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Parón y marcha atrás en la solución al conflicto de las autopistas de peaje

  • La banca internacional demandará a España por duplicar la quita prevista a las concesionarias y, como en las renovables, alega inseguridad jurídica

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17/02/2014 a las 06:01
  • COLPISA. MADRID
El Gobierno ha golpeado con fuerza el enjambre de las autopistas de peaje, que a principios de año parecía casi pacificado, y ahora las abejas financieras -en forma de bancos internacionales- no van a parar hasta pegarles un aguijonazo. En juego, una quita sobrevenida de 1.400 millones de euros en la deuda que las concesionarias de una decena de autopistas de peaje de todo el país mantienen con ellas.

Las prisas que a finales de octubre parecía tener el Ministerio de Fomento por resolver un conflicto que se ha venido generando en los últimos años, llegando incluso a lanzar un ultimátum a las partes, ha tornado ahora en una "sospechosa calma", lamentan fuentes de las concesionarias. Cierto es que el tema ha pasado a las manos del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro -admiten-, pero no menos que ya no perciben el mismo interés que antes desde el equipo que dirige Ana Pastor por alcanzar una solución.

Entonces, ¿qué ha cambiado? "El BOE", apuntan con cierta sorna y un claro enfado desde el sector. Fue precisamente Fomento el que, sin previo aviso -el día anterior tuvieron una reunión en Hacienda y nadie les advirtió del cambio-, llevó el pasado 24 de enero al Consejo de Ministros un decreto que modificaba la vetusta Ley de construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje en régimen de concesión, que data de 1972. El fin esgrimido por el departamento fue "evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago de las expropiaciones".

Dicho decreto, ratificado el jueves pasado por el Pleno del Congreso, concede al Estado el derecho a "subrogarse en el crédito del expropiado (por cuyo terreno pasa la autovía) frente al concesionario" y, con ello, "se minora el importe de la responsabilidad patrimonial". Es decir, en caso de que una de las sociedades que gestionan las vías de peaje no pueda pagar las expropiaciones, el dinero saldrá del erario público y se restaría de la compensación que la Administración abonaría a esas empresas en caso de quiebra.

Una medida que evitará que el déficit público crezca, pero que quiebra las promesas que desde Fomento habían hecho al sector. El gran problema es que el polémico decreto tiene efectos retroactivos: "el nuevo régimen legal puede aplicarse respecto de cualesquiera concesiones ya adjudicadas", subraya el Ejecutivo. Algo similar a lo que ocurrió meses atrás con el recorte de ayudas a las energías renovables.

ARBITRAJE INTERNACIONAL

Ahora, como entonces, la banca internacional alega inseguridad jurídica por el cambio de reglas de juego "sobre la marcha" y está dispuesta a 'ir a la guerra' para defender sus intereses, pues tienen más de 1.000 millones invertidos en las autopistas a través de créditos pendientes de pago. Se trata de entidades como la francesa Calyon (del grupo Crédit Agricole), la francobelga Dexia y la británica RBS que, en una estrategia común, tienen decidido demandar en breve a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el organismo que dirime los principales arbitrajes.

Allí han acudido varios de los fondos extranjeros con inversiones en energía 'verde' dentro del España, y que han situado al país en los primeros puestos mundiales por número de demandas recibidas. En paralelo, la banca española también va a reclamar al Gobierno porque el decreto supone, en la práctica, duplicarles la quita prevista en la deuda que acumulan con ella las concesionarias, que se dispararía del 30% al 60%.

También se quejan de que el pasivo restante, cerca de 2.500 millones de euros, se les abonaría en un plazo de hasta 20 años. Así las cosas, la posibilidad de resucitar la vieja Sociedad Nacional de Autopistas y de que el Estado les garantice el cobro de la deuda ha quedado aparcada en un cajón, pendiente de que la Comisión Europea confirme su probable rechazo al proyecto en las próximas semanas.

Mientras, la decena de vías de peaje en concurso de acreedores siguen su avance hacia el abismo, con más de 4.000 millones de euros en riesgo tanto en inversiones pendientes de cobrar -500 millones de euros sólo en el caso de las principales constructoras del país- como en créditos en claro riesgo de morosidad con más de una docena de bancos. En abril se puede liquidar la primera, la AP-36 (Madrid-Levante), si las empresas implicadas no logran firmar antes un convenio.



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