Contundente e inesperado respaldo del Gobierno a las demandas de la Conferencia Episcopal en educación. La Lomce, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, equipara la asignatura de Religión al resto de materias, como Lengua o Matemáticas. Es decir, contará para la nota media del curso, el acceso a las becas y para que un alumno repita. Algo que no ocurría desde la entrada en vigor de la Logse en 1992. Con esta sorprendente decisión, que va más allá de lo anunciado y sostenido por el Ejecutivo hasta ahora, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, recoge en la Lomce una de las reivindicaciones históricas de los obispos.

Se hizo esperar pero la aprobación (con una semana de retraso) de la séptima ley educativa de la democracia trajo consigo un enorme revuelo. Y no precisamente en un aspecto que se esperaba. Y es que el ya proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) retrocede más de 20 años en lo que al tratamiento de la Religión se refiere. Fue la denostada Logse, aprobada por el PSOE, la que rebajó el estatus de la asignatura confesional. Sin embargo, ahora el Gobierno la refuerza en todos los aspectos curriculares (media, becas y repetición de curso) como ya había denunciado la Plataforma Estatal de la Escuela Pública, que agrupa a sindicatos de profesores, alumnos y padres. Solamente quedará fuera de las evaluaciones externas al final de cada etapa.

El Ministerio alegó que las asignaturas alternativas (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) recibirán el mismo tratamiento que la Religión. Precisamente ahí radica el miedo de este colectivo, que siempre ha visto en la implantación de unas asignaturas alternativas "fuertes" a la Religión una manera de espantar a los alumnos de esta opción y fomentar su elección por la asignatura confesional, mucho más sencilla a su juicio.

Pero además, la Lomce permite que los estudiantes tengan dos opciones para elegir Religión o sus alternativas. El Consejo de Estado en su dictamen había considerado que podría existir "discriminación" en los alumnos que optasen por la asignatura confesional en vez de Valores Culturales. De esta manera se verían privados de cursar "una materia sobre valores sociales y éticos". Por este motivo, la Lomce contempla que ambas materias, tanto la confesional como sus alternativas, puedan ofertarse en el grupo de optativas. Es decir, que un alumno que elija Religión también podrá estudiar Valores Culturales y Sociales o viceversa.

La reforma educativa también incluye otras medidas defendidas por la Iglesia como la eliminación de la polémica Educación para la Ciudadanía, cuyos temarios serán repartidos por otras asignaturas, y la financiación pública de los centros de enseñanza segregada por sexos siempre que "garanticen la igualdad".

POLÉMICA DEL CATALÁN

La polémica sobre el uso el castellano en las aulas dio una nueva vuelta de tuerca. Finalmente será el Estado el que adelantará el coste de escolarización de un alumno en un centro privado y posteriormente se descontará el montante equivalente de la financiación que recibe la comunidad autónoma de la administración central. Hasta ahora, la Lomce contemplaba que en el caso de que un alumno quisiera usar el castellano como lengua vehicular y no existiese esa posibilidad en un centro público, sería la comunidad la encargada de asumir el coste de la escolarización en un centro privado. Sin embargo, además de las críticas de la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Estado también puso pegas a esa medida por considerarla de difícil aplicación "técnico-jurídica" y por invadir las competencias autonómicas. Por tanto, el Gobierno ha dado otra vuelta de tuerca a la iniciativa en su idea de "garantizar el uso del castellano" y de hacer cumplir las sentencias de los tribunales en este sentido.

"Es una medida excepcional y transitoria", aseguró Wert al explicar en qué consiste el nuevo mecanismo. Cuando la reforma educativa se empiece a aplicar (curso 2014-15) los padres que quieran recibir la enseñanza en castellano deberán iniciar un procedimiento administrativo. Dirigirse en primer lugar a la Generalitat. En caso de no obtener una solución deberán enviar una solicitud a la Alta Inspección -dependiente del Ministerio de Educación-, que examinará el caso y comprobará que realmente no existe ningún centro público o concertado que dé respuesta al problema. En ese caso el Ministerio adelantará el coste de la escolarización en un centro privado que luego descontará de la financiación de la comunidad. Es decir, en la práctica el coste de la escolarización seguirá corriendo a cargo de la administración autonómica aunque a través de un sistema indirecto.

De momento, el Ministerio calcula en 5 millones de euros el dinero que tendría que adelantar en base a una estimación de 1.000 solicitudes de alumnos. Una cifra que fuentes del departamento que dirige Wert esperan que sea bastante menor. La Generalitat, por ejemplo, asegura que en este curso solo 17 familiar pidieron este tipo de enseñanza.

FINANCIACIÓN EUROPEA

Pero uno de los nudos gordianos de la reforma ha sido la financiación. Tanto las comunidades autónomas como el Consejo de Estado dudaban de la memoria económica de la ley. Ese fue el motivo de aplazar una semana la aprobación de la Lomce, como reconoció la propia vicepresidenta del Gobierno. Para lograr una solución el Ejecutivo ha mirado a Europa. En concreto al Fondo Social Europeo, cuya prioridad es la lucha del paro juvenil.

"El 95% de los costes directos (los que asume el Estado) son elegibles de ser financiados por este fondo. Tenemos altísimas posibilidades de lograr cofinanciación en un 50 o 65%", aseguró Wert. Teniendo en cuenta que la memoria económica cifra en unos 400 millones estos costes, el Gobierno podría lograr un ahorro de unos 200 millones. En concreto, el Ejecutivo aspira a que los fondos comunitarios financien la Formación Profesional Básica y del adelanto de los itinerarios en 4º ESO, uno orientado hacia la FP y el otro hacia el Bachillerato. Está por ver que la iniciativa, que tardará meses en resolverse, contente a las comunidades autónomas, puesto que no afecta a los costes indirectos que ellas sufragan.

También se mantienen las evaluaciones externas al final de cada etapa educativa. "De esta manera buscamos disminuir el fracaso escolar", explicó Wert. Una de las novedades incluidas en el texto definitivo es que los exámenes que se realicen en Primaria pasan a ser competencia de las comunidades autónomas. Los controles en 4º ESO y Bachillerato dependerán del Estado y serán homogéneos en todo el país. Aunque la Lomce inicia ahora su trámite parlamentario, es difícil que sufra modificaciones importantes.