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La AN juzgará el miércoles a los presuntos responsables del asesinato de Ignacio Uría

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Actualizada 27/01/2013 a las 10:38
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  • europa press. madrid
La Audiencia Nacional (AN) juzgará el próximo miércoles 30 de enero a Manex Castro Zabaleta y a Iraitz Santa Cruz Ugalde por el asesinato en diciembre de 2008 del propietario de la empresa Altuna y Uria, Ignacio Uria Mendizabal, en Azpeitia (Guipúzcoa).

La Fiscalía solicita una pena de hasta 59 años de prisión para el miembro de ETA Castro Zabaleta por la comisión de los delitos de integración terrorista, detención ilegal terrorista, robo de vehículo, asesinato terrorista y de daños terroristas.

En el caso de Santa Cruz Ugalde, el Ministerio Fiscal pide una pena de diez años de prisión y una multa de veinte meses con una cuota diaria de 30 euros por un delito de colaboración con banda terrorista.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, ETA tenía como objetivo ejecutar un salto cualitativo" dentro de la campaña que la banda terrorista había desarrollado durante 2008 "contra las obras del tren de alta velocidad vasco" y decidió acabar con la vida de Uría, "un empresario relacionado con dicha infraestructura de transporte público".

Así, "para facilitar de forma decisiva" el asesinato, Santa Cruz presto un vehículo marca Volvo 460 propiedad de su padre a Beinat Aguinagalde, "conociendo que iba a ser usado por miembros de la organización terrorista ETA para cometer graves actos delictivos".

Con dicho vehículo el día 3 de diciembre de 2008 miembros de un comando de ETA, entre los que se encontraba Manex Castro Zabaleta, se dirigieron a un aparcamiento de Deba (Guipúzcoa), donde secuestraron al propietario de un vehículo Alfa Romeo, para después trasladarlo maniatado a un lugar a unos diez minutos de distancia en el mismo municipio.


TRES DISPAROS A BOCAJARRO


Una vez en el lugar, le obligaron a introducirse en el Volvo 460, donde permaneció durante varias horas a punta de pistola. A continuación, miembros del comando terrorista se pusieron rumbo hacia Azpeitia en el Alfa Romeo robado y en las inmediaciones de la empresa 'Altuna y Uría' identificaron al empresario con su vehículo estacionado encima de una acera. Uno de los etarras bajó del vehículo robado y disparo tres disparos a bocajarro contra Uría que acabaron con la vida del empresario.

Finalmente, el fiscal demanda que los dos acusados indemnicen con intereses a la mujer del empresario con la cantidad de 160.000 euros y a sus hijos con 240.000 euros. También solicita que se indemnice a la compañía Finanzia Autorenting S.A. con 1.115,76 euros por los desperfectos en el vehículo, a consecuencia de los disparos efectuados en el que se encontraba Uría y al propietario del Alfa Romeo con 14.941 euros con intereses.


OTROS JUICIOS

A lo largo de la semana la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares acogerá otros juicios contra miembros de la organización terrorista, como el que se celebrará el lunes contra Ibai Beobide, Javier Atistrain, Eider Zurriarain Mendiguren, Miren Josune Balda, José Agustín Camacho Elizondo, Adur Arístegui Aragón, y Jon Rosales Palenzuela, los dos primeros por integrarse en ETA a finales de 2007 y el resto por colaboración, además de por delitos de pertenencia de explosivos y depósito de armas.

También el lunes será juzgado el exdirigente etarra Javier García Gaztelu por ordenar el intento de asesinato del que fuera diputado general de Álava en 2001 Ramón Rabanera. Se piden para él 29 años prisión y será juzgado junto a una de las presuntas integrantes del "comando Ituren" de ETA, Cristina Goiricelaya,a la que se acusa de también de depósito de armas.

El martes serán juzgados Iñigo Zapirain Romano, Beatriz Echevarria y Daniel Pastor, integrantes del "comando Otazua" por perpetrar presuntamente un ataque contra el repetidor de televisión del Monte Arnotegi, ubicado en el camino de Oscorta en el término municipal de Vizcaya en febrero de 2008 que causó daños tasados en 615.000 euros.

Colocaron un cartel en el lugar con el texto "EZ IKUTU! NO TOCAR! PELIGRO BOMBA DE ETA" y planeaban poder ocasionar la muerte de los agentes policiales encargados de desactivarlo. Se piden para ellos 20 años de cárcel por un delito de atentado terrorista contra un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en concurso con otro de estragos.



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