El Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) ha urgido este jueves a Rocío Carrasco a autorizar la apertura del museo dedicado a su madre, Rocío Jurado, y le ha querido transmitir y asegurar que este proyecto es "legal" y que las irregularidades detectadas en su construcción "no mancharán sus nombres".

La alcaldesa de la localidad natal de Rocío Jurado, Isabel Jurado, ha ofrecido una rueda de prensa para aclarar la situación de este proyecto, que comenzó a dibujarse hace ya casi once años, poco después de la muerte de la cantante, y que aún no ha visto la luz, pese a que ya está tiene todo listo.

La apertura está ahora pendiente de que Rocío Carrasco firme la propuesta de convenio que el Ayuntamiento le remitió el pasado mes de noviembre en una carta certificada en la que le ofreció un plazo de quince días para contestar o presentar sus propuestas.

"No es nuestra intención presionar", ha asegurado la alcaldesa, que también ha afirmado que comprende la posición de Rocío Carrasco, y no quiere culparla del retraso ni busca "confrontación" con la familia de "la más grande".

Según ha relatado, la heredera universal de Rocío Jurado, la única persona que puede autorizar esta iniciativa, no ha respondido a si está de acuerdo o no con la propuesta del convenio.

Lo que ha hecho es solicitar todo el expediente del proyecto para asegurarse de que las irregularidades administrativas que un juzgado investiga sobre la gestión de la subvención estatal con la que se construyeron las naves en las que irá ubicado no podrían "manchar sus nombres".

La alcaldesa ha asegurado que el museo es "legal" y que la investigación judicial sólo afectará a las personas del anterior equipo de gobierno que supuestamente cometieron irregularidades administrativas en la gestión de la subvención de 3,5 millones de euros que el Ministerio de Industria dio en 2008, 2009, y 2010 al Ayuntamiento para la construcción de un complejo de naves a la entrada del municipio, en las que, entre otros equipamientos, estará el museo.

En 2011 el nuevo gobierno municipal del PP, a través de una auditoría externa, constató estas irregularidades, tras lo que los hechos se denunciaron en el juzgado hace cinco años