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Bankia

El inspector del Banco de España abogó por sacar a bolsa BFA-Bankia en conjunto

José Antonio Casaus aconsejaba la salida a bolsa como banco único pero no como banco doble, lo que en su opinión sería "el primer paso para la nacionalización de las pérdidas, algo injusto"

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El inspector del Banco de España abogó por sacar a bolsa BFA-Bankia en conjunto

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

EFE (ARCHIVO)
Actualizada 14/10/2016 a las 14:38
  • EFE. MADRID
El inspector del Banco de España José Antonio Casaus era partidario de sacar a bolsa el Grupo BFA-Bakia como una sola entidad, por el riesgo de pérdidas para contribuyentes y accionistas, por delante de la opción que se impuso y que se veía como una "bombona de oxigeno", separar a Bankia de su matriz BFA.

Así consta en cuatro correos remitidos por el organismo al juez que investiga la operación y fechados los días 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011, apenas dos meses antes de la salida a bolsa, que tuvo lugar en julio de ese año.

En ellos, Casaus aconsejaba la salida a bolsa como banco único pero no como banco doble, lo que en su opinión sería "el primer paso para la nacionalización de las pérdidas, algo injusto".

Por el contrario, de hacerse como un banco único no hubiera provocado pérdidas ni para los accionistas ni para los contribuyentes, explica, aunque la alternativa preferida era en aquel momento que un banco, "preferiblemente extranjero", se hubiera hecho con la entidad.

En una carta que acompaña a los correos, Casaus precisa que en todo momento, en su declaración ante el juez, al referirse al Grupo Bankia o a Bankia a secas se refería al Grupo BFA-Bankia, que era el objeto de su análisis.

En los mensajes, Casaus señala que el Grupo BFA-Bankia no es viable "a medio plazo una estructura como la que tiene", a no ser que se produjera la toma de control por parte de una banco, "preferiblemente extranjero, que pueda convencer al mercado de que puede afrontar 120.000 milones de euros de financiación mayorista".

De ese modo, prosigue, no perdería nadie, "ni el contribuyente ni el accionista", pero en caso contrario, de no ser posible encontrar una entidad financiera que se hiciese con el grupo, la recomendación era la salida a bolsa pero como un banco único, y no con la estructura de doble banco, que fue la que finalmente se impuso.

La salida a bolsa con un banco doble "es el primer paso para la nacionalización de las pérdidas, algo injusto y contrario" al mandato recibido.

La entidad, según Casaus, mostraba una débil capacidad de generar recursos, y su viabilidad era cuestionable por los "graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia", además de por un gobierno interno "mejorable con unos gestores desalineados entre sí y desacreditados ante el mercado, por su marcado perfil político".

En concreto, menciona la "cuestionable honradez de los gestores, que en 2009 se llevaron un bonus suoerior al que les correspondía", así como "la falta de sintonía entre el presidente y el vicepresidente" y la "debilísima y decreciente capacidad para generar resultados de forma recurrente".

Sin embargo, en los correos no se pone en cuestión en ningún momento la existencia de provisiones suficientes para hacer frente a deterioros en el momento de la salida a bolsa, un asunto que ha centrado buena parte de las declaraciones a lo largo de la fase de instrucción del caso.
Durante su declaración como testigo ante el juez, a comienzos de septiembre, Casaus ya señaló que el Grupo era inviable pero admitió que sí contaba con las provisiones necesarias.

Las misivas se suman a la documentación que el Banco de España ha remitido al titular del juzgado central de instrucción nº 4 de Madrid, Fernando Andreu, a petición de éste, que incluía correos electrónicos y conclusiones que de 'manera informal y flexible' fueran elevadas a la jefatura por el equipo inspector.

Entre esos documentos no figuraban los cuatro correos remitidos ahora por el organismo, por lo que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular, instó al magistrado a pedirlos.

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