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Imputados dos funcionarios de Tráfico por no tramitar el cobro de multas

  • Los dos funcionarios están acusados de prevaricación y falsedad documental

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Actualizada 26/08/2011 a las 00:02
  • G.M.A. . PAMPLONA

Dos funcionarios de la Jefatura provincial de Tráfico de Navarra están imputados por delitos de falsedad documental y prevaricación. Aprovechaban supuestamente su condición de funcionarios para paralizar y demorar la ejecución de multas y expedientes sancionadores, que aparejaban en muchos de los casos una pérdida de puntos. Demoraban tanto su tramitación, que al final las multas acababan prescribiendo. Según la investigación, los dos imputados no cobraban nada a cambio por llevar a cabo estas gestiones, y se investiga la relación entre los funcionarios y las personas beneficiadas. El caso ha pasado a manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), a petición de la Dirección General de Tráfico (DGT), que fue quien detectó estas irregularidades. De la fiscalía, donde se apreciaron indicios de irregularidades, el caso pasó antes de Sanfermines al Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, que instruye la causa. No obstante, la magistrada aún no ha anunciado si procesará a los funcionarios.

De momento, hasta que la juez decida si procesa o no a los dos funcionarios, los responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra han optado por reubicar a los supuestamente implicados en el fraude en otros puestos de trabajo.

Las pesquisas del Ministerio Público se iniciaron el pasado mes de enero. Según explicaron fuentes de la DGT representantes de los Servicios Generales de la institución, a través de la Guardia Civil de Navarra, se pusieron en contacto con la Fiscalía Superior de Navarra para informarle de que habían detectado prácticas aparentemente fraudulentas en dos funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de la Comunidad foral, ya que la tramitación de las multas se retrasaba tanto que al final prescribían.

Al parecer, habían constatado que los trabajadores utilizaban su condición de funcionarios para impedir o retrasar la ejecución de expedientes sancionadores. A partir de ese momento, el Ministerio Público comenzó a indagar sobre el caso.

Se registraron sus puestos

La investigación concluyó el pasado mes de junio. Fue entonces cuando la Fiscalía remitió el resultado de sus pesquisas al Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, cuya titular ordenó recientemente que se registraran los puestos de trabajo de los dos implicados. Desde el Ministerio Público se consideró tras la investigación que hay indicios que apuntan a la responsabilidad de ambos en la comisión de estas prácticas delictivas. Además, desde la propia DGT subrayaron que la colaboración con la Fiscalía ha sido "total y absoluta" desde que se constataron estos hechos, ya que su único deseo es "que se esclarezca lo que ha sucedido realmente".

VICENTE LÓPEZ HOLGADO JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO DE NAVARRA

"Queremos que esta situación se esclarezca lo antes posible"

Vicente López Holgado, jefe provincial de Tráfico de Navarra, asegura que él es el primer sorprendido con esta situación y explica que detectaron las irregularidades de los dos funcionarios en una de las auditorias internas que realiza periódicamente la Dirección General de Tráfico (DGT), En cuanto conocieron el fraude, pusieron la investigación en manos de la Guardia Civil y de la Fiscalía para, como desea Vicente López, esclarecer esta situación y despejar cualquier tipo de dudas del funcionamiento de esta institución.

¿Cómo conocieron esta irregularidad?

Hace unos meses emprendimos una auditoria interna y detectamos esta anomalía.

¿Le sorprendió?

Sí, la verdad es que me sorprendió. Quiero destacar que esto es un caso aislado. La DGT, por sus características, está expuesta, como otras tantas instituciones, a que se den este tipo de casos.

¿Cómo reaccionaron?

Tomamos las medidas necesarias para resolver este problema. Pasamos la investigación a la fiscalía.

¿Tienen constancias de cuántas multas retrasaron el pago?

Ese dato lo desconocemos. Ahora es a la justicia a quien le corresponde seguir su curso y determinar tanto qué llevó a estos funcionarios a actuar así como si las personas a las que retrasaban el pago eran elegidas al azar o tenían algún tipo de vinculación.




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