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Los cortes de luz por impago caen un 40% en tres años

Después de que en 2013 un millón de usuarios sufriera interrupción de suministro, ahora este problema afecta al 1,5% de los contratos en vigor.

La factura de la luz

La factura de la luz

EFE
15/05/2017 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid

Los efectos de la crisis -primero- y la recuperación -después- han discurrido en paralelo al del número de familias afectadas por los cortes de luz de sus compañías ante el impago de los recibos. Solo en 2016 se registraron 384.597 casos en los que las empresas intervinieron en los hogares para desconectar el suministro de electricidad.

La cifra aún representa un 1,5% de todos los usuarios domésticos, aunque, a pesar de la magnitud, en los últimos tres años este tipo de actuaciones se han reducido un 38,8%.

Así consta en los informes anuales presentados ante la CNMV por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa (en este caso, sólo a partir de 2014), las tres compañías que controlan la mayor parte del mercado doméstico. El registro de cortes en 2016 contrasta con los 931.000 que realizaron entre Iberdrola y Endesa -sin contar con los datos de Gas Natural- en el peor momento de la crisis, en pleno 2013.

Desde aquel momento, la reducción de las intervenciones de las compañías se ha hecho notable, al pasar a las algo más de 650.000 en 2014 y 2015, o las menos de 400.000 registradas en los últimos 12 meses.

Las estadísticas facilitadas por la tres corporaciones muestran una radiografía muy heterogénea en cuanto al tipo de conflictos familiares con los que se enfrentan. Hay que tener en cuenta que aproximadamente tres cuartas partes de esas interrupciones de suministro se resuelven entre 24 y 48 horas después de que los técnicos de las firmas hayan acudido a esos hogares para materializar la interrupción.

En Iberdrola, en casi 104.000 casos de los 141.000 registrados, así ocurrió durante el año pasado antes de los dos días posteriores al corte. En Endesa, sus estadísticas muestran que en 113.091 ocasiones -de las 160.000 contabilizadas- se restableció el suministro 24 horas después. Y en Gas Natural, en 56.168 casos se resolvió en ese tiempo, de los más de 82.000 registrados.

El peor momento de la crisis energética se vivió entre las familias en 2012 y 2013 cuando las compañías acudían a las casas de sus clientes para formalizar una medida que se fue generalizando ante las carencias laborales y de subsistencia de muchas familias.

Desde entonces, el de la pobreza energética se convirtió en uno de los problemas sociales más importantes que tuvieron que afrontar las eléctricas ante la presión ciudadana para que acabasen con su política de cortes de luz por impagos de las facturas. En ese sentido, durante los años más duros de la crisis, el Gobierno no modificó la legislación relativa a las ayudas para contener este conflicto.

La única medida que el Gobierno puso en marcha para minimizar el impacto de la pobreza energética fue el bono social: una rebaja del 25% en la parte del consumo de luz de la factura mensual para determinados colectivos -hogares con menos de tres kilovatios de potencia contratados, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y parados-.

Ahora, el Ministerio de Energía ha propuesto modificar las condiciones para acceder a ese beneficio estableciendo un baremo en función de la renta de cada familia: hasta 11.182 euros si no hay hijos a cargo; hasta 14.910 con un hijo; hasta 18.637 con dos hijos; todas las familias numerosas con un consumo proporcional; y pensionistas.

Y si los hogares se incluyen en el colectivo de "vulnerables severos" -con rentas anuales de hasta 9.318 euros según los casos-, el descuento a aplicar en la tarifa de luz será del 40%. Las grandes compañías se han mostrado a favor de este nuevo sistema ligado a los ingresos a pesar de que su coste será de aproximadamente 235 millones al año, frente a los 200 millones que tenían que abonar hasta ahora.

Pero lo harán el conjunto de compañías generadoras y distribuidoras -y no solo estas, como hasta ahora-, por lo que el importe a sufragar será menor al repartirlo entre todo el sector y no solo entre determinadas corporaciones.

Este cambio en el criterio llega medio año después de que una anciana de Reus (Tarragona) falleciera en su casa por el incendio provocado por una vela, al no contar con suministro eléctrico por impago. El suceso conmovió a toda España y puso a las eléctricas en el disparadero de las asociaciones de consumidores y los partidos de la oposición.

Convenios públicos
Las tres grandes firmas del sector energético han venido acordando una serie de convenios con diferentes instituciones para contener un clima de tensión que ha calado entre toda la población contra ellas. Hasta finales del año pasado se encontraban en vigor más de 250 pactos de este tipo.

La corporación con más acuerdos en su mesa era Endesa (157). Y Cataluña, la comunidad autónoma donde más pactos ha firmado (37), seguida por Baleares (31), Canarias (25), Andalucía y Badajoz (51), así como en Aragón (siete) y otros a escala autonómica en Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria.

En el caso de Gas Natural Fenosa, se ha centrado en el área metropolitana de Barcelona, con 36 convenios en diversos municipios; también cuenta con ellos en otras siete urbes (Zaragoza, La Coruña, Castellón, Sevilla, Logroño, Almassora y Villagarcía de Arosa), y ultima más en Baleares y Aragón. Por su parte, Iberdrola ha firmado 44 convenios con administraciones, ONG y asociaciones que cubren al 99% de sus clientes residenciales.


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