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Caso Gürtel

El juez de Gürtel investiga los 22 millones que la fundación gastó en la visita del Papa

La entidad siguió hasta 2014 aunque estaba prevista su disolución tras la visita de Benedicto XVI en julio de 2006

El juez José de la Mata.

El juez José de la Mata.

EFE
16/05/2016 a las 06:00
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  • COLPISA. MADRID
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del ‘caso Gürtel’, ya tiene en su poder la documentación sobre los gastos que hizo la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de las Familias. Se trata de una organización de carácter sociocultural y sin ánimo de lucro creada con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, y que estaba bajo la tutela del protectorado que ejercía la Generalitat, entonces presidida por Francisco Camps.

El magistrado investiga "los posibles delitos que se hayan podido cometer en el ámbito de la contratación desde su constitución el 21 de enero de 2005 hasta el momento de su liquidación y extinción el 21 de marzo de 2014". Es decir, estuvo activa más de nueve año pese a que los actos centrales de la visita papal se concentraron en dos días. En ese largo periodo, los gastos de la fundación se desbocaron hasta los 22 millones de euros, según los documentos contables del procedimiento.

El juez tomó la decisión de abrir una pieza separada sobre los contratos de la fundación tras concluir la investigación de la parte valenciana del ‘caso Gürtel’ referida a la visita del Papa. El pasado 22 de abril propuso juzgar a 24 personas, entre ellas al expresidente de las Cortes autonómicas y también exdirector general de la Policía, Juan Cotino, "elemento nuclear" del supuesto amaño en la contratación pública del alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía por 7,5 millones de euros. Se calcula que de este "desorbitado" presupuesto se sustrajeron 3,3 millones a repartir entre varios imputados. El fiscal pide para Cotino 11 años de cárcel por estos negocios irregulares.

No obstante, estas cifras se podrían quedan cortas con los gastos conocidos en el caso de la fundación. La entidad se constituyó con el objeto de promover y apoyar la organización y desarrollo del V Encuentro Mundial de la Familia, presidido por Benedicto XVI. La dotación inicial de la fundación fue de 40.000 euros, de lo que 30.000 fueron proporcionados por la Generalitat valenciana, Ayuntamiento de Valencia y Diputación Provincial, lo que suponía un 75% de aportación del sector público.

A pesar de que el patronato de la fundación, cuya presidencia efectiva la ejercía el Arzobispado de Valencia, acordó el 30 de octubre de 2006 que se extinguiera "en cuanto se liquide y se termine de pagar todos los gastos" del evento, lo cierto es que las actividades continuaron hasta su extinción en marzo de 2014. En esas fechas, el Gobierno del popular Alberto Fabra, sustituto de Camps en julio de 2011, acordó abonar 1,3 millones para asumir las deudas pendientes con los proveedores.

LOS POLÍTICOS "CORTABAN EL BACALAO"

El juez De la Mata ha puesto el foco en la posible vulneración por parte de la fundación del régimen de contratación del cector público desde su constitución hasta abril de 2008. Al tratarse de un organismo público, las normas sobre capacidad de las empresas, publicidad y procedimiento de licitación de los contratos de suministro, consultoría o servicios superiores a 206.000 euros tenían que regirse por los principios generales de publicidad de la Ley de Contratos. Pero visto el desbocado gasto, el juez tiene indicios de que se incumplió el reglamento.

Las cifras son elocuentes: el capital inicial en 2005 fue de 40.000 euros. A 31 de diciembre de ese año, las pérdidas ya ascendían a 206.109 euros (los afiliados solo pagaban 315 euros) y se suscribió un crédito con Bancaja por 300.000 euros. En 2006, el año de la visita papal, esas cantidades se multiplican hasta límites insospechados: la entidad declaró 8,9 millones de euros en ingresos por "actividad propia" sin que nadie pueda explicar su procedencia. Solo que 2,5 millones vinieron de "ingresos por convenios de colaboración", 2,1 por "donaciones declaradas" y 435.381 euros por "donaciones anónimas y subvenciones". Mientras tanto, la deuda pendiente cuando finalizó el ejercicio 2006 pasa de 206.109 euros a 3,5 millones.

Así lo atestigua un informe de la Intervención General de la Administración del Estado de enero de 2015 y otro escrito de la Policía Judicial. Concluyen que no existía departamento de contratación en la fundación, que las decisiones se tomaban en las reuniones del patronato o que dado a su carácter privado, pese a que se nutrió de fondos públicos para su constitución, no existieron pliegos de contratación.

Por estos hechos ya declaró como testigo ante el Tribunal Superior de Valencia, cuando la pieza del Papa se instruía en ese órgano, el coordinador del área de infraestructura de la fundación, José Selva. Entonces relató "que en la entidad estaban cuatro organismos, pero los que cortaban el bacalao eran los políticos y el que decidía todo era Juan Cotino".

Según los investigadores, el expresidente de las Cortes participó "activamente" en las reuniones de los grupos de trabajo de la fundación, presidida por el actual obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero, sin que ostentara ninguna responsabilidad en el patronato ni formara parte de sus competencias.

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