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TRIBUNALES

El juez bloquea la cuenta que financió la última campaña de Barberá en Valencia

El juez apunta a que Rita Barberá financió su campaña electoral con dinero negro de comisiones por obras que el PP valenciano cobraba como sobornos por adjudicaciones

​Rita Barberá.

​Rita Barberá.

EFE
03/05/2016 a las 06:00
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  • COLPISA. MADRID
El juez apunta directamente a que Rita Barberá financió su última campaña electoral con dinero negro procedente de comisiones por obras que el Partido Popular de Valencia cobraba como sobornos por adjudicaciones. Un dinero que la formación habría hecho aflorar en forma de pancartas, mítines y buzoneo para intentar, sin éxito, que la excaldesa siguiera al frente del consistorio tras los comicios locales del el 24 de mayo de 2015. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, ordenó el pasado viernes el bloqueo de la cuenta del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de la capital del Turia al entender que ese depósito era el eje central de una gran operación de blanqueo de capitales para financiar irregularmente al PP y en la que, además, habría participado buena parte de la cúpula del partido en la provincia, al prestarse a dar su propio dinero para lavar la 'caja B' del Partido Popular de Barberá.

Gómez, instructor del llamado 'caso Taula' que investiga la financiación irregular del PP valenciano, ha tomado esta determinación a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras analizar la contabilidad que guardaba Maria del Carmen García Fuster, la secretaria del grupo municipal del PP valenciano, y de la que se incautó la Unidad Central Operativa (UCO) durante la redada del pasado 26 de enero. Según fuentes de la investigación, en esos papeles habría "confirmación fehaciente" de que al menos medio centenar de responsables del PP valenciano, incluida Barberá, ingresaron la pasada primavera no menos de 50.000 euros en la cuenta del Banco Sabadell que controlaban García-Fuster.

La propia secretaria del partido, de acuerdo con las escuchas y las investigaciones de la UCO, fue la que exigió a, al menos, 47 responsables del PP que ingresaran en la cuenta del partido 1.000 euros de 'dinero limpio' cada uno a modo de donación a la formación. Posteriormente, según han confesado varios de los encausados, esta cantidad le fue reembolsada en efectivo a cada uno de los 'falsos' donantes por García-Fuster en billetes de 500 euros. Se trata de un conocido sistema de lavado de dinero a través de multitud de cooperadores conocido como 'pitufeo'.

Según el juez y Anticorrupción, el dinero que los altos cargos del PP ayudaron a blanquear con sus propios ahorros eran fondos opacos que procedían del cobro de comisiones del 3% por parte de las "administraciones de la Comunidad Valenciana" entre 2003 y 2014. En particular, la Diputación, a través de la empresa pública Imelsa, que fue la que provocó la apertura de esta causa; la Concejalía del Cultura del Ayuntamiento que Gobernaba Barberá; y la Generalitat, a través de las adjudicaciones amañadas y con sobrecostes de Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana). El magistrado cree que los responsables populares de la época pudieron incurrir en delitos de malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

LOTERÍA

El instructor Víctor Gómez, aunque bloquea la 'cuenta central' del PP valenciano, se niega, por el momento, a la pretensión de la Fiscalía de intervenir la otra cuenta bajo sospecha de los populares, en la que ingresaban el dinero supuestamente procedente de la venta de las participaciones de la lotería de Navidad y que -de acuerdo con la confesión de varios testigos- también pudo ser usada para blanquear el dinero negro que el partido acumulaba en su caja B. Entiende el magistrado que no hay todavía indicios suficientes para bloquear esa cuenta, aunque reclama a la entidad todos los movimientos de la misma durante los últimos años. La decisión del juez de valencia de bloquear los fondos del PP valencianos puede ser una de las últimas que tome. El propio magistrado el pasado abril envió al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre las pruebas que constan en el sumario contra Barberá (senadora y, por ende, aforada ante alto tribunal), lo que podría arrastrar toda la causa a Madrid.

El magistrado Víctor Gómez y la Fiscalía Anticorrupción consideran que hay motivos suficientes para que la Sala de lo Penal del Supremo investigue el papel de Barberá en la presunta trama de blanqueo, ya que ella, según ha reconocido, también entregó 1.000 euros a modo de donación, aunque ha negado haber recibido ese dinero de vuelta en billetes de 500 euros.

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