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Cataluña

El Gobierno confía en frustrar el referéndum en su fase preparatoria

Rajoy agradece el respaldo de Sánchez, aunque por ahora no se ha "planteado" convocar una mesa de partidos

Imagen del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (izquierda), saludando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (derecha).

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (izquierda), saluda al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (derecha).

EFE
Actualizada 30/05/2017 a las 20:55
  • Colpisa. Madrid

El camino recorrido por el independentismo desde la consulta del 9 de noviembre de 2014 está trufado de pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Las sentencias, providencias y autos emitidos desde aquel año conforman un armazón jurisdiccional con el que el Gobierno espera cortar el paso a la Generalitat y frustrar los trabajos de preparación del referéndum en Cataluña. Fuentes del Ejecutivo subrayan que a día de hoy es "muy difícil" que los partidos secesionistas puedan incluso hacerse con la equipación necesaria para sacar las urnas a la calle. Y ese es el escenario que contemplan en la Moncloa.

El Gobierno recuerda las múltiples resoluciones que se han acumulado desde que en 2015 el Constitucional sentenció contra el 9-N y la ley autonómica de consultas que daba cobertura a la convocatoria. Pero el auto más significativo es del pasado 14 de febrero, cuando el tribunal de garantías acordó por unanimidad anular la hoja de ruta del Parlamento catalán para convocar el referéndum independentista "como muy tarde en septiembre de 2017".

En ese escrito se advertía sobre las consecuencias, incluso penales, de avanzar hacia la consulta. Desde entonces, el Ejecutivo asegura que el Estado, en el ámbito del Constitucional pero también en el de los tribunales ordinarios, cuenta con un instrumento para obstaculizar los planes de ruptura de la Generalitat. Como muestra inciden en la querella que el 16 de mayo presentó la Fiscalía Superior de Cataluña contra la consejera de Gobernación catalana por la compra de urnas de votación. El Ministerio Público acusó a Meritxell Borràs de los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos.

Fuentes de la Moncloa subrayan que de este modo podrá frenarse la compra del material para la organización de la consulta, su transporte e incluso su almacenamiento. "Puede que no haga falta usar la fuerza para retirar las urnas, si no hay urnas que quitar", apuntan en el Gobierno. Los mismos cargos advierten, además, a funcionarios e incluso empresarios de que su participación en el proceso también podría estar sancionada.

SIN CHOQUE DE TRENES

De ser así, nunca llegaría a producirse la imagen del Ejecutivo central tomando las riendas de la policía autonómica o de la Consejería de Educación para precintar los colegios electorales. No haría falta porque se habría dejado a la Generalitat sin herramientas para llevar a efecto el referéndum. Eso no significa que el presidente catalán, Carles Puigdemont, no vaya firmar su convocatoria, pese a la condena de inhabilitación que ha tenido que afrontar su predecesor en el cargo, Artur Mas. Si esto ocurriera, el Gobierno confirma que recurriría de inmediato.

Aun así, todos los escenarios se han examinado en la Moncloa. Pero fuentes del Ejecutivo esperan que no sea necesario recurrir incluso a la intervención de las competencias del Gobierno catalán para que los independentistas no culminen su plan. La vía de los tribunales facilita, además, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no necesite realizar movimientos excepcionales, más allá de las declaraciones políticas, para reconducir el conflicto.

En este ámbito, el presidente se da por satisfecho con el diálogo discreto y el consenso con formaciones como el PSOE y Ciudadanos. Rajoy confesó este martes, en una intervención desde Portugal tras la cumbre hispano-lusa, que no se ha planteado la convocatoria de una mesa multipartita para escenificar este frente común como han propuesto los socialistas. Si acaso en su entorno están dispuestos a estudiar esa propuesta, quizá con un formato de ronda de contactos, siempre que para el PSOE sea importante. En el Ejecutivo admiten su interés en recuperar la relación con los socialistas y celebran el gesto de Pedro Sánchez, que el lunes telefoneó al presidente para mostrarle su apoyo contra el referéndum. "Es muy positivo", reconoció Rajoy con ánimo de hacer borrón y cuenta nueva.


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