La larga sombra de la corrupción que desde hace tiempo se cierne sobre la antigua Convergència se confirmó con pelos y señales este miércoles en el juicio del 'caso Palau'. Por primera vez en sede judicial y en público, dos de los principales acusados, Félix Millet y Gemma Montull, confirmaron lo que hasta la fecha era una acusación de la Fiscalía, la formación nacionalista se financió a través del Palau de la Música y recibió comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas del Gobierno catalán. Lo que Pasqual Maragall definió en 2005 como "ustedes tienen un problema que se llama 3%", Millet lo tradujo: "Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera Convergència a cambio de obra pública". No era el 3% que decía el expresidente socialista de la Generalitat, era el 4%. Se esperaba con expectación la declaración de la hija del exnúmero dos del Palau, Gemma Montull, que fue directora general de la entidad cultural, pero en cambio el que cantó el gordo fue Millet, que admitió, como ya hizo en 2009, que se apropió de fondos del Palau, aunque no asume las cantidades que le imputa la Fiscalía (cerca de 30 millones), pero inculpó por primera vez a Convergència, algo que no hizo durante la fase de instrucción. Un cambio que hace suponer un acuerdo entre sus abogados y el Ministerio Público para que tirara de la manta a cambio de una rebaja en la petición de pena.

Según el relato de ambos, este jueves completará la terna de declaraciones Jordi Montull, Ferrovial, a través de la intermediación del Palau, donaba el 4% del coste de cada obra que se le adjudicaba. La mordida se la repartían entre los mediadores -Millet y Montull, que se quedaban el 1,5%- y la formación política, 2,5%. A cambio el partido garantizaba que la constructora ganara concursos públicos de la Generalitat. El dinero llegaba al Palau en concepto de patrocinio, pero como reconoció Montull, el "patrocinio real era muy inferior, ya que la mayoría del dinero iba para comisiones". Usaban además tres métodos de pago a la fenecida Convergència, las entregas en efectivo, facturas falsas y donaciones a la fundación Trias Fargas, dependiente de ese partido. Tanto Millet como la hija de Montull cargaron las tintas sobre otro de los acusados, el extesorero Daniel Osácar, quien sustituyó a Carles Torrent, que también estaba imputado en la causa, pero falleció. Aunque la investigación apuntó a que un alto cargo de CDC estaba al corriente de la trama que "no pudo ser identificado", según el juez instructor, los dos acusados limitaron las responsabilidades a Osácar y Torrent y no fueron más allá.

RECHAZO Y ASCO

La declaración de Millet y la hija de Montull cayó como una bomba en el soberanismo, solo comparable a la confesión que hizo Jordi Pujol en 2014 sobre la fortuna que mantuvo oculta al fisco durante décadas. Como entonces, la comparecencia de Millet abrió la caja de los truenos en las fuerzas soberanistas, más necesitadas que nunca de la unidad, y a las que el juicio del Palau le pasará factura porque su frágil cohesión puede saltar por los aires. Esquerra se apresuró a distanciarse de sus socios. "Lo que hemos escuchado nos produce rechazo y un asco profundo", afirmaron los republicanos. La CUP fue más allá y apuntó contra Mas y reclamaron su comparecencia porque "no podemos que se relacione la corrupción con el independentismo". El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, marcó distancias y replicó que su Gobierno "no tiene ningún caso de corrupción política". En cualquier caso, una de las claves del proceso soberanista está en saber cuántos casos más pueden tolerar Esquerra y la CUP sin romper el frente independentista, y cuánto están dispuestos a quemarse en esa tarea, sobre todo el vicepresidente y líder de los republicanos, Oriol Junqueras. La otra derivada política es para el PDeCAT, que sigue a la búsqueda de un candidato. Ningún acusado apuntará contra Mas, pero el expresidente de la Generalitat era el responsable del partido cuando sucedieron los hechos que se juzgan. Podrá alegar que son sucesos del pasado y que el partido ahora es otro, pero Mas ya estaba entonces y aún sigue al frente de la nave. Parece evidente que una condena de Osácar arruinaría todos sus planes políticos.