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POLÍTICA COMUNITARIA

Europa fija sus líneas rojas en el tratado de libre comercio con EE UU

  • El acuerdo pretende eliminar barreras legislativas entre ambas regiones y afectará a varios ámbitos

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25/05/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre la UE y Estados Unidos es mucho más que un tratado de libre comercio entre las dos regiones económicas más potentes del mundo. Su objetivo no se limita a reducir aranceles -apenas de un 4% de media entre ambas zonas-, sino que pretende eliminar barreras legislativas entre ambas regiones que afectan a ámbitos tan variados como el sector energético, financiero, agroalimentario o medioambiental. Esto ha provocado una gran polémica entre quienes defienden que se trata de una oportunidad para impulsar la economía y crear empleo, y quienes creen que el acuerdo solo beneficia a las multinacionales en detrimento de las pymes y además amenaza los derechos laborales de los trabajadores y la protección de los consumidores. Para tratar de arrojar algo de luz ante este debate -las reuniones de los equipos negociadores se caracterizan por su opacidad- el Parlamento Europeo marcará este jueves las líneas rojas que no debe traspasar el tratado. Lo hará mediante la votación en la comisión de comercio internacional de una resolución que servirá, pese a no ser vinculante, de orientación a los negociadores de hasta dónde pueden llegar. Máxime cuando el tratado deberá tener en última instancia el visto bueno del Parlamento.

Pero, ¿cuáles son esos límites? El proyecto de informe que será votado el jueves y que no está exento de polémica -los distintos grupos parlamentarios han presentado 900 enmiendas a un texto de apenas 14 páginas- reconoce que el TTIP «podría contribuir a la reindustrialización de Europa, generar oportunidades para las pymes y crear estándares y reglas que serán adoptadas a nivel mundial redundando en beneficio de terceros». Sin embargo, el propio documento matiza que el tratado por sí solo «no va a resolver los problemas económicos de la UE» y aboga por no suscitar «falsas esperanzas y expectativas».

El punto más polémico del tratado es la existencia de la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que permite a los inversores llevar a los Estados ante un tribunal de arbitraje internacional si se sienten perjudicados e ignorar los tribunales nacionales. Prácticamente todos los grupos parlamentarios rechazan este fórmula. «Tal mecanismo no es necesario en el TTIP dados los desarrollados sistemas jurídicas de la UE y EE UU», recoge el informe del Parlamento Europeo. «No puede haber diferencias entre inversores nacionales y extranjeros. No pueden ser tribunales privados, sino jueces independientes», señala la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero como líneas rojas para que su grupo acepte estos arbitrajes. Más críticos se muestran desde Podemos, donde la eurodiputada Lola Sánchez considera que esas propuestas son «un simple maquillaje». Además, advierte de que esos tribunales suponen «un ataque a la democracia». El rechazo es tan generalizado que ha obligado a aparcar este punto de las rondas de contacto. «De momento están congeladas las negociaciones sobre el ISDS, pero queremos volver a abrirlas», reconoce Hiddo Houben, subjefe negociador del equipo europeo del TTIP. Y es que el mecanismo es una exigencia de EE UU.

SANIDAD, EDUCACIÓN Y AGUA

Uno de los objetivos del TTIP es facilitar la participación de las empresas de ambas zonas del Atlántico en las licitaciones de obras y servicios públicos. Sin embargo, el documento pide que se excluyan de esta liberalización servicios como el agua, la salud, la seguridad social y la educación. De hecho, defiende que el acuerdo conceda a las autoridades nacionales y locales «suficiente margen de maniobra» para legislar en favor del interés público. «El problema no es lo que diga el TTIP, sino el espíritu que desprende», señala Marina Albiol, eurodiputada de IU, quien no se fía de las palabras del texto y advierte de la pérdida de derechos que tratados de este tipo como el NAFTA han provocado en otros lugares.

Una de las principales críticas al TTIP tiene que ver con el riesgo de que se rebajen los estándares de protección laboral europea. Precisamente, el informe del Parlamento marca como límite la «ratificación, aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y es que EE UU solo tiene firmados dos. «Esa es una de nuestras líneas rojas. Al igual que la protección de los consumidores», señala Santiago Fisas, eurodiputado del PP. En su opinión, solo hay motivos ideológicos para oponerse al TTIP y recuerda que «el mundo va por este camino». Veremos si el Parlamento Europeo también.

TRES NIVELES DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS

Una de las mayores críticas realizadas al TTIP es la falta de transparencia. De hecho, los documentos sobre el tratado están clasificados en tres niveles. Aquellos que se consideran públicos y que están accesibles a todos los eurodiputados y cualquier ciudadano. Un segundo nivel habilitado en el que los eurodiputados solo pueden consultar los textos en una sala de lectura sin hacer ningún tipo de copia y siempre acompañados de un funcionario. Un último nivel, los textos consolidados de la negociación, solo están accesibles para el presidente de la Comisión y el Parlamento.



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