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ETA

ETA necesitó más de 5 millones al año, que logró sobre todo de los secuestros

Los autores de un informe bajaran que la banda terrorista extorsionó a unas 15.000 personas, sobre todo en Gipuzkoa

El director de la asociación vasca de derechos humanos Bakeaz, Josu Ugarte.

El director de la asociación vasca de derechos humanos Bakeaz, Josu Ugarte

Efe
Actualizada 06/02/2018 a las 14:28
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  • Efe. Bilbao

El director de la asociación vasca de derechos humanos Bakeaz, Josu Ugarte, ha destacado que ETA necesitaba para costear su actividad terrorista más de 5 millones de euros al año y su principal fuente de financiación fueron los secuestros.

Ugarte ha coordinado durante varios años de investigación el libro "La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial", que hoy se presenta en Bilbao como un documento sobre el chantaje que ejerció la banda y que le aportó los recursos suficientes para financiar su actividad terrorista.

Ha aclarado que nunca será posible cuantificar exactamente cómo pudo afectar el terrorismo de ETA al PIB y al desarrollo económico de Euskadi y Navarra, ni determinar cuántas empresas abandonaron esos territorios por esa amenaza, ni la pérdida de inversiones o el coste en seguridad que tuvieron que hacer, por ejemplo, grandes bancos que conformaron sus propios equipos de protección y escolta para proteger a sus directivos.

Los informes periciales y datos de investigadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el inicio de su actividad terrorista en 1968 hasta 2013 han determinado que el coste económico directo de ETA puede alcanzar los 25.000 millones de euros, destacando el peso que tuvo la paralización de la construcción de la central nuclear de Lemoiz (Bizkaia), que supuso unos 6.000 millones de euros.

La empresa Iberduero alcanzó un acuerdo con el Gobierno español presidido por Felipe González para compensar a la empresa la paralización de ese proyecto y, así, "lo pagamos, vía factura de la luz, todos los españoles a lo largo de varias décadas".

Entonces, ha explicado, cuando arrancaba la democracia aún con inseguridades y llegó la crisis industrial a Euskadi, "es cuando ETA agregó desolación a la desolación", con sus años de plomo, asesinatos, secuestros y la extorsión, que agravó el declive de ese sector que también había sacudido a otras regiones de Europa.

En su época de máxima actividad, ETA funcionaba con presupuestos, a precios de hoy, de entre 5 y 6 millones de euros anuales", y a partir del año 2000 se mantenía con 2,5 millones aproximadamente, por tanto, era una organización "pequeña y casi cinco veces menos que el IRA".

El trabajo profundiza en las consecuencias de la extorsión mediante el cobro del denominado impuesto revolucionario y lo que denomina 'microextorsión' a pequeños empresarios, comerciantes y hoteleros que debían colocar huchas y recaudar pequeñas cantidades en sus establecimientos para ETA, si bien destaca que la principal fuente de ingresos de la banda fueron los 82 secuestros que realizó en sus casi cinco décadas de actividad.

Esos secuestros no solo tenían razón económica, sino que también buscaban condicionar las relaciones laborales y chantajear el Gobierno.

"La mayoría de los extorsionados por ETA no pagaron, pero la mayoría de los secuestrados sí lo hicieron", ha matizado.

Ugarte ha denunciado que la amenaza de la violencia contra los empresarios pervirtió durante décadas las relaciones sociolaborales en Euskadi, ya que había sindicatos que reivindicaba mejoras en sus condiciones laborales desde "el odio" al empresario y la amenaza de muerte por parte de la banda terrorista era real y se hacía efectiva a veces.

La documentación incautada a ETA en Sokoa en 1986 sobre la red de extorsión que dirigían Mikel Albizu 'Antza' y Soledad Iparagirre reveló los estadillos con las cartas remitidas y de los pagos recibidos, e "información valiosísima" que describía la dimensión de este fenómeno, que no se denunciaba porque quienes lo hicieron "firmaron con ello su sentencia de muerte".

Al margen de esos papeles, apenas hay información al respecto, pero los autores del informe bajaran que ETA extorsionó a unas 15.000 personas, sobre todo en Gipuzkoa.

Empresarios, altos directivos y profesionales liberales de ese territorio fueron quienes más pagaron porque era "el entorno más difícil, donde la amenaza era más real".

Ha denunciado que quién recibía esa misiva "estaba solo, no tenía ningún tipo de ayuda ni protección" para poder arriesgarse a no pagar y por lo tanto, a su juicio, empresarios como el alavés Féliz Alfaro Fournier y el guipuzcoano Juan Alkorta, que hicieron pública su decisión de no pagar ETA, deberían ser considerados por la sociedad "como héroes".

Sin embargo, los autores del libro piden no juzgar a quienes, atenazados por el miedo, pagaron a sabiendas de que con su dinero se iban a financiar atentados.

Ha denunciado que después de que ETA anunciara el cese definitivo de su "actividad armada" el 20 de octubre de 2011, aún no se ha disuelto y, por tanto, "sigue ahí, como una espada de Damocles sobre la sociedad vasca".

Según sus datos, "será muy difícil que se pueda recomponer su actividad o la de una escisión de ETA, pero hay movimientos en este sentido".

Los investigadores no han constatado ningún tipo de actividad extorsionadora en la actualidad, mientras también se van reduciendo paulatinamente las aportaciones recaudadas en fiestas y bares para las organizaciones de apoyo a los presos de la banda.

En "La bolsa y la vida", Ugarte ha coordinado a siete investigadores entre quienes figura el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, en un trabajo que reclama una reflexión sobre la extorsión de ETA, que ha sido hasta ahora "un tema muy oculto".

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