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GOBIERNO - GENERALITAT

Un nuevo recurso del Gobierno tensiona el frágil diálogo con la Generalitat

El Ejecutivo cuestiona parte de la ley antidesahucios y lamenta que desde Cataluña se espere que el Consejo de Ministros "prevarique"

Mariano Rajoy entrega una copia del Quijote a Carles Puigdmont.

Mariano Rajoy entrega una copia del Quijote a Carles Puigdmont.

AF`P
30/04/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID/BARCELONA
Dos reuniones bilaterales después, las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat siguen sin fluir. Pese al "deshielo" y a haber reactivado el diálogo, el enfrentamiento de ambas administraciones en el Tribunal Constitucional mantiene en alto la tensión. El Consejo de Ministros siguió la senda de cada viernes y anunció hoy otro recurso, por extralimitación competencial, de una nueva norma aprobada en Cataluña. El Ejecutivo solicitará la suspensión cautelar de parte de la ley antidesahucios que el Ejecutivo de Carles Puigdemont había fijado como prioritaria tan sólo 24 horas antes en su cita con la vicepresidenta en el palacio de la Moncloa. "Lo que no podemos es aplicar un criterio político y no jurídico a este tipo de asuntos", justificó Soraya Sáenz de Santamaría. La número dos del Gobierno se había comprometido con el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, a volver a estudiar el fondo del texto legal antes de tomar una decisión. Pero el informe que el Consejo de Estado emitió el pasado 21 de abril coincidía con el análisis de la Moncloa: algunos "aspectos procesales" en materia de vivienda resultan "inconstitucionales". Sáenz de Santamaría empleó más tiempo del habitual en subrayar que no se tocará ninguna de las medidas destinadas a paliar la pobreza energética y ayudar a quienes no pueden hacer frente a los recibos de agua, luz y gas, aunque sí se pone en cuestión el procedimiento de mediación hipotecaria y la obligación de ofrecer alquiler social. "Nosotros tenemos que garantizar el principio de igualdad de trato entre todos los ciudadanos de todas las comunidades", defendió. Su interlocutor, que aseguró el jueves quedar pendiente de los gestos del Gobierno, no tardó en expresar su malestar en las redes sociales. A través de Twitter, Junqueras denunció la "nueva acometida" del Ejecutivo central, y obtuvo de manera indirecta la respuesta de un titular de Hacienda que no quiso resistirse a entrar en el debate en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. "Pero bueno, ¿en qué país vivimos? Es que a mí me resulta asombroso que tenga que escuchar estas cosas -arremetió Cristóbal Montoro-, ¿pero qué me está usted diciendo? ¿Que incumplamos la ley? ¿Que prevariquemos?". La prudencia que había mantenido Sáenz de Santamaría saltó por los aires. "Muy bien", zanjó con una sonrisa antes de invitar a emplear los mecanismos de mediación previos para evitar que los conflictos se diriman siempre en los tribunales. Movilizaciones La Generalitat salió en tromba. Para el presidente catalán, se trata de un "portazo" en toda regla, no contra la Generalitat, sino contra las personas más vulnerables. "Que no nos vendan gato por liebre, que no jueguen con las palabras, que no nos quieran hacer ver que han dejado la puerta medio abierta, la han cerrado del todo", afirmó Puigdemont.

El gobernante nacionalista, decepcionado, considera que la Moncloa se podía haber ahorrado la petición de suspensión cautelar porque esa es una "decisión política, no técnica", que demuestra, a su juicio, que no había voluntad de buscar acuerdos. Además, anunció que convocará de "forma inmediata" a la comisión promotora y a los grupos parlamentarios que impulsaron la ley para tomar decisiones y se comprometió a "continuar aplicando las bondades de la norma". El presidente de la Generalitat, en cualquier caso, mantiene la mano tendida al Gobierno, pero no está predispuesto "al diálogo por el diálogo", sino a hablar con vistas a que haya "resultados". Mientras, insistió en que Cataluña sigue su camino hacia la independencia y que no esperará a que haya un Ejecutivo que pase de las intenciones a los hechos. En la oposición al recurso, el presidente de la Generalitat podrá contar con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para hacer un frente común, y también se sumará la Plataforma Antidesahucios, que ya ha anunciado movilizaciones frente a las sedes del PP.

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