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CATALUÑA

Rajoy avisa a Puigdemont de que no puede comprar urnas para el referéndum

El independentismo reitera su "determinación absoluta" con la consulta y cree que la Moncloa, haga lo que haga, no podrá impedirla

Mariano Rajoy entrega una copia del Quijote a Carles Puigdmont.

Mariano Rajoy entrega una copia del Quijote a Carles Puigdmont.

AF`P
06/05/2017 a las 06:00
  • Colpisa. Barcelona

El proceso catalán entra en terreno desconocido, en el que cada paso que den los soberanistas puede tener consecuencias penales. No solo para los dirigentes políticos, sino también para los funcionarios y las empresas que colaboren con el referéndum. Este fue el aviso que lanzó este viernes el Gobierno central, un día después de que la Generalitat anunciara que va a sacar a licitación la compra de las urnas para la consulta que Carles Puigdemont pretende celebrar en septiembre. Como en todos sus movimientos, el Ejecutivo catalán juega el equívoco y las cosas no acaban de llamarse por su nombre, ya que tiene previsto encargar 8.000 urnas, pero no dice que sean para el referéndum, lo que sería ilegal, sino que son presuntamente para elecciones catalanas, consultas y procesos participativos. "Esta actuación es absolutamente legal", afirmó la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, encargada del concurso.

El Gobierno central, en cualquier caso, advirtió con contundencia que en cuanto el anuncio para la adquisición de las urnas se publique en el diario oficial, la Fiscalía actuará. Lo hará sobre la base de los avisos que tienen los miembros del Gobierno catalán por parte del Constitucional de que deben "impedir o paralizar cualquier iniciativa" que suponga desarrollar el referéndum.

El Ejecutivo insistió en que la consulta es ilegal y que el Constitucional "ya dijo que impediría su celebración", por lo que instó a los que están en una "deriva" por su dependencia de la CUP que "no den más pasos" porque el Constitucional ha dejado las cosas "meridianamente claras". "No es posible saltarse la ley", advirtió el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros.

PROCESO ENROCADO

En realidad, el proceso está casi donde siempre en la batalla que libran por la opinión pública. Mientras el Gobierno asegura que la consulta no se celebrará, el independentismo afirma lo contrario. "Abriremos los colegios y que luego hagan lo que quieran", afirmó el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà. La estrategia secesionista pasa por forzar la máquina al máximo para provocar una intervención desproporcionada del Gobierno de Rajoy. Abrir colegios, poner urnas y que sea la Policía la que actúe mientras miles de catalanes presionan en la calle. Este es el escenario que plantea el soberanismo, que a pesar de las advertencias gubernamentales insiste todos los días en que "no piensa retroceder ni un milímetro". "El referéndum se va a hacer y el Estado quedará desbordado democráticamente, tenemos absoluta determinación con el referéndum", afirmó Jordi Turull, de Junts pel Sí. El Gobierno, remató, "no podrá impedir la compra de urnas".

La licitación puede abrir un nuevo frente judicial entre el Gobierno central y el catalán, pero cierra, de momento, una crisis de desconfianza entre los socios secesionistas, que en los últimos tiempos no hacen más que mirarse de reojo y buscar posibles responsables por si el proceso fracasa. Gobernación, en manos del PDeCAT, se negó en un primer momento a comprar las urnas y reclamaba una orden por escrito de la Vicepresidencia que dirige Oriol Junqueras. Este recelo se acrecentó después de que el PDeCAT acusara a los republicanos de haber grabado y filtrado una charla del número tres convergente, David Bonvehí, en la que reconocía que su partido buscaría un candidato "autonomista" si fracasa el proceso. Por ello, Puigdemont y Junqueras han tenido que cerrar filas y dar un primer paso hacia el referéndum con el concurso de las urnas y que concreta el compromiso sobre la organización, convocatoria y celebración de la consulta suscrito hace quince días por el Gobierno catalán en pleno.


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