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Torres alega que le engañaron para enriquecerle ilegalmente

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Actualizada 15/01/2013 a las 11:30
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  • colpisa. madrid
Nuevo golpe de escena de Diego Torres, pero con un cambio de rumbo. El exprofesor de Esade, al menos esta vez, no culpa a su exsocio Iñaki Urdangarin, sino que ahora se presenta como supuesta víctima de supuestos funcionarios y gobiernos corruptos, que le engañaron firmando convenios amañados, aunque fuera él el que luego se enriquecía. 


Manuel González Peeters, letrado de Torres, ha recurrido los casi 8,2 millones de fianza civil que reclama la Fiscalía para los ex dirigentes de Nóos y aprovecha su escrito para presentar a su cliente como ignorante de todo. "¿En qué cabeza cabe que Diego Torres Pérez pudiera tener la más mínima duda acerca de la bondad y, por tanto, absoluta licitud, de los acuerdos de colaboración firmados y demás, teniendo en cuenta quiénes los firmaban?", explica el recurso, que insiste en que era imposible que Torres intentara forzar un trato de favor de los funcionarios y políticos valencianos y baleares que adjudicaron a dedo millonarios contratos a Noos porque no los conocía de nada.



"Es insostenible que Diego Torres pudiera presagiar ni en sueños que pudiera existir un atisbo de ilicitud" en aquellas adjudicaciones, apostilla el escrito de González Peeters, que afirma que su cliente se fió en todo momento de las administraciones y, en particular, de la supervisión que las instituciones baleares hicieron de aquellos convenios. En esa línea, recuerda que el propio Gobierno de Matas auditó todos los "contratos, convenios o aportaciones" en los que intervenía la Fundación Illesport. Y que, incluso, la Sindicatura de Cuentas, falló que los contratos con Nóos eran "acordes con la normativa vigente".


Con esos argumentos, la defensa de Diego Torres recomienda a Anticorrupción y juez que redirijan sus pesquisas y vayan contra los funcionarios y altos cargos públicos que habría cometido la prevaricación que está en el origen de todo el caso y que sean ellos los que abonen la fianza. "Antes habría que determinar quién o quiénes son los autores (de la prevaricación) y, a partir de ahí, cabría pretender respecto a los responsables civiles subsidiarios, pero no cabe alterar el orden de las cosas de forma arbitraria, pues ello es incompatible con el ordenamiento jurídico", afirma el escrito.



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