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Independencia Cataluña

Rajoy da el portazo definitivo a Puigdemont

El presidente del Gobierno certifica por carta su negativa a negociar un referéndum "a espaldas de la ley"

Imagen del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (izquierda), saludando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (derecha).

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (izquierda), saluda al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (derecha).

Archivo / EFE
Actualizada 25/05/2017 a las 21:12
  • Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy plasmó este jueves por escrito el último portazo del Gobierno a pactar un referéndum de independencia para Cataluña. Apenas 24 horas después de la carta que Carles Puigdemont envió a la Moncloa, el presidente negó cualquier negociación encaminada, a su entender, a vulnerar el núcleo de la Constitución española. "Considero inexcusable volverle a reiterar no sólo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y el orden constitucional", advirtió en su misiva el jefe del Ejecutivo.

El intercambio epistolar no sólo constata formalmente la distancia que separa al Ejecutivo y la Generalitat, sino que constituye el punto de partida de la última fase hacia el referéndum que el independentismo planea convocar después del verano. Sin saber hasta dónde llegará el conflicto y si en septiembre el temido "choque de trenes" será ineludible, ambas partes han diseñado su propia hoja de ruta. El Gobierno catalán, con el objetivo de colocar las urnas en la calle, y el central, con el reto de impedirlo. En la Moncloa reconocen tener un plan. Y es posible que incluso ya se haya puesto en marcha. En los últimos días, el manido discurso sobre la necesidad de respetar la ley y los cauces democráticos se ha transformado en una advertencia que va tomando cuerpo. El presidente y sus ministros han elevado el tono para transmitir el mensaje de que esta vez no habrá votación, que el referéndum de 2017 no será la segunda parte de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, cuando Rajoy tuvo que afrontar las críticas de su propio partido por inacción.

"Estamos dispuestos a impedir que se pueda llegar a poner esa urna de papel, de cartón, de cristal o como se quiera, porque ya se está comprobando que aquellos que colaboran en esa actuación van a tener consecuencias y responsabilidades penales", reafirmó en la cadena Cope la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El destinatario del aviso no sólo se encuentra en la clase política catalana, después de que quienes promovieron el 9-N -entre otros, el presidente catalán, Artur Mas, o el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs- se hayan enfrentado a condenas de inhabilitación por desobediencia. También va dirigido al entramado civil, a aquellas empresas que opten por colaborar con el proceso y al funcionariado, porque fuentes populares contemplan que se pueda multar a los empleados públicos que faciliten el referéndum.

Del mismo modo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no ha querido descartar esta semana la posibilidad de que, llegado el caso, el Gobierno tenga que hacerse con el control de la policía autonómica catalana: "No le quepa la menor duda de que el Estado, el Gobierno de la Nación tomará todas las medidas que tenga que tomar".

Todo estaría contemplado en los informes que desde hace meses se manejan en la Moncloa. Documentos que recogen cada posible acción de la Generalitat y la consecuente reacción del Gobierno. Tal y como se avanzó en febrero de este año, la estrategia implica a varios ministerios e incluye medidas jurídicas y coercitivas que, como último recurso, podrían llevar al Ejecutivo, previa autorización del Senado, a aplicar el artículo 155 de la Carta Magna e intervenir determinadas competencias de la comunidad autónoma si esta incumpliese la ley.

Pero el Gobierno, que por ahora sólo busca que la Generalitat recule, se compromete a proceder con "proporcionalidad" e insiste en que todo depende de hasta dónde esté dispuesto a llegar el bloque secesionista. El presidente se negó este jueves a "adelantar acontecimientos" y a "anunciar problemas", aunque lo que sí quiso aclarar es su determinación frente a la consulta. "Mal presidente sería yo si permitiese eso -subrayó a su llegada a la cumbre de la OTAN en Bruselas-, y tenga la total y absoluta certeza de que no lo voy a permitir".

Tampoco acepta Rajoy "la amenaza de una declaración unilateral de independencia" en caso de que el referéndum no pueda llevarse a efecto. Y en este punto no sólo pide "un poco" de sentido común, sino el respaldo del PSOE y del "mayor número de fuerzas políticas" para defender la soberanía nacional.

DECLARACIÓN UNILATERAL

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sin embargo, no quiso especificar este jueves, en una entrevista en Onda Cero, si su gobierno trabaja en esa ley de transitoriedad jurídica que permita la desconexión inmediata de Cataluña. Pero insistió en que el borrador publicado el lunes por el diario El País, y que recoge esta posibilidad, "no responde en nada" a lo que quiere hacer el ejecutivo autonómico.

Tampoco Puigdemont pisó el acelerador tras la negativa de Rajoy a negociar la consulta. Pese a que en las últimas semanas había advertido de que en cuanto tuviera el no de la Moncloa, daría por agotada la vía del pacto y activaría el referéndum unilateral, no pulsó el botón rojo e insistió en el diálogo. "No es la respuesta que esperábamos ni la que sirve para dar una solución al desencuentro -lamentó-; las puertas estarán abiertas hasta el final para acordar el mecanismo para votar".

El presidente de la Generalitat reclamó al jefe del Ejecutivo que ponga una propuesta sobre la mesa y que no haga política en los juzgados, ni a través de los medios de comunicación ni en las cloacas del Estado. "Me entristece ver cómo se hacen alusiones al uso de la violencia o la suspensión de la autonomía", reprochó.

Puigdemont volvió a descartar, además, la invitación de Rajoy para acudir al Congreso de los Diputados y abandonar los planteamientos que generen "frustración". No comparecerá en las Cortes sin un acuerdo previo entre el Gobierno central y el catalán sobre la consulta.


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