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Agencia Tributaria

Carta blanca de la justicia a las investigaciones de Hacienda

  • Varias sentencias del TS refuerzan el poder de la Agencia Tributaria, que incluso podrá reabrir declaraciones ya prescritas

Oficina para realizar la declaración de la renta.

Carta blanca de la justicia a las investigaciones de Hacienda

Oficina para realizar la declaración de la renta.

J.A.Goñi (Archivo)
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03/08/2015 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
La reciente crisis económico-financiera y la sensación de que la corrupción ha crecido en los últimos años también ha hecho mella en la conciencia de los jueces. Y buena prueba de eso es cómo el Tribunal Supremo ha ido modificando en los últimos años su jurisprudencia sobre las actuaciones de Hacienda, y es cada vez más proclive a sus reclamaciones hasta el punto de casi concederle patente de corso.

Uno de los puntos más llamativos es su consideración de que el fisco puede investigar a los contribuyentes prácticamente de forma indefinida. En Hacienda venían entendiendo, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley General Tributaria (LGT), que sus atribuciones de comprobación e investigación "no estaban sometidas a plazo de prescripción o caducidad alguno", pero sí el derecho a determinar la deuda concreta mediante la liquidación "oportuna".

El Tribunal Supremo, sin embargo, va ahora algo más lejos. En hasta tres sentencias distintas emitidas este año, la Sala de lo Contencioso-Administrativo resuelve que "no se puede excluir la posibilidad" de que, dentro de esas comprobaciones, "puedan verificarse operaciones que integran el hecho imponible aun cuando tengan su origen en ejercicios fiscales ya prescritos". De manera que ya no tendrían que limitarse a los cinco años que hay de máximo para investigar un delito contra la Hacienda Pública, o los diez cuando este conlleva una trascendencia especial.

Lo que dicen los magistrados es que se puede entrar sin problema en expedientes de ejercicios ya prescritos siempre que "sigan produciendo efectos" sobre otros que ya no lo están. Da así un espaldarazo a la reforma de la LGT elaborada por el Gobierno y que será aprobada por el Senado en la primera quincena de agosto. En su nuevo artículo 66 bis se establece que la referida prescripción "no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones" aunque, en el caso de que se hubieran aplicado compensaciones o deducciones a favor del contribuyente en las declaraciones, sí habría un plazo de diez años.

Pero el alto tribunal ha ido un paso más allá con el argumento de que pretende "evitar que no se pueda actuar frente a la ilegalidad" ‘solo’ porque en un ejercicio ya prescrito no se tomaron medidas a tiempo. Lo contrario, advierte la mayoría de la Sala, "equivaldría a consagrar en el ordenamiento tributario una suerte de principio de igualdad fuera de la ley o en la ilegalidad, proscrito por el Tribunal Constitucional".

Su criterio, empero, no resulta precisamente pacífico. De un lado, varios magistrados formularon sendos votos particulares discrepantes con el criterio de la mayoría al entender que "una cosa es investigar" -lo cual aceptan como principio general- y otra claramente diferente "embarcarse en calificaciones y análisis jurídicos" que tienen más que ver con reescribir un pasado ya prescrito.

¿CONTRA LA SEGURIDAD JURÍDICA?

Su tesis, compartida por distintos asesores fiscales y bufetes jurídicos, es que hacer eso atentaría contra el principio de seguridad jurídica, "uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro sistema de convivencia". Y es que, a su entender, juzgar "negocios realizados hace décadas" -las sentencias analizadas resuelven hechos producidos entre finales de los noventa y principios del siglo actual- con "el espíritu del presente y el que este insufla en el juzgador" supone todo un "desacierto jurídico".

El matiz clave en este conflicto es la consideración de fraude de ley, la llave que el Supremo otorga a Hacienda para actuar casi ‘sine die’. Para el tribunal, ese tipo de irregularidades se produciría si el verdadero objetivo de una serie de operaciones realizadas por una empresa o un particular no es la "eficiencia económica" a su favor, sino la "elusión fiscal".

"Es perfectamente lícito" -sostienen la mayoría de los magistrados- endeudarse para adquirir un activo o reestructurar una compañía, por ejemplo -en uno de los casos juzgados aquí se había creado un ‘holding’ en España solo para lograr un mejor trato tributario-, pero no "crear artificiosamente las condiciones de unas normas merced a las que luego conseguir la reducción de la carga fiscal". "La libertad de empresa", advierten, no puede amparar la "violación del espíritu de la ley".

Los bufetes especializados en fiscalidad estiman que el Supremo, al entrar en "la calificación del negocio jurídico y del contrato" económico, concede un poder "muy relevante" a la Agencia Tributaria. Y es que esta podrá echar atrás créditos o deducciones (por gastos financieros, por ejemplo) acreditadas en ejercicios ya prescritos si cree que hay fraude de ley. Lo que no podría hacer es atribuirles un delito fiscal por eso.



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