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ARMAS

Unidos chavistas y opositores en Venezuela tras el desarme de los civiles

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El presidente venezolano, Hugo Chávez, en el palacio de Miraflores de Caracas

EFE
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Actualizada 10/12/2011 a las 16:51
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El permanente enfrentamiento que libran en Venezuela seguidores y opositores al presidente, Hugo Chávez, se ha dado una tregua en el problema del desarme de los civiles, por el que unos y otros trabajan juntos.

Este diciembre, la comisión parlamentaria mixta que redacta la Ley del Desarme elevará al plenario de la Asamblea Nacional (AN, unicameral) una norma para desarmar a la población civil en un país en el que se calcula que hay 15 millones de armas.

"¿Por qué no unirnos si se trata de la vida de los venezolanos? Tenemos que cumplir nuestro compromiso con la vida, sin cálculo político; es nuestro compromiso llevar la ley a la plenaria en diciembre", dijo el diputado opositor Juan Carlos Caldera, miembro de la comisión mixta.

La evidencia de que las balas no distinguen entre opositores y oficialistas ayudó a abordar el problema de manera conjunta y a superar los enfrentamientos de principios de año.

Un diputado opositor dijo entonces que si se colocaran juntos los ataúdes de todos los muertos de la delincuencia se congestionarían las carreteras del país, comentario que provocó el enojo de los oficialistas que arremetieron contra quienes tildaron de "escoria necrofílica".

Chávez reconoció en enero que el hampa provocó 155.000 muertos en los últimos diez años -15.500 anuales- y su ministro del Interior, Tareck El Aissami, admitió que la tasa de homicidios es de 48 por cada 100.000 habitantes, "por encima de la media de América Latina".

La organización humanitaria venezolana Provea dijo esta semana que entre octubre de 2010 y septiembre de 2011 se registraron 13.080 homicidios.

Otras cifras lapidarias ventiladas en la AN apuntan que en el 98 % de los homicidios estuvo involucrada un arma de fuego y que el 63 % de los muertos recibió más de 5 balazos.

"Hemos venido disminuyendo los índices generales de delitos, pero donde no hemos podido es en homicidios: este año pudiéramos estar disminuyéndolos en un 7 %", dijo Chávez en las última semanas.

En la lucha contra la violencia hay que propiciar "la entrega anónima y voluntaria" de las armas en poder de civiles, que suman hasta 15 millones en un país de 30 millones de habitantes, aunque sobre ello "hay cifras para todos los gustos", advirtió Caldera.

Para lograr un desarme se debe ofrecer, agregó, "un abanico de oportunidades que vayan desde beneficios en alimentación, materiales de construcción, becas" y otras alternativas.

Además de la comisión parlamentaria, en el asunto trabaja desde mayo una Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, también con la participación de opositores, encargada de "construir una política de paz", según su titular, Pablo Fernández, que vaya más allá de la simple retirada de armamento.

"Imaginemos que retiramos todas las armas de fuego; eso no significará que la violencia desaparecerá; nos agrediremos con palos y cuchillos", alertó Fernández recientemente a la televisión estatal, al destacar que es necesario "construir códigos de convivencia y reglas democráticas para dirimir conflictos".

Fernández indicó que los cuerpos de seguridad se han incautado este año de unas 130.000 armas al hampa que se destruirán antes de Navidad.

Integrantes de ambas comisiones viajaron el mes pasado a Brasil para conocer la experiencia en ese país y recabar información sobre métodos de marcaje e identificación de armas y municiones.

El marcaje es "sumamente efectivo para controlar más el mercado legal", ya que "lamentablemente", admitió Fernández, este desvío de balas "tiene muchísima más gravedad que el de las armas".

"Las municiones producidas por el Estado venezolano llegan con mucha facilidad a sectores delictivos", agregó.

César Marín, asesor principal de Amnistía Internacional Venezuela para temas de control de armas, dijo a Efe que "es muy importante" que exista la voluntad política "que se está viendo ahora" en el país, "de apertura e interés por trabajar con todos y en positivo".

Sin embargo, en su opinión, hay que ir más allá, y controlar todas las armas de fuego, incluidas las legales.

"Queremos una ley que corone una política integral de armas en la que el desarme sea como el capítulo final, que cierre y redondee el ánimo ciudadano por una sociedad con menos armas, menos muertes y menos dolor", subrayó Marín.







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