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Pactos de Gobierno

​El retraso de la investidura pone en riesgo los Presupuestos y la senda de déficit

La falta de Gobierno obligaría a prorrogar las cuentas públicas y España se enfrentaría a una multa de Bruselas si no presenta ajustes

29/07/2016 a las 06:00
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  • COLPISA. MADRID
Las páginas del calendario pasan y las dificultades para formar un nuevo Gobierno siguen. Y en el horizonte ya se vislumbran las primeras consecuencias económicas de este retraso. La más inmediata es que pone en peligro la elaboración de los Presupuestos Generales de 2017, y como consecuencia, deja en el aire la nueva senda de déficit fijada por la Comisión Europea ante los problemas para adaptar los ingresos y gastos a esos objetivos. Además, cualquier retraso en la aprobación de las cuentas públicas o desvío en la senda de consolidación fiscal será mirado con lupa por Bruselas, que podría redoblar las presiones para realizar ajustes e incluso reactivar las sanciones contra España.

Hace ya un par de meses que en el Ministerio de Hacienda trabajan para elaborar los Presupuestos Generales de 2017. De hecho, fuentes del organismo que dirige Cristóbal Montoro confirman que las líneas generales están perfiladas, ya que corresponden a gastos que implican pocas variaciones cada año (pago de intereses de la deuda, pensiones, prestaciones por desempleo...). Todo ello con el objetivo de que pudieran presentarse nada más formarse un nuevo Ejecutivo. Sin embargo, el retraso de la investidura complica su elaboración. De hecho, desde el Gobierno ya advirtieron de que si no había Ejecutivo en agosto se tendrían que prorrogar los Presupuestos porque no habría margen para aprobar unos nuevos en el tiempo que marca la ley (antes del 30 de septiembre tienen que ser remitidos a las Cortes). Pero los tiempos están cada vez más apretados. Y es que antes de ese paso, es necesario que el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto y que sea ratificado por el Congreso y el Senado.

PENSIONES Y FUNCIONARIOS

El calendario que manejan en Hacienda supone que para estar en plazo el proyecto de Presupuestos debería aprobarse el viernes 23 de septiembre por ser el último Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre (aunque podría habilitarse excepcionalmente otro día de la semana).

El escenario de una prórroga presupuestaria tiene consecuencias económicas desde varios ámbitos. Para empezar se mantendrían la previsión de ingresos y gastos de este año. Un argumento que, sin duda, Mariano Rajoy utilizará para presionar al resto de partidos para que faciliten la formación, especialmente al PSOE por gobernar en varias comunidades autónomas, que también se verían afectadas al no poder recibir más transferencias del Estado aunque aumentasen los ingresos. Además, tampoco se podrían revalorizar las pensiones, ya que es necesario aprobar una nueva partida para ese propósito. Asimismo, el sueldo de los funcionarios quedaría congelado, cuando la intención del Ejecutivo era elevarlo un 1%, según anunció el vicesecretario del PP, Javier Maroto.

En cualquier caso, si se incumple el calendario de presentar los Presupuestos antes del 30 de septiembre, eso no significa que no puedan aprobarse las cuentas públicas de 2017, sino que se tendrían que prorrogar los actuales, al menos, de forma momentánea. Pero se podrían elaborar en los meses siguientes (los Presupuestos de 2012 se aprobaron en marzo del mismo ejercicio).

La prórroga presupuestaria también supondría un problema a la hora de adaptar los Presupuestos a la nueva senda de estabilidad pactada con Bruselas. De hecho, la Comisión Europea ya fijó la necesidad de un ajuste que, en el peor de los casos, podría llegar a los 15.000 millones de euros. Pero la vigilancia de Bruselas va mucho más allá. El Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, dejó claro que la prórroga de dos años para dejar el déficit por debajo del 3% debe ir acompañada de la presentación de unos Presupuestos creíbles que, además, deberán presentar a la Comisión antes del 15 de octubre.

En caso de no hacerlo las consecuencias van más allá de la pérdida de credibilidad, sino que podría provocar una sanción de hasta el 0,5% del PIB, es decir, 5.000 millones -más del doble de la que acaba de evitar España-. El Gobierno siempre podría presentar una ampliación de los acuerdos de no disponibilidad. Pero la paciencia de Bruselas ya está al límite, lo que supone otro riesgo.


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