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Consulta catalana 1O

El Estado asumirá pagos no esenciales de Cataluña para evitar que se desvíen al 1-O

Montoro comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar esta medida

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa

EFE
Actualizada 15/09/2017 a las 23:52
  • Colpisa. Madrid

El Gobierno tomó este viernes el control de los gastos de la Generalitat con el objetivo de impedir que se desvíen recursos públicos a financiar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

El Ministerio de Hacienda anunció que asumirá los pagos de las nóminas de los funcionarios catalanes y las facturas de sanidad, educación y servicios sociales de la comunidad.

Una de las medidas más relevantes de un mecanismo que Cristóbal Montoro calificó de "novedoso" y que está orientado a que "ni un solo euro" se destine en los próximos 15 días a una consulta ilegal.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, reunida tras el Consejo de Ministros, respondió así a la negativa de la Generalitat de seguir enviando a Hacienda informes semanales con sus gastos desglosados.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, dio por interrumpidas las comunicaciones en una carta y denegó la posibilidad de todo "control político" una vez aprobada la ley del referéndum en el Parlamento de Cataluña y convocada de manera oficial la votación del 1 de octubre.

El incumplimiento de la medida obligaba al Gobierno a caminar a ciegas hacia la fecha del referéndum sin saber si la Generalitat invierte fondos en la organización de la consulta. De ahí que Hacienda resolviera este viernes intervenir 'de facto' el presupuesto catalán.

Por un lado, el Ejecutivo suspenderá las transferencias del sistema de financiación autonómica correspondientes a Cataluña, unos 1.400 millones de euros mensuales; y antes de pagar con esos fondos de manera directa a proveedores y funcionarios, reclamará que la Generalitat comunique al Estado las facturas pendientes y certifique que ninguna está asociada al referéndum.

Pero, además, el Gobierno concede a Carles Puigdemont un plazo de 48 horas desde la publicación del mecanismo en el BOE para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad de crédito que afecte al resto de partidas o de lo contrario el Ejecutivo se hará con el control total. Lo que se plantea supone la paralización de todos los recursos que no estén dedicados a financiar los servicios públicos fundamentales.

Hacienda busca así que la Generalitat no pueda realizar nuevos pagos que no estén ya comprometidos, aunque en caso de "urgencia o extraordinaria necesidad", el Ejecutivo podría autorizar la revocación parcial de este acuerdo. Del mismo modo, cualquier operación de endeudamiento que quiera promover el Gobierno de Cataluña necesitará del beneplácito de Hacienda.

Lo que no se toca es la recaudación de los impuestos cedidos a la comunidad y que reportan entre 240 y 250 millones al mes. Aun así, el Ejecutivo va a enviar requerimientos a las entidades financieras para que no colaboren con actividades ilegales y comuniquen al Ministerio Fiscal cualquier movimiento sospechoso.

QUIEBRA DE CONFIANZA

"No podemos confiar en unas autoridades que dicen que están comprometidas con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero a su aire", justificó este viernes en la Moncloa el ministro de Hacienda, que defendió que todas las decisiones extraordinarias adoptadas encuentran acomodo en la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esa misma norma contempla que el Gobierno pueda llegar ahí donde, según Mariano Rajoy, no quiere llegar.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución con una intervención parcial de la autonomía. A este instrumento en ningún caso se ha renunciado, especificaron este viernes fuentes de la Moncloa.

Y la diferencia respecto al paso dado por Hacienda estriba en que, de momento, la competencia de distribución de gastos sigue en manos de la Generalitat. Sólo que las facturas, debidamente justificadas, las pagará el Estado.

A día de hoy el Gobierno no puede garantizar al cien por cien que ningún recurso se haya empleado en el referéndum. Hasta el 31 de agosto, recuerda Montoro, se recibían reportes semanales. "¿Pero puede ocurrir que haya un falseamiento de documento público?", dejó en el aire sin respuesta.

La semana que viene tendrá que explicar todos los detalles en el Congreso, aunque Rajoy ya avanzó hoy el contenido a los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera.

Además, Montoro trasladará a los grupos parlamentarios que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la decisión de la interventora general de la Generalitat de acatar la orden de Junqueras y cesar el envío de informes de gasto semanales.

Un aviso a los funcionarios que decidan implicarse en la organización del referéndum pese a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Los mismos empleados públicos a los que el Gobierno advierte de su "obligación" de cumplir con la legalidad.


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