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LEGISLACIÓN GALA

Francia multará a los clientes de prostitución

  • Diputados galos aprobaron una proposición de ley similar a la sueca con sanciones de 1.500 euros
  • La normativa busca acabar con el proxenetismo y proteger a las mujeres obligadas a prostituirse

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Actualizada 04/12/2013 a las 18:10
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  • EFE. PARÍS (FRANCIA)
Los diputados franceses adoptaron una proposición de ley que prevé multas de 1.500 euros para los clientes de prostitutas, siguiendo la doctrina marcada en 1999 por Suecia, el primer país en adoptar este tipo de legislación.

Se trata de la medida central de un texto que persigue combatir el proxenetismo y contribuir a la protección de las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución por la fuerza de la violencia o las carencias económicas.

La ley, que ahora debe abordar su examen en el Senado antes de junio próximo, fue aprobada en la cámara baja por 268 votos a favor, esencialmente de los socialistas y sus aliados del Frente de Izquierdas.

En contra votaron 138 parlamentarios, mientras que se abstuvieron 79, signo de la división que la ley despertó en la oposición conservadora de la UMP, en los centristas y en los ecologistas, aliados, sin embargo, del Gobierno.

La ley supone un cambio de doctrina en Francia, que desde 2003, aunque no consideraba ilegal la prostitución, perseguía a las meretrices que ofrecían sus servicios en la calle y las castigaba con penas de hasta dos meses de cárcel.

Ahora, ese delito desaparece en beneficio de otro nuevo, que en esta ocasión responsabiliza al cliente, quien puede ser multado con hasta 3.750 euros en caso de reincidencia.

Una controvertida medida que, para muchos, supone un límite a la libertad sexual, lo que llevó a intelectuales, escritores y periodistas a firmar manifiestos en contra de un texto que calificaron de "moralista".

Argumentos llevados hasta la Asamblea Nacional por los opositores al texto, al igual que otros, como el informe de Médicos del Mundo que consideran que la ley obligará a las prostitutas a ejercer de forma clandestina, lo que puede tener nefastas consecuencias para su seguridad y su higiene.

Pero estas tesis fueron contrarrestadas por los defensores de la ley, liderados por la ministra de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, que replicó que el 90 por ciento de las prostitutas ejercen ese oficio contra su voluntad y mostró la obligación de protegerlas frente a la violencia de los proxenetas.

Esta ley, replicó, "permitirá a miles de jóvenes chicos y chicas salir de la prostitución", afirmó la ministra, que consideró que "todo acto sexual forzado es un acto de violencia y, por tanto, contrario a la ley".

Y la mejor forma de combatirlo, según ella, es la persecución del cliente, como ha demostrado el caso de Suecia, donde desde que se sigue este método se ha reducido a la mitad la prostitución callejera.

Otros países, como Alemania u Holanda, optaron por legalizar la prostitución y regularizar su práctica, lo que según el Gobierno galo se ha traducido en una explosión de estas prácticas que ha llevado a Berlín y Amsterdam a plantearse una revisión legislativa.

Las multas a los usuarios son, según los defensores de la ley, el instrumento más eficaz para combatir a las mafias de proxenetas, con el argumento de que "es el dinero de los clientes es su fuente de financiación".

Pero la ley establece otras medidas para luchar contra esas redes y proteger a las prostitutas.

Entre esas medidas está la que establece que todas aquellas prostitutas extranjeras que ejercen en el país puedan acogerse a un "circuito de reinserción" con ayuda estatal, que se traducirá en un permiso de residencia temporal de seis meses y un subsidio de 336 euros mensuales.

Es una medida destinada a la mayor parte de las más de 20.000 meretrices que hay en Francia, según los datos oficiales, que proceden de Europa del este, Asia, África y América Latina.

Belkacem aseguró que el Gobierno destinará 20 millones de euros al año para este tipo de medidas.

La lucha contra las mafias se intensificará también con el combate en la red, ya que la nueva ley obligará a las grandes empresas a cerrar el acceso a las páginas de proxenetismo aunque estén albergadas en el extranjero.



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