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MOSSOS

Los mossos del caso Benítez reconocen el homicidio a cambio de una pena mínima

Juan Andrés Benítez, empresario del Raval que falleció cuando era reducido por los mossos, el 5 de octubre de 2013.

El conseller de Interior, Jordi Jané.

El conseller de Interior, Jordi Jané.

EFE
Actualizada 09/05/2016 a las 14:44
  • EUROPA PRESS. BARCELONA
Los seis agentes de los Mossos d'Esquadra acusados del caso Benítez reconocerán el delito de homicidio imprudente a cambio de una pena de cárcel inferior a los dos años de prisión, lo que evitará la celebración del juicio, que estaba previsto para este lunes.

El acuerdo, al que han llegado todas las partes del caso, establece además una indemnización de 150.000 euros para la hermana de Juan Andrés Benítez, y también una pena mínima para los dos mossos que estaban acusados de un delito de obstrucción a la justicia por ocultar pruebas.

La Fiscalía, las acusaciones popular y particular, y la defensa han llegado a este acuerdo, que deberán ratificar este mismo lunes ante la Audiencia de Barcelona.

Juan Andrés Benítez, empresario del Raval que falleció cuando era reducido por los mossos, el 5 de octubre de 2013.

Los seis agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de la muerte de Juan Andrés Benítez en 2013 han reconocido ante el tribunal un delito de homicidio imprudente y otro contra la integridad moral a cambio de una sentencia de conformidad que reduce la pena hasta los dos años de cárcel, lo que ha evitado la celebración del juicio que estaba previsto para este lunes e implicará que no ingresen en prisión.

Este pacto --que han alcanzado todas las partes este mismo lunes y los agentes han suscrito de viva voz ante el tribunal-- establece que los agentes indemnizarán con 150.000 euros a la hermana de la víctima y les condena a la prohibición de acercarse al lugar de los hechos --calle Aurora del Raval--, a patrullar durante este tiempo y les obliga a hacer un curso sobre derechos humanos; todo ello, a condición de que no delincan en tres años.

Otros dos agentes han sido condenados por un delito de obstrucción a la justicia --destrucción de pruebas-- a tres meses de cárcel, que serán sustituidos por un curso sobre derechos humanos; la Conselleria de Interior se compromete, además, a revisar los protocolos de detención, según ha explicado ante el tribunal el abogado que representa al Cuerpo policial.
En la sala se ha leído el acuerdo de conformidad en el que los agentes han reconocido los hechos: que actuaron "de forma excesiva, desproporcionada", que le dieron golpes, puñetazos y rodillazos, y que dejaron a la víctima inconsciente y le provocaron una parada cardiorrespiratoria.

También han admitido que no requirieron al Servicio de Emergencias Médicas (Sem) que asistieran a Benítez pese a que en el lugar había una ambulancia, hasta que esposado de pies y manos fue conducido, ya "inerte", al interior del coche policial, y luego sacado al exterior del coche para reanimarlo por indicación de los sanitarios.

La muerte de Benítez se produjo horas después, la madrugada del 6 de octubre, ya en el Hospital Clínic de Barcelona, donde había sido ingresado, y fue consecuencia de los golpes a los que le sometieron los agentes, unidos a la enfermedad cardíaca que sufría la víctima.

Tras la reducción policial, dos agentes vaciaron una botella de agua sobre la mancha de sangre que había en la calzada de forma intencionada, borrando la misma y obstaculizando así la investigación; una agente se dirigió también a un piso para preguntar si una testigo había tomado imágenes de los hechos.

Sentencia firme

El acuerdo no se ha alcanzado hasta el último momento por la resistencia a suscribirlo de la acusación popular, representada por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (Acddh), que finalmente ha aceptado un pacto; la fiscal, las defensas de los mossos y la acusación particular --hermana de la víctima-- ya habían llegado a un preacuerdo que no se podía materializar sin el aval de la acusación popular.

La sentencia, que ya es firme, evita el juicio en el que los agentes se enfrentaban a una pena de hasta 14 años de cárcel.

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