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La Comisión Europea no da nada gratis. El Ejecutivo comunitario apostó ayer por otorgar un año más a España para reducir el déficit, pero a cambio de unas durísimas condiciones. El Gobierno de Mariano Rajoy podrá dosificar los ajustes hasta 2014 si controla a fondo el gasto autonómico y presenta un «convincente» programa presupuestario bianual. Aunque no entró al detalle con los ajustes que espera ver sobre la mesa, Bruselas acompañó la oferta de prórroga con una batería de recomendaciones. El documento refleja una nueva lista de sacrificios que incluye una subida del IVA, acelerar el retraso en la edad de jubilación y otra vuelta de tuerca a la reforma laboral.

La comparecencia de ayer en la capital comunitaria representaba un nuevo 'Día D' para España. El comisario de Economía, Olli Rehn, había señalado la fecha en el calendario para ofrecer su veredicto sobre la revisión del déficit. La decisión se podía haber tomado a principios de mes, pero se retrasó porque Bruselas no tenía la información definitiva de los ajustes en las comunidades. En este tiempo, han aparecido otros factores que han influido en el resultado. España admitió que su desfase presupuestario en 2011 fue del 8,9%, cuatro décimas más de lo previsto. En el otro lado de la balanza, la victoria de François Hollande en Francia reactivó el debate sobre la necesidad de crecimiento en el continente.

Rehn se decantó por una solución salomónica a los ojos de la UE. Apoyándose en la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el responsable finlandés se confesó «preparado» para conceder una prórroga de un año al Ejecutivo de Rajoy con el déficit. En lugar de alcanzar la meta del 3% en 2013, podrá distribuir el esfuerzo hasta finales de 2014. La medida es exclusiva para España y se repite por segunda vez desde que estalló la crisis. El comisario de Economía descartó relajaciones similares para otros socios por las condiciones especiales de la economía española.

Olli Rehn explicó que los ajustes del Gobierno van en general en la buena dirección. Pese a estos esfuerzos, recordó que en 2013 la economía española será la única de la UE que siga en recesión. Con este doble análisis, justificó la prolongación del plazo, aunque insistió en que se deben cumplir unas condiciones. La primera pasa por extremar el control del gasto en las comunidades, a las que Bruselas culpa de las desviaciones en el déficit. El segundo requisito resulta más abierto a la negociación. La Comisión quiere un sólido plan presupuestario para el periodo 2013-14 que blinde la meta del 3%.

MARGEN PARA EL DIÁLOGO

Bruselas ya está en contacto con el Gobierno para pactar los ajustes necesarios. Rehn indicó que en las próximas semanas presentará un nuevo informe para proponer formalmente la prórroga, que deberá ser respaldada por el resto de socios. Aunque existe margen para el diálogo, la Comisión dejó claros los ajustes que le gustaría ver aprobados. El Ejecutivo comuniario precisó las reformas en sus recomendaciones específicas por países, un ejercicio puesto en marcha el año pasado para coordinar el rumbo de los presupuestos en todo el bloque.

El documento dedicado a España es un compendio de nuevos sacrificios que exige aún más austeridad tras cuatro años largos de crisis. Se reclama, una vez más, máxima vigilancia sobre los Gobiernos regionales y una «estricta» aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria. En este contexto, se alude directamente a la necesidad de garantizar la «transparencia» de los datos sobre la evolución de las cuentas públicas. Al igual que sucede en países como Reino Unido, la Comisión pide la creación de un organismo fiscal «independiente». Esta institución permitiría evaluar desde otra óptica las previsiones del Ejecutivo y «estimar» el impacto económico de la legislación que se ponga en marcha.

Bruselas prosigue su batería de ajustes con una apuesta por adelantar el retraso en la edad de jubilación. Tomando como referencia el deterioro de la situación económica, plantea anticipar el retiro con 67 años para garantizar la sostenibilidad de las cuentas. Bajo esta perspectiva, reclama que se adopten «medidas concretas» para impulsar la formación continua y facilitar la reincorporación de los trabajadores en edad más avanzada al mercado laboral.

SISTEMA IMPOSITIVO

La reforma de las pensiones no es la única cuestión en la que la Comisión aprieta sin miramientos. En un apartado particularmente crítico con la gestión del Gobierno, plantea una profunda remodelación del sistema impositivo. Tras constatar que la presión fiscal en España se sitúa a la cola de la UE, aboga por apostar con más decisión por exprimir las potencialidades del IVA, hoy situado en el 18%. Según los datos que recoge el documento, los ingresos por este impuesto alcanzaron el 5,5% del PIB en 2010, el ratio más bajo del bloque.

El Ejecutivo comunitario considera que la amplia aplicación del tipo superreducido (4%) y el reducido (8%) lastra la recaudación. De acuerdo a sus cálculos, España solo ingresa el 42% de lo que podría obtener con un esquema impositivo más eficiente. Por ello, recomienda aumentar la base de productos afectados por el IVA general y arrinconar decisiones como la subida el IRPF, una medida censurada porque daña el crecimiento. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó que seguirán los consejos de Bruselas como un socio «fiable y leal». En cualquier caso, apuntó que dentro del catálogo de impuestos indirectos existen alternativas al IVA como los gravámenes medioambientales.

La última reforma de calado que la Comisión pone en su punto de mira es la del mercado laboral. En sus conclusiones finales, el documento se limita a pedir medidas «adicionales» para ajustar la formación de los trabajadores a la demanda real, pero en el análisis adjunto hay mucho más contenido. Bruselas admite que se ha avanzado con la flexibilización de la negociación colectiva, aunque insiste en que aún siguen muy presentes las cláusulas de revisión salarial en función del IPC. En cuanto al coste del despido, rebajado a 20 días en algunos supuestos, todavía se considera elevado porque protege en exceso a los trabajadores fijos en comparación con los temporales.