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Audiencia Nacional

La antigua cúpula de la CAM, al banquillo por su saqueo

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos acusados de media docena de delitos y embargados por una fianza de 1.592 millones

Fachada de la Audiencia Nacional de Madrid.

Fachada de la Audiencia Nacional de Madrid.

EFE
Actualizada 28/05/2017 a las 19:00
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  • Colpisa. Madrid

El saqueo "organizado" de las arcas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tuvo que ser rescatada en 2011 con 5.249 millones de euros de dinero público, sentará a partir de este lunes  y hasta el 21 de julio en el banquillo de la Audiencia Nacional a ocho ex altos cargos de la entidad con su expresidente, Modesto Crespo, a la cabeza. Están acusados de media docena de delitos, entre ellos estafa, falsedad, administración desleal y apropiación indebida, por los que se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años.

También pesan sobre ellos indemnizaciones por 1.592,5 millones de euros, y sobre las que en abril de 2016 se les impuso una fianza civil conjunta que, al no poder sufragar, motivó que su patrimonio fuera embargado de forma cautelar. A su vez, el Banco Sabadell -que se quedó el negocio bancario de la caja- ha sido declarado responsable subsidiario para el pago, en caso de haber condena, de 25,6 millones por las cuotas participativas de la CAM.

La instrucción se prolongó tres años y medio, con la Fiscalía Anticorrupción -que pide penas de hasta siete años de cárcel- y el Fondo de Garantía de Depósitos -hasta nueve años- como principales acusaciones.

Entre los perjuicios que los acusados causaron presuntamente a la CAM destaca la "alteración" de sus cuentas de 2010 y 2011, pues "no reflejaban la imagen fiel de la entidad" y se hicieron operaciones a espaldas del auditor. Fue, resalta la juez Carmen Lamela, "la ejecución de un plan concertado por el comité de dirección", cuya finalidad era la integración en una "fusión fría" con otras cajas para así "diluir el verdadero estado crítico" de sus finanzas. De esa forma podrían "cobrar los incentivos por resultados, junto a otros complementos por su buena marcha". En el caso de las cuentas de 2011, directamente "estaban falseadas" para ocultar su "situación crítica" -hasta 1.136 millones en pérdidas-, "manipulaciones" contables que "agravaron su insolvencia".


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