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Generalitat de Cataluña

La Generalitat advierte de que no acatará la suspensión de la autonomía

El vicepresidente Oriol Junqueras advirtió ayer al Gobierno central de que si suspende la autonomía, ignorarán la decisión y seguirán ejerciendo sus competencias

Oriol Junqueras.

Oriol Junqueras.

EFE
14/02/2017 a las 06:00
  • COLPISA. BARCELONA

La Generalitat lleva semanas insistiendo en que ninguna de las medidas coercitivas que tiene sobre la mesa el Gobierno central para abortar la convocatoria del referéndum conseguirá frenar el proceso independentista. Ni siquiera la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitiría a la administración intervenir la autonomía. El vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, advirtió ayer al Gobierno central de que si suspende la autonomía catalana para tratar de impedir la celebración del referéndum, la Generalitat ignorará la decisión y seguirá ejerciendo sus competencias. La aplicación del artículo 155 de la Constitución podría implicar, entre otras cuestiones, la asunción por parte de la administración central de las competencias catalanas en seguridad (Mossos d'Esquadra) y educación. Junqueras, en cambio, avisó que no lo contempla en ningún caso. "Si nos suspenden las competencias, las defenderemos ejerciéndolas", aseguró. Mucho se ha hablado sobre el choque de trenes entre Cataluña y el resto de España y sobre cómo se concretará en la práctica. La advertencia de Junqueras es una muestra de cómo podría visualizarse este enfrentamiento. Otro ejemplo lo puso el portavoz de su partido, Sergi Sabrià. No solo reiteró que la Generalitat celebrará un referéndum vinculante, sino que avisó que en caso de victoria del sí, el Parlamento catalán proclamará la independencia "al día siguiente". Esta fue la contundente respuesta del secesionismo a las palabras de Mariano Rajoy el pasado fin de semana en el congreso del PP, en el que se negó a negociar la consulta, aseguró que la votación no podrá celebrarse y definió la secesión de Cataluña como una "amputación terrible y dolorosa". El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, le replicó que el "imperio español es una historia de amputaciones".


"Quitar las urnas" Mientras desde las filas soberanistas se interpelaba a Rajoy para que se pronuncie sobre "cómo vendrá aquí a quitar las urnas" de los colegios electorales durante el referéndum previsto para septiembre, el independentismo se prepara para la colisión con el resto de España. La amenaza fue de Artur Mas y la lanzó el domingo por la noche a través de la televisión pública catalana. Para culminar el proceso es posible que se llegue a "conflictos, tensiones y posibles desobediencias", dijo. A su juicio, la batalla política entre Cataluña y el resto de España la ganará quien tenga más "fuerza". "Estamos en un final de camino donde cada uno está acumulando fuerzas. España ya ha perdido a la mitad de Cataluña. Si no hace frente a este reto acabará perdiendo más de la mitad", expresó el expresidente de la Generalitat, que ha salido reforzado del juicio del 9-N y ha multiplicado sus apariciones públicas, casi como si ya fuera el candidato del PDeCAT a las próximas elecciones. El soberanismo, según Mas, cuenta con una carta que no tiene el Estado, como es la movilización de la ciudadanía, a la que se le van a pedir esfuerzos extra de aquí al mes de septiembre: primero por el juicio del 9-N; más tarde cuando haya sentencia; cuando vaya a juicio Forcadell; la Diada... y finalmente la presión popular para que Puigdemont resista a las medidas coercitivas anunciadas por el Gobierno y desafíe la legalidad convocando y celebrando la consulta. Un escenario de enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España, pero también de tensión interna en la comunidad catalana, ya que los alcaldes del PSC, por ejemplo, ya han avisado que "no colaborarán" en ningún caso en un eventual referéndum ilegal y que en todo momento "cumplirán y harán cumplir la ley". Cataluña avanza, como solía repetir Mas, a terreno desconocido y la siguiente etapa del proceso independentista será la aprobación -entre junio y julio o incluso antes, dependiendo de si hay inhabilitaciones- de la ley de transitoriedad jurídica, una declaración de independencia de facto, que situará a la comunidad catalana al margen de la legalidad española y que debe servir como marco legislativo para el referéndum.


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