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11-S

El penal de Guantánamo sigue abierto y no amaina el debate sobre su futuro

  • La prisión, situada en la base naval que EEUU posee en el sur de la isla de Cuba, empezó a albergar a sospechosos de terrorismo en enero de 2002 y debía haber cerrado a más tardar el 22 de enero de 2010

En Guantánamo, en 2002

En Guantánamo, en 2002

En Guantánamo, en 2002

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06/09/2011 a las 19:42
  • EFE.Estados Unidos
El penal de Guantánamo fue una de las respuestas más controvertidas de Estados Unidos tras los ataques terroristas de 2001 y una década después sigue abierto, pese a que el presidente Barack Obama prometió cerrarlo en un año.

La prisión, situada en la base naval que EEUU posee en el sur de la isla de Cuba, empezó a albergar a sospechosos de terrorismo en enero de 2002 y debía haber cerrado a más tardar el 22 de enero de 2010.

El Gobierno del presidente George W. Bush decidió recluir e interrogar allí, ante tribunales militares, a los sospechosos más peligrosos, que estaban siendo detenidos durante las operaciones militares emprendidas en Afganistán para acabar con el santuario de Al Qaida en aquel país.

Guantánamo iba a recibir a "lo peor de lo peor", según la expresión del entonces vicepresidente, Dick Cheney.

Fuera del territorio nacional y de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, Guantánamo se convirtió pronto en el blanco de las críticas.

Organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos fundamentales, a las que se sumaron numerosos gobiernos aliados, denunciaron el limbo jurídico en el que quedaban los detenidos.

Según documentos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), revelados en 2007 como parte de una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), varios reos fueron sometidos desde 2002 a malos tratos y torturas físicas y psíquicas, como la exposición a temperaturas extremas, la privación del sueño o la profanación del Corán.

Al asumir el poder en enero de 2009, Obama emitió una orden ejecutiva para cerrar el penal en un plazo de un año.

Pero sus buenas intenciones chocaron con la realidad de las luchas partidistas en Washington y la prisión, por donde han pasado cerca de 800 presuntos terroristas vinculados con Al Qaida, no parece que pueda ser cerrada próximamente.

El Congreso torpedeó esos planes al bloquear los fondos destinados a trasladar los presos a EEUU y a enjuiciarlos ante tribunales federales.

Los 171 "enemigos combatientes" -como los consideran las autoridades militares- que permanecen aún en Guantánamo, afrontan la posibilidad de un juicio ante un tribunal militar, el traslado a sus países o detenciones indefinidas.

En marzo pasado, Obama emitió otra orden ejecutiva para mantener un régimen de detenciones "legal, sostenible y conforme a principios", hasta que pueda cerrar el centro.

Sin embargo, para Matthew Waxman, un experto en leyes y política exterior del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, en inglés), las directrices sugieren que Guantánamo "permanecerá abierto durante mucho tiempo".

El aparente cambio de actitud de la Casa Blanca quedó reflejado en el manejo del caso contra el presunto "cerebro" de los atentados del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed quien, junto a otros cuatro sospechosos de esos ataques, iba a ser enjuiciado en un tribunal civil en Nueva York.

En un giro de 180 grados desde su primer anuncio en noviembre de 2009, el fiscal general de EEUU, Eric Holder, dijo en abril pasado que Mohammed afrontará por el contrario un tribunal militar en "Gitmo", como se conoce a la base naval de Guantánamo.

Holder, resignado a la voluntad del Congreso, hizo el anuncio el mismo día en que Obama lanzaba su campaña para la reelección en 2012.

"El juicio contra Khalid Sheikh Mohammed y sus cómplices nunca debió servir para ganar argumentos ideológicos o para sumar puntos políticos", se lamentó entonces Holder, consciente de que un juicio en Nueva York tampoco gozaba de apoyo popular y mucho menos entre los familiares de las víctimas del 11-S.

Pero la decisión de Holder se ganó la repulsa de grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que la consideraron un revés para el imperio de la ley.

La Administración Obama decidió mantener los tribunales militares en Guantánamo, aunque con ciertas modificaciones, incluyendo más protecciones legales para los acusados y la prohibición de utilizar información obtenida mediante métodos coercitivos.



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