El Gobierno manifestó ayer su respeto por que los sindicatos defiendan lo que crean oportuno, al tiempo que CCOO y UGT se sienten respaldados por la ciudadanía tras la jornada de huelga general.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros dijo que respeta también los métodos que consideren convenientes los sindicatos, aunque agregó que luego tendrán que explicar los resultados.

Un día después de la huelga, los sindicatos se sintieron respaldados porque consideran que la ciudadanía entendió la profundidad de los cambios que introduce la reforma laboral, según expresaron los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez.

Méndez avisó al Ejecutivo de que debería tener en cuenta el "éxito" de la jornada y dijo que a pesar de que cuenta con la legalidad, se está comportando como un Gobierno de "corte tecnológico".

A su vez, Toxo anunció que en unos días enviarán una propuesta de pacto global por el empleo y la recuperación de la actividad económica al Gobierno, a la CEOE y a los grupos parlamentarios.

Desde la patronal, el presidente de la CEOE, Juan Rosell reconoció que en algunos sectores el paro fue "importante", aunque en otros no tanto y subrayó el descenso del consumo eléctrico, uno de los indicadores de la actividad económica.

Según Red Eléctrica de España (REE) la demanda de energía eléctrica se redujo el 14,84%.

Por el contrario, para el vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández, la huelga no fue un éxito "en absoluto" y tampoco fue general.

Para el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, España tiene la "inmensa fortuna" de contar con unos sindicatos responsables e incidió en la importancia del diálogo y la negociación con los agentes sociales para recuperar la normalidad democrática.

También el líder de IU, Cayo Lara, consideró de "inmenso éxito" la huelga y advirtió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no tiene "patente de corso" para aplicar el "rodillo sistemático" sobre los intereses y derechos de los ciudadanos y le emplazó a retirar la reforma laboral.

Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron con normalidad, hubo incidentes aislados en algunas ciudades, pero fue en Barcelona donde se produjeron los altercados más graves que se saldaron con 80 heridos -cuatro de ellos permanecen en el hospital- y daños materiales por valor de 565.000 según el Ayuntamiento.

Sáenz de Santamaría condenó esos actos vandálicos y destacó que no fueron generalizados ni las imágenes representan a la sociedad española, porque esa no es la manera en la que los españoles ejercen sus derechos.

Ante la dureza de los hechos, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, avisó de que el Govern será "inflexible" y "claramente beligerante" a la hora de actuar.

En Madrid, donde hubo 57 detenidos, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, describió que la huelga fue "política" y por tanto "ilegal", afirmación que el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, ha respondido diciendo que "el muro (de Berlín) se ha caído y espero que no se caiga también ella".

En Galicia, la fábrica automovilística de PSA Peugeot Citroën en Vigo dejó de fabricar 430 vehículos y el secretario general de la CIG, Suso Seixo, ratificó que las manifestaciones celebradas ayer en las principales ciudades de Galicia han sido "las más importantes de la historia" contra unas medidas laborales.