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Telefónica presentará hoy al Ministerio de Trabajo la memoria explicativa del expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea para su filial en España y que afectará a un máximo de 8.500 trabajadores en un plazo de 5 años, un 24% de su plantilla en el país y un 6,6% de la plantilla total del grupo, explicaron fuentes sindicales. Esta cifra contrasta con los 6.500 despidos que había anunciado la operadora.

En dicha memoria, la compañía se compromete a cumplir con los principios básicos de "universalidad, voluntariedad y no discriminación". Esto quiere decir que si con las salidas voluntarias no se llega a 8.500 trabajadores, la diferencia no se llevará a cabo por otras vías "traumáticas".

Además, se garantiza que durante ese tiempo no se producirá ningún otro ERE, ni despido masivo de trabajadores y que la firma mantendrá su compromiso inversor en España.

De esta forma, y a petición de los sindicatos mayoritarios, el proceso se extenderá por un periodo de 5 años hasta finales de 2015, al igual que el convenio, en lugar de los tres años anunciados en abril por el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo.

La cifra de afectados anunciada en la memoria supondría una desvinculación anual de 1.700 trabajadores, inferior a los 2.166 trabajadores por año prevista, ya que el periodo se amplía dos años más.

Fuentes sindicales informaron de que en dicha memoria se recoge un compromiso de creación de empleo por parte de la empresa de un máximo del 5% de la plantilla que se acoja a este plan, lo que, sobre el total de los 8.500 trabajadores, supondría unos 425 empleados, que para los sindicatos es "claramente insuficiente".

Las causas alegadas

Telefónica justificará el ERE por la existencia de causa económica, fundamentalmente, aunque también por causas de organización, tecnológicas y de producción. Al parecer también incluiría que operadores competidores como France Telecom y Deutsche Telekom han recibido ayudas en los últimos años debido a la participación que el estado francés y alemán, respectivamente, tienen en su capital.

La memoria también recogerá la intención de la operadora de seguir invirtiendo en España y un plan social con medidas de reubicación funcional y de creación de empleo para un cierto número de los trabajadores que se acojan al plan.

El último expediente de regulación de Empleo de Telefónica se presentó para 15.000 trabajadores para el período 2003-2007 y finalmente fue suscrito por 13.500.

Una vez la memoria se presente al Ministerio de Trabajo, los sindicatos tendrán un plazo máximo de un mes para negociar con la empresa, aceptar las condiciones del ERE y remitirlo de nuevo a la autoridad laboral para que ésta decida si el proceso se ajusta a la legalidad.

Asimismo, las fuentes explicaron que hay otros temas a tener en cuenta, como la edad de jubilación, todavía pendiente de legislar, que podría afectar a los trabajadores que se acojan al ERE.

No obstante, los sindicatos preguntarán a la compañía, en caso de que el ERE no se llevara a cabo, qué opciones baraja para reducir los costes laborales.

"El ERE es una medida, pero nos preocupa, si por una u otra razón éste no fuera aceptado, cómo afectaría esto a la plantilla de Telefónica", añadieron.

España necesitará 15 años para recortar el paro al 9%, según la OCDE

Quince años más. Es el plazo de tiempo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que necesitará España para volver a los niveles de desempleo que registraba en 2008. El organismo que preside Ángel Gurría eleva su previsión de tasa anual de paro para este año hasta el 20,3%, frente al 19,1% que predijo hace unos meses. Su nuevo pronóstico supera en medio punto al 19,8% que estableció el Gobierno.

Lo peor es que, tras tocar techo el paro en 2011, el mercado laboral español está condenado a recorrer una larga travesía del desierto, según se desprende del informe semestral de Perspectivas publicado ayer por la OCDE, que cree que el país necesitará tres lustros para reconducir la situación. De cara a 2012 también es más pesimista que el Ejecutivo y pronostica una tasa de desempleo del 19,3%, que bajará en 2015 al 14,5%, la más alta de la OCDE. Para 2026 se recortará hasta el 8,9%, porcentaje de desocupados similar al que había antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

El informe, que incluye un capítulo de proyecciones a quince años vista, estima que en ese período la creación de empleo neto avanzará en España a paso de tortuga: entre 2010 y 2015 será del 0,1% anual, y entre 2016 y 2026 del 1% en cada ejercicio. Eso quiere decir que, de no invertirse la actual tendencia, a mediados de esta década el país seguirá sufriendo más por el paro que las economías europeas más castigadas por la crisis, incluidos los países que han necesitado recurrir a la ayuda financiera de la Unión Europea y el FMI. En Grecia el desempleo estimado para 2015 será del 13,3% y en Irlanda del 10%, mientras que en el conjunto de la zona euro bajará al 8,7%.

España también estará entre los alumnos menos aplicados de la OCDE en tasas de crecimiento económico. El organismo que dirige Ángel Gurría mantiene que el PIB avanzará este año un 0,9%, y en 2012 un 1,6%, en línea con lo estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La predicción del Gobierno es un 1,3% y un 2,3%, respectivamente.

LA FRASE

La paciencia del Gobierno se ha colmado. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha marcado el 6 de junio como fecha límite para alcanzar un pacto sobre negociación colectiva. Las conversaciones entre los agentes sociales se alargan en el tiempo, y ya han pasado dos meses desde el plazo que en principio marcó el Ejecutivo en el texto de la reforma laboral. Ayer, cuando el acuerdo parecía hecho, los empresarios exigieron a su presidente, Joan Rosell, que endurezca las condiciones prepactadas con los sindicatos. Unas demandas que prácticamente obligan a reiniciar desde cero las conversaciones. No obstante, Rosell logró calmar los ánimos al advertir a sus compañeros que una reforma por decreto ley será contraproducente para sus intereses. En la foto, la reunión entre los líderes de la CEOE, Rosell y José María Lacasa (izquierda), con Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo, el martes.

LAS CAUSAS DEL ERE

La operadora alega causas "organizativas, tecnológicas y de producción"