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POLÍTICA

Otegi, en manos de los jueces

La Junta Electoral de Gipuzkoa revisará desde el martes la candidatura de EH Bildu

Actualizada 22/08/2016 a las 14:17
  • COLPISA. BILBAO
Dos semanas y media de protagonismo judicial para Arnaldo Otegi. Ese es el tiempo que la justicia necesitará para determinar si el líder independentista puede o no ser candidato de EH Bildu a lehendakari. Un proceso que comenzará este martes en la Junta Electoral de Gipuzkoa -la primera instancia que se encarga de revisar las listas de ese territorio para los comicios autonómicos del 25-S- y que no concluirá hasta previsiblemente el 7 de septiembre, fecha límite que prevé la legislación para que el Tribunal Constitucional fije una solución definitiva. Todo ello después de que esta cuestión sea revisada también por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián.

La Fiscalía y partidos como PP, Ciudadanos y UPyD ya han anunciado que recurrirán las listas de EH Bildu y pondrán en marcha la maquinaria judicial. Un movimiento que el equipo de abogados que asesora a la izquierda abertzale -formado por Jone Goirizelaia, que también va en las listas por Bizkaia, e Iñigo Iruin- ya preveían en enero pasado, cuando optaron por no recurrir un auto de la Audiencia Nacional en el que se aseguraba que Otegi estaba inhabilitado para ocupar un cargo público hasta el año 2021. Con esa jugada optaron por vincular el desenlace a la precampaña vasca. De hecho, sea cual sea la decisión que adopte el Constitucional, su resolución se producirá a apenas unas horas de que arranque la pegada de carteles de unos comicios en Euskadi que, según todas las encuestas, se presentan con mayor incertidumbre que nunca sobre su resultado final.

MOVILIZAR AL ELECTORADO

Los estrategas electorales de EH Bildu creen que de esta manera podrán acaparar mayor atención de los medios de comunicación y que, en caso de que los jueces cierren la puerta a su candidato, movilizarán a sus potenciales votantes. Unos votantes que en las últimas citas con las urnas -generales y municipales- han preferido decantarse por Podemos, partido que, según los sondeos, podría arrebatarle el liderazgo de la oposición en el Parlamento vasco la próxima legislatura.

Sea lo que sea lo que suceda el 25 de septiembre, los jueces se enfrentan desde este martes a dos posiciones jurídicas bien definidas. Por un lado, la defensa de Otegi asegura que el líder independentista ha cumplido ya la pena que le llevó a la cárcel durante seis años y medio -quedó en libertad en marzo- por su intento de reconstruir la ilegal Batasuna a través de la plataforma Bateragune. Y subrayan que existe un error en aquella sentencia que le permite aspirar a la Lehendakaritza: el texto de la Audiencia Nacional que le imponía una inhabilitación absoluta no especificaba a qué cargos concretos afectaba. Una concreción que exige el Tribunal Constitucional y cuya ausencia ha posibilitado, por ejemplo, que Iker Casanova, condenado por formar parte de colectivos del entorno de ETA, haya ocupado un escaño en el Legislativo autonómico durante los últimos años.

Frente a este criterio, el de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público, que dirige Consuelo Madrigal, se ha afanado en los últimos meses por buscar argumentos sólidos que impidan a Otegi ser candidato. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la principal baza que esgrimirá no será tanto la inhabilitación para ocupar cargo público como la suspensión de su derecho al sufragio pasivo que lleva acarreada la pena de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional. Es decir, que el debate no se centraría en si Otegi puede ocupar o no un escaño en el Parlamento vasco, sino en que los ciudadanos no pueden votarle en este momento. No podrían, de hecho, hasta 2021, fruto de la concatenación de condenas e inhabilitaciones que ha acumulado el dirigente abertzale en la última década.

A UNAS HORAS DE LA CAMPAÑA

Unas posiciones que comenzarán a desplegarse a partir del martes sobre la mesa de los diferentes órganos que deberán dirimir este pleito. En primer lugar, la Junta Electoral de Gipuzkoa, cuyos cinco integrantes tratan de abstraerse de todo el ruido que se ha generado sobre este asunto desde que EH Bildu hiciera pública su decisión de designar a Otegi como su cabeza de lista para el 25-S. Revisarán las candidaturas tres magistrados de la Audiencia Provincial -Jone Unanue, María del Carmen Bildarraz y Felipe Peñalba-, la decana del Colegio de Abogados de ese territorio -Lurdes Maiztegi- y el catedrático de Derecho Administrativo de la UPV Iñaki Agirreazkuenaga. Su cometido no será el de entrar en el fondo de la cuestión, pero sí deberán dar el primer paso de aceptar o no la candidatura del líder independentista. Acepten o rechacen la lista de EH Bildu -tienen hasta el día 29 para comunicar su decisión-, la cuestión pasará, vía recurso, al juzgado número dos de lo Contencioso de San Sebastián, que ocupa el magistrado Víctor Mora y que tendrá de plazo, como mucho, hasta el 2 de septiembre para emitir una resolución. De ahí, el asunto pasará directamente al Constitucional, ya sea por un recurso de la defensa o de Fiscalía. La más alta Corte del Estado debería, si no hay ningún contratiempo, dilucidar el pleito y darle una solución definitiva antes del 7 de septiembre, un día antes de que arranque la campaña. Aunque el procedimiento legal está muy pautado y es bastante rápido, no siempre se han cumplido esos plazos. Por ejemplo, el Constitucional aceptó que Bildu tomara parte en las elecciones municipales y forales de 2011 minutos después de que arrancara la pegada de carteles previa a aquellos comicios. Habrá que esperar.

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