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La mejora del gobierno corporativo

SOCIO DE GARRIGUES

Aurelio Orrillo, socio de Garrigues

La mejora del gobierno corporativo

Aurelio Orrillo, socio de Garrigues

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Actualizada 30/03/2015 a las 18:15
  • Aurelio Orrillo
4No es fácil sintetizar el alcance de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital por medio de la ley 31/2014, del pasado mes de diciembre, que modifica 26 artículos que afectan a todas las sociedades de capital y 28 referentes a las sociedades cotizadas.

Esta reforma viene completada con el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo aprobado por la CNMV el pasado 18 de febrero de 2015.

Empezando por el propio título de la norma, que se refiere a la mejora del “gobierno corporativo”, se trata de un concepto que apareció en la década de los 90 porque los socios minoritarios querían conocer más sobre la gestión. Un buen gobierno corporativo resuelve el difícil equilibrio entre el grupo de control y los socios minoritarios, tanto en lo que atañe a la gestión como a la distribución de los resultados económicos. Tras un largo desarrollo de la materia, desde hace años ya nadie duda de que un buen gobierno societario contribuye a un mejor resultado, pues la empresa habrá de ser más competitiva y sostenible en el largo plazo, lo que a la postre potenciará incluso el desarrollo económico del propio país.

De esta manera, bajo el objetivo de mejorar el “gobierno corporativo” de las sociedades de capital, como era de esperar, la reforma se centra especialmente en el órgano de administración y en su relación con los socios. Y así, las competencias de la Junta General se amplían y, al mismo tiempo, el control sobre el órgano de administración, que puede recibir instrucciones de gestión de la junta de socios, la cual será también competente para la adquisición o venta de activos esenciales de la compañía.

Para preservar los derechos de la minoría, la votación de los asuntos en la Junta deberá ser separada y, por ende, más transparente. También se introduce una regulación más estricta del conflicto de interés del socio, que le impedirá votar en determinados casos.

En cuanto a los administradores, al mismo tiempo que se protege la discrecionalidad empresarial (deber de diligencia) en la toma de decisiones (business judgment rule) se profundiza en el deber de lealtad, para garantizar la buena fe en su conducta, sin que prevalezcan los intereses personales del administrador en el asunto. La reforma también se encarga de reflejar la prohibición expresa de que los administradores obtengan ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo. Sabido es que este hecho debilita la libertad e independencia del administrador. No obstante, la junta de socios, debidamente informada, puede dispensar esta prohibición. Además se amplía la posible responsabilidad en la gestión a los altos directivos –cuando hay consejo y no existe consejero delegado– así como a la persona física representante del administrador persona jurídica.

Un punto importante también es el de la retribución de los administradores, siendo el propósito de la reforma que refleje adecuadamente la evolución de la compañía y sus intereses frente a los particulares de los gestores. Dicha retribución debe guardar una proporción razonable que garantice la sostenibilidad a largo plazo de la empresa.

En este punto, es especialmente relevante la nueva obligación de que la relación de la sociedad con los consejeros con funciones ejecutivas tenga reflejo en un contrato que deberá ser aprobado por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, debiendo abstenerse de votar el consejero afectado. En el contrato se deben detallar todos los conceptos retributivos del administrador y el contrato se incorporará como anejo en el acta de la reunión del consejo.

En lo que respecta propiamente al consejo de administración, se pretende potenciarlo como modo de gobernar la compañía, dada la pluralidad de sensibilidades que este órgano colegiado puede aglutinar. Y se refuerzan sus competencias indelegables (se subraya su función de supervisión de los ejecutivos) y se establecen reuniones obligatorias trimestrales.

Finalmente, existen importantes novedades en materia de impugnación de acuerdos sociales que, en términos generales, restringen las posibilidades de actuación del socio impugnante. Pues si bien se amplían los plazos de impugnación de acuerdos de Junta hasta un año, sin embargo, el derecho de impugnación ya no es un derecho individual (universal) sino que requiere la titularidad de un 1% del capital social (o 1 por mil en el caso de sociedad cotizada). Además, se introducen una serie de supuestos que quedan excluidos como causa de impugnación y otros se reconducen a la posible reclamación de daños y perjuicios, sin que la validez del acuerdo se pueda ver afectada.

Se trata, en definitiva, de una reforma profunda que modifica aspectos relevantes de la regulación anterior y que esperamos que contribuya a un mejor gobierno de las sociedades de capital.



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