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ECONOMÍA

Cuenta atrás para la próxima reforma de las pensiones

  • La Comisión del Pacto de Toledo tiene que evaluar el modelo y proponer nuevas medidas a partir del mes de febrero

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11/10/2015 a las 06:00
  • colpisa. madrid
"Fatigas, pero no tantas, que a fuerza de muchos golpes hasta el hierro se quebranta", decía Manuel Machado en Soleares. El sistema de Seguridad Social padece desde hace tiempo bastantes fatigas y le quedan muchas por pasar cuando se jubilen las generaciones del ‘baby boom’. Inevitablemente, en la próxima legislatura se afrontará una nueva reforma de las pensiones. Al Pacto de Toledo -la comisión parlamentaria y de los agentes sociales creada en 1995- le toca evaluar el próximo mes de febrero las reformas aplicadas y proponer nuevas medidas, un examen que es obligado cada cinco años.

Hasta que no se conozca la nueva composición parlamentaria resulta difícil anticipar por dónde irán los cambios, pero hay un cierto grado de acuerdo en que esta vez la reforma ha de hacerse por consenso y "debe pivotar sobre los ingresos y aportar fuentes adicionales de financiación de la Seguridad Social", explica Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. Precisamente el sindicato que lidera Ignacio Fernández Toxo propuso en 2013 que las prestaciones derivadas de fallecimiento (viudedad y orfandad) se financien con impuestos. Una idea que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho suya y que ha abierto el debate de qué pensiones deben ser contributivas -y cubiertas con las cotizaciones sociales- y cuáles no. Por su parte, el PSOE aboga por un impuesto finalista que nutra las arcas de la Seguridad Social pero que no se destine a unas prestaciones concretas, sino que vaya a la caja común para todas las pensiones.

Las prestaciones por viudedad representan un gasto anual de 21.000 millones de euros -y casi 2.000 millones las de orfandad-. Financiar estas pensiones con impuestos rescataría de sobra a la Seguridad Social de su déficit. Pero dejarían de ser contributivas y, si pasan al sistema asistencial, debería producirse una igualación de la cuantía que se pague a las viudas o viudos, explica Luis Sáez de Jáuregui, director de negocio de particulares de la aseguradora AXA, lo que acabaría provocando una rebaja de las pensiones de viudedad más altas (aunque el grueso de las prestaciones está entre 600 y 700 euros). Incluso, el Gobierno podría limitar el pago de la prestación a que no se tengan otros ingresos o no disponga de patrimonio. Si se está dentro del sistema contributivo, se cobra en función de lo aportado a lo largo de la vida laboral y es vitalicio. Si es una prestación asistencial sólo se abona a quien tiene necesidad. Otro conflicto es que los actuales afiliados a la Seguridad Social están cotizando para cubrir la contingencia de viudedad y tienen esa expectativa de derecho. Por eso, desde CC OO se propone un periodo de adaptación de al menos 20 años.

Ni el PSOE ni UGT apoyan que las pensiones de viudedad y orfandad pierdan su naturaleza contributiva. No obstante, la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, admite que habrá que abrir en el futuro un debate para la reforma "en profundidad" del sistema de viudedad. De hecho, dentro del PSOE algunos ven con interés limitar el tiempo durante el que se cobre la pensión de viudedad, como ya se hace con la de orfandad. La cada vez mayor incorporación de la mujer al mercado laboral puede hacer anacrónico que se tenga que pagar una pensión vitalicia a las viudas, pero tendría sentido, dicen, ayudar durante unos años a adaptarse a una situación de menores ingresos familiares mientras se ajustan los gastos o se renegocia la hipoteca. La prestación de viudedad la reciben tanto viudas como viudos, aunque las primeras representan el 92,6% del total de perceptores.

Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, lo que plantea el Gobierno es "quitar gastos" a la Seguridad Social, pero "evita el debate real que es buscar otras fuentes de ingresos". A su juicio, reformar la viudedad "condena a muchas mujeres a no trabajar porque no van a querer perder la pensión". En cuanto a otras medidas, el PSOE es partidario de reformar la revalorización de las pensiones que aprobó el PP "porque ha condenado a los pensionistas a no tener más subidas que el 0,25% durante los próximos cinco o diez años", señala López i Chamosa. Las proyecciones enviadas por el Ejecutivo a Bruselas reflejan déficit hasta 2019. Y no rechaza seguir ampliando el periodo para calcular la pensión (ahora en 25 años).

En los últimos cinco años se han hecho dos grandes reformas. Con el Gobierno socialista se retrasó de 65 a 67 años la edad de jubilación -ya está en vigor aunque se hará de forma progresiva hasta 2027-, se elevó de 35 a 37 años el periodo de cotización necesario para tener derecho al 100% de la pensión -a partir de 2027 alcanzará los 38 años y medio- y se amplió de 15 a 25 años el período para calcular el importe de la prestación. En 2013, el Gobierno del Partido Popular hizo una nueva reforma e impuso el Indice de Revalorización de las Pensiones, en función del cual las prestaciones no podrán subir más del 0,25% mientras el sistema esté en déficit, y adelantó la aplicación del factor de sostenibilidad sobre los nuevos pensionistas, que reduce la cuantía mensual de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida.


  • Se lo cargan a propósito
    (11/10/15 22:55)
    #1

    El problema no es el baby boom sino las exenciones, las deducciones y las tarifas planas. Si no cotiza "ni dios" claro que quebrará la Seguridad Social y los bancos y aseguradoras como auténticas hienas relamiéndose. 

    Responder


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