de derechos humanos.

"Si algo sobre en este país durante la crisis son viviendas vacías, por lo que se demuestra que no hay una falta de recursos. Se están vulnerando los derechos para fomentar la especulación de una minoría privilegiada", ha sentenciado la activista.

Por último, tanto Beltrán (AI) como Colau (PAH) han denunciado que las administraciones publicas hayan "ninguneado", "criminalizado" y "estigmatizando" a estos movimientos que "llevan 4 años luchando por los derechos de la ciudadanía". "Los ciudadanos han tomado conciencia y se han organizado, no sólo denunciando sino también actuando", han concluido.

ACUDEN AL DERECHO DE MANIFESTACIÓN PARA DEFENDER LOS ESCRACHES

Respecto a la cuestión de los escraches, Beltrán ha defendido que el hecho de restringir "para todos los casos" y "a priori" las concentraciones a menos de 300 metros de una vivienda "vulneraría los derechos humanos", ya que iría en contra del derecho de reunión y manifestación de los ciudadanos.

En este punto, ha explicado que "el límite está en que el acto sea pacífico" y, por lo tanto, "sólo se podrían regular de forma individual y dependiendo de las circunstancias". "No se puede tomar una medida como ésta a priori y para todos los casos", ha sentenciado.



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