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Québec se prepara para aprobar controvertida ley de eutanasia "a la europea"

  • Será la única jurisdicción en la que doctores podrán ayudar a acabar con su vida a pacientes moribundos que expresen su deseo de morir

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23/02/2014 a las 06:01
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  • EFE. Toronto (Canadá)
Québec se prepara para aprobar un controvertido proyecto de ley, inspirado en la legislación europea, que permitirá la eutanasia y el suicidio asistido por médicos por primera vez en Canadá.

El proyecto de ley 52, que en Québec se denomina "Ley para respetar el cuidado al final de la vida", tenía que haber sido aprobado el viernes por la Asamblea Nacional, el Parlamento provincial quebequés, pero las maniobras en el último minuto del opositor Partido Liberal han retrasado su entrada en vigor.

Cuando finalmente este proyecto se convierta en ley en las próximas semanas, como se espera, Québec será la única jurisdicción en Canadá en la que los doctores podrán ayudar a terminar con su vida a pacientes moribundos que han expresado su deseo de morir.

El proyecto de ley, que ha causado una fuerte controversia en el resto de Canadá, se distancia de las leyes aprobadas en otras jurisdicciones norteamericanas, como los estados de Washington, Montana, Oregón y Vermont, en Estados Unidos, y se acerca al modelo europeo de Holanda o Bélgica.

En esas jurisdicciones estadounidenses los doctores pueden proporcionar a sus pacientes terminales los medios para acabar con su vida, pero no pueden administrarles el cóctel mortal de medicamentos.

Además, en Estados Unidos, el requisito es que a los enfermos terminales sólo les queden meses de vida para poder recibir la ayuda médica para morir.

Pero en Québec, que ha pasado cuatro año estudiando las leyes de Holanda y Bélgica, los doctores serán los encargados de administrar a los pacientes que expresan de forma repetida su deseo de morir la combinación de medicamentos que pondrán punto y final a sus vidas.

El proyecto de ley 52 también extiende el derecho a morir "con dignidad" no sólo a enfermos que padecen una enfermedad incurable y a los que les quedan pocos meses de vida sino aquellos que experimentan un sufrimiento, físico o psicológico, insoportable.

El Gobierno quebequés ha establecido una serie de salvaguardas para evitar abusos. Sólo aquellas personas que residen en Québec podrán acogerse a la ley, lo que evitará el "turismo suicida" de enfermos terminales de otras provincias canadienses o incluso de Estados Unidos.

El paciente tiene que ser mayor de edad y en plena posesión de sus facultades mentales. Y el doctor que aprueba la petición de un paciente tiene que confirmar su decisión con un segundo médico.

Québec ha tenido que recurrir a un truco legal para poder sacar adelante su proyecto. El Código Criminal de Canadá establece que es ilegal ayudar a otras personas a cometer suicidio, y penas de hasta 14 años de prisión a los que lo hagan.

Para evitar las leyes federales, las autoridades quebequesas han declarado que su proyecto de ley es una cuestión sanitaria, lo que en Canadá es una competencia exclusiva de las provincias.

La legislación es fruto de una recomendación del Colegio de Médicos de Québec y, según las encuestas, cuenta con el apoyo de la mayoría de la población en Québec.

Fuera de la provincia francófona, también tiene un fuerte respaldo popular.

El medio de comunicación más influyente del país, "The Globe and Mail", declaró el miércoles en su editorial que Québec debería ser aplaudida por un proyecto de ley "compasivo" que "busca de forma sensible regular cómo un medico puede terminar la vida de un paciente".

Pero el proyecto de ley 52 también cuenta con muchos detractores, entre ellos el Gobierno federal canadiense del primer ministro conservador, Stephen Harper.

Grupos como la Coalición de Médicos en favor de la Justicia Social y Vida con Dignidad temen que el proyecto de ley 52 abrirá una puerta que eventualmente amenazará a ancianos y personas con discapacidades.

Estos grupos ya han advertido de que tan pronto como el proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea Nacional de Québec, recurrirán a los tribunales para intentar declarar la legislación como anticonstitucional.

Y el Gobierno federal también ha insinuado que podría recurrir al Tribunal Supremo para garantizar que Québec no ponga en vigor la ley para morir con dignidad.



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