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CATALUÑA

Un camino hacia la independencia catalana lleno de minas

El secesionismo catalán confía en una respuesta desproporcionada del Estado que le ayude a culminar el proceso y precipite la "desconexión"

Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont

18/09/2016 a las 06:00
  • COLPISA. BARCELONA
La gran partida de póquer en que se ha convertido el proceso soberanista, en el que las dos partes esconden sus cartas y confían en un movimiento erróneo del contrario para llevarse el botín, ha entrado en su fase decisiva. En junio o julio del año que viene, según el compromiso de Carles Puigdemont, Cataluña deberá estar lista para la ruptura y para ser convocada a las urnas; está por ver si en un referéndum unilateral de independencia o en unas elecciones autonómicas similares a las del 27-S de 2015.

Una victoria independentista daría paso a la redacción de una Constitución, que debería ser refrendada por la ciudadanía. Esto es lo que dice la hoja de ruta pactada entre Junts pel Sí y la CUP. Sin embargo, hasta que los catalanes vuelvan ser a llamados a votar, aún tienen que pasar muchas cosas y algunas de ellas imprevisibles. La primera fecha es inmediata. El presidente de la Generalitat se someterá dentro de 10 días a una cuestión de confianza, que la CUP ya ha confirmado que apoyará, y que le debe servir para coger impulso y reforzar su liderazgo.

Su primera gran prueba de fuego serán los presupuestos. Los anticapitalistas ya tumbaron los de 2016 y pueden volver a hacer los mismo con los de 2017. Si bloquean las cuentas, el fantasma del adelanto electoral pesará como una losa sobre Puigdemont. En cualquier caso, no es nada descabellado pensar que los antisistema se taparán la nariz y acabarán votando los presupuestos. El calendario se sitúa entre octubre y diciembre. Y Puigdemont estará en disposición de encarar la fase final de la legislatura de 18 meses y se propondrá culminar el proceso.

El próximo 28 de septiembre dará pistas de cómo piensa hacerlo, pero la atención estará en las tres leyes de la desconexión, ideadas para ser los fundamentos del futuro estado catalán: la hacienda propia, la seguridad social y la ley de transitoriedad jurídica. Todas ellas están ya en trámite parlamentario, aunque en fases muy iniciales. Desde Junts pel Sí (coalición en la que están CDC y ERC) admiten que van algo "lentos", si bien confían en que los trabajos se avivarán a partir de la moción de confianza. Y se acelerarán, añaden, "cuando el Estado nos obligue con sus actuaciones represoras".

TENSAR LA CUERDA

Aquí está una de las claves de los próximos meses: hasta dónde están dispuestos unos y otros a tensar la cuerda. Si es que no se rompe, ya que la aprobación de las tres leyes de la desconexión supondrá, de facto, una declaración de independencia. Especialmente, la ley de transitoriedad jurídica. Es la que debe hacer de puente entre la legalidad española y la catalana. Si entrara en vigor, la legislación española dejaría de funcionar en Cataluña.

Fuentes de Ciudadanos afirman que la Cámara catalana (donde hay mayoría absoluta de Junts pel Sí y la CUP) podría aprobar una ley de este tipo, de manera "chapucera", pero el Tribunal Constitucional la tumbaría de inmediato y dejaría de tener validez. Las fuerzas constitucionalistas harán todo lo que esté en su mano para intentar que la Cámara no lleve al pleno estas leyes, presentando recursos de inconstitucionalidad e incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional. Eso sí, de momento, la vía de los recursos no está siendo suficiente para frenar a las fuerzas soberanistas, pues en julio ya aprobaron un informe que apostaba por la vía unilateral hacia la ruptura, a pesar de que pesaba sobre ellos la advertencia de la corte.

¿Respetarán, por tanto, los independentistas la autoridad del Constitucional cuando quieran aprobar las leyes de la desconexión? Ahí llegará el llamado choque de trenes. Expertos constitucionalistas han apuntado esta semana la crisis política mayúscula que se abrirá si los independentistas aprueban la ley de transitoriedad jurídica y deciden aplicarla. De entrada, podría pasar que una parte de la sociedad catalana decidiera pagar sus impuestos a la hacienda catalana y la otra siguiera pagando a la española. Solo es un ejemplo. Pero además está la respuesta del Estado: la presidenta de la Cámara, inhabilitada; diputados inhabilitados; causas penales y el fantasma de la suspensión de la autonomía. Y en paralelo, el caso 9-N. Fuentes parlamentarias señalan que la clave estará en la "celeridad con la que quiera actuar el Constitucional". De entrada, no va a ejecutar de manera inmediata el incidente por desobediencia que ha abierto contra la presidenta del Parlamento, hasta no haber resuelto antes el recurso sobre la ley que prevé dichos incidentes.

En cualquier caso, Forcadell ya ha dicho que desobedecerá una posible inhabilitación. ¿Forzará a que la Fiscalía inste a su detención por desacato? La imagen sería muy potente y daría la vuelta al mundo. En la Diada, la ANC y Omnium pidieron expresamente a Forcadell que ignore al Constitucional y anunciaron un nuevo frente de movilización en la calle para apoyar a sus 'mártires'. Es decir, calentar la calle, con la vista puesta en las llamadas elecciones constituyentes, que al final puede que sean de nuevo autonómicas, pues la ley de transitoriedad jurídica estará anulada y será de muy difícil aplicación.

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