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Corrupción

El PP abre un conflicto institucional por la investigación de sus cuentas

Los populares estudian pedir en su recurso ante el Constitucional la paralización preventiva de la comisión del Congreso

Luis Bárcenas, durante su comparencia en el Congreso.

Luis Bárcenas, durante su comparencia en el Congreso.

Efe
28/06/2017 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID

El PP se pondrá en manos del Constitucional tras quemar su penúltimo cartucho en el Congreso. Los populares recurrirán ante el tribunal de garantías la comisión parlamentaria sobre su supuesta financiación irregular al entender que se ha abierto una "investigación prospectiva" sin "ningún tipo de límite temporal ni de contenido", en la que el único objetivo es su "linchamiento público".


Según informaron responsables populares, la decisión para que sus servicios jurídicos empiecen la redacción del escrito al Constitucional se tomó este martes poco después de que, como se esperaba, la Junta de Portavoces de la Cámara baja rechazara con los votos del PSOE, Podemos y Ciudadanos el recurso de reconsideración presentado por los populares para paralizar la comisión en tanto en cuanto ese órgano no fije el límite temporal a investigar y qué instituciones y qué adjudicaciones serán puestas bajo la lupa. La decisión de la Junta de Portavoces no fue ninguna sorpresa porque la Mesa del Congreso ya rechazó el 12 de junio la petición del grupo popular de obligar a la comisión a establecer límites. La Mesa también se negó entonces, como pedían los populares, a reclamar a los servicios jurídicos un informe sobre la necesidad o no de establecer un marco temporal y sobre la conveniencia de que fueran citadas personas que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales en marcha. Ahora, será de nuevo la Mesa de la Cámara Baja la que, salvo sorpresa extrema, confirme la decisión de la Junta de la Portavoces y se niegue a paralizar los trabajos de la comisión que comenzaron el lunes con la comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas. La próxima cita de este órgano que investiga la supuesta 'caja B' de los populares, siempre que la Mesa no reconsidere su decisión de seguir adelante, será el 13 de julio cuando están llamados a declarar los tesoreros del PP, Carmen Navarro, que desempeña ahora el cargo, además de sus antecesores Angel Sanchís, Alvaro Lapuerta y Rosendo Naseiro. Sin precedentes El debate ahora en el PP -que en su día votó a favor en el pleno del Congreso de poner en marcha la comisión para cumplir su acuerdo con Ciudadanos- es si pedir o no en su recurso ante el Constitucional la paralización cautelar o preventiva de los trabajos de la comisión. Los propios responsables populares admiten que no hay precedentes y, por ello, anticipan ya que el recurso se demorará todavía un tiempo para poder analizar a fondo esta posibilidad. Lo que sí tienen claro los servicios jurídicos del partido es que basarán sus recursos en anteriores precedentes en los que los tribunales ya vetaron comisiones por "no tener objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente" como ocurrió en la comisión de investigación de la la deuda del Ayuntamiento de Madrid, propuesta por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. En la Junta de Portavoces de hoy, el representante del PP, Rafael Hernando, tras la negativa del resto de los partidos a respaldar su petición, ya anunció que su partido se reserva "todas las acciones legales", aunque tampoco desveló si finalmente pedirán la paralización preventiva de la comisión. Desde hace ya más de un mes, el PP, y particularmente su portavoz en este órgano de investigación, Fernando Martínez-Maillo, viene denunciando la "caza de brujas" a la que la oposición está sometiendo su partido al negarse desde un principio a citar a personas ajenas al PP y a limitar los trabajo de la comisión. También Mariano Rajoy afirmó este lunes que la comisión es "un disparate" que "no ayuda a la lucha contra la corrupción". En sus intentos por pactar con la oposición, el PP ofreció al resto de las fuerzas circunscribir la investigación al período posterior al 2012, cuando entró en vigor la nueva ley de financiación de partidos. Esa posibilidad ya fue descartada por la oposición, que cree que ese límite temporal excluiría buena parte de las tramas que salpican al PP como Gürtel, Púnica o Lezo.


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