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CATALUÑA

Cataluña sanciona a Gas Natural por la muerte de una anciana en Reus

La Generalitat sanciona con 500.000 euros a la compañía por una "infracción muy grave" al cortar la luz a una persona vulnerable

Foto de la vivienda de la mujer fallecida en Reus.

La vivienda de la mujer fallecida en Reus.

EFE
02/06/2017 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid

La Generalitat de Cataluña sancionó a Gas Natural con medio millón de euros por una "infracción muy grave" tras la muerte de una anciana de 81 años en Reus (Tarragona) por un incendio causado por el uso de velas después de sufrir un corte de luz por impago. Así lo anuncio este jueves el secretario de Empresa y Competitividad del gobierno catalán, Joan Aregio, quien censuró la decisión de la compañía de interrumpir el suministro de electricidad a una persona con un perfil de especial vulnerabilidad frente a la pobreza energética. De hecho, recordó que los ancianos son un colectivo protegido de forma específica por el Código de Consumo de Cataluña. Asimismo, Aregio explicó más detalles del trágico suceso ocurrido el pasado noviembre y que provocó una gran indignación social. Así, defendió el castigo impuesto a la empresa -se enfrentaba a un máximo de un millón de euros de multa- porque la eléctrica decidió cortar la luz a la anciana "sin haber solicitado previamente un informe de los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial" tal y como establece la ley sobre la pobreza energética catalana. En concreto, la octogenaria llevaba dos meses con la luz cortada por impago sin que la empresa hubiera avisado en ese tiempo de esta situación a los servicios sociales. Además, de esta falta información la Generalitat ha considerado también como un agravante que la afectada por la medida de Gas Natural fuese una anciana. Por todo ello el responsable de Empresa y Competitividad de la Generalitat calificó de "justa" la sanción impuesta.

Por su parte, la compañía siempre se ha defendido alegando que desconocía la situación de vulnerabilidad de la mujer porque los servicios municipales no se lo advirtieron. En cualquier caso, la sanción no es firme y ahora se abre un plazo de dos meses en los que la compañía puede presentar un recurso por la vía administrativa.


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