Constitucional para unos, Gobierno catalán incluido, y anticonstitucional para otros, entre ellos el Gobierno central, el pacto fiscal que Artur Mas puso este jueves sobre la mesa de Mariano Rajoy planteaba un nuevo modelo de financiación para Cataluña, similar al concierto económico vasco o navarro. Aunque tenían diferencias.

En esencia, el sistema catalán reclamaba plena soberanía fiscal para Cataluña, cuya Agencia Tributaria debería encargarse de gestionar, recaudar, liquidar, revisar y hasta inspeccionar todos los tributos soportados en Cataluña. En este caso la llave de la caja la tendría la Generalitat, a diferencia del concierto vasco, en el que la Hacienda pertenece a cada una de las tres diputaciones forales.

La Agencia Tributaria catalana, según la propuesta de la Generalitat, sería además la única administración con responsabilidades fiscales en Cataluña y el Gobierno autonómico debería disponer de plena capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos.

Una vez recaudados todos ellos, el modelo de pacto fiscal catalán establecía un cupo -según la denominación vasca-, en concepto de aportación catalana al Estado por el coste de las competencias o los servicios que la administración central presta en la comunidad autónoma -defensa, policía, aeropuertos, puertos, fronteras...-.

Asimismo, el concierto catalán introducía una novedad respecto a los de Euskadi y Navarra, que recibía el nombre de cuota de solidaridad. Venía a ser una cantidad que Cataluña entregaría al Estado para que lo inviertiera en otras comunidades españolas. La cantidad estaba por determinar, aunque exigía que una vez abonada la cuota, Cataluña no podía perder posiciones en el ranking de comunidades en renta per cápita y señalaba que el déficit fiscal catalán, que se sitúa entre el 6,5 y el 8,7% de su PIB, nunca debería superar el que tienen otras regiones de la UE con características y PIB similar a Cataluña.

El documento no hablaba de cifras concretas, pero desde Cataluña siempre se pone como ejemplo el modelo alemán, cuyos 'landers' más ricos no superan el 4% de déficit fiscal. La propuesta catalana establecía también que los recursos a la solidaridad se destinarían a los servicios básicos del estado del bienestar, teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal. Y concluía que tanto el cupo catalán como la aportación interterritorial deberían ser revisados quinquenalmente, como en el caso vasco y navarro, y acordados bilateralmente con el Estado.

Este nuevo modelo, que planteaba un vuelco de 180 grados con el actual sistema de financiación, suponía que Cataluña tenía que salir del régimen común de las comunidades autónomas. El Gobierno de Mas entendía que para que ello fuera posible solo era preciso reformar la LOFCA y no hacía falta tocar la Carta Magna.