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Corrupción

Más herramientas, pero aún insuficientes, para seguir el dinero

Las últimas reformas del Código Penal y la Ley Tributaria mejoran la persecución de los patrimonios ocultos, aunque faltan datos

Vista general de la sede de la firma Mossack Fonseca.

Vista general de la sede de la firma Mossack Fonseca.

EFE
17/04/2016 a las 06:00
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  • COLPISA. MADRID
"La clave sigue siendo obtener pistas de dónde está el dinero. A partir de ahí, el resto del camino, aunque enrevesado, casi siempre se puede tratar de seguir". Así se expresa un veterano fiscal que ha tenido entre sus manos casos de corrupción famosos en los 90 y que ha seguido al frente del cañón en lo que va de siglo. Prefiere no concretar su nombre, aunque su opinión coincide con la de sus colegas en la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.

Como dijo su compañero Alejandro Luzón hace pocos años, ante la imposibilidad de seguir rastreando los fondos robados por Luis Roldán -quien fuera director general de la Guardia Civil-, "la culpa, como siempre, es de los paraísos fiscales". Y la historia aún se repite.

El presidente de la asociación de inspectores de Hacienda, José Luis Groba, coincide. A su juicio, el problema de estos casos radica en que una vez el dinero sale fuera de España es muy difícil localizarlo. Por eso pide acabar con los paraísos fiscales, una medida tan deseada como casi utópica hoy en día.

Mientras tanto, los gobiernos nacionales -y, en este caso concreto, el de España- parecen conformarse con convenios bilaterales de más que dudosa eficacia. Un ejemplo es el suscrito en 2013 con Panamá, un curioso tratado que excluye a priori los llamados delitos de ‘guante blanco -es decir, los económicos- y, en especial, el blanqueo que es precisamente el que mayor volumen de peticiones de auxilio de otros países genera tanto entre los investigadores policiales, la Fiscalía y los órganos judiciales.

LIQUIDAR ANTES DE SENTENCIA

"El problema con este tipo de convenios, además, es que no puede haber requerimientos genéricos y se debe justificar muy bien cada petición", apunta Mabel Lozano, socia del departamento fiscal del bufete Cremades & Calvo Sotelo. Defiende, no obstante, que con la última reforma de la Ley Tributaria, Hacienda ya dispone de instrumentos para liquidar deudas antes de que se dilucide el procedimiento judicial posterior.

Su compañero de despacho Oscar Arredondo, del área penal, también cree que a nivel judicial la última reforma del Código Penal mejora la persecución de las ocultaciones de patrimonio (artículo 258) y los posibles alzamientos de bienes. A su juicio, el problema no reside en una posible falta de severidad por los jueces sino en la efectividad de los instrumentos disponibles, "todavía mejorable".

Un ejemplo son las peticiones de ayuda al Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac). Solo un 14% proceden de autoridades nacionales, y la mitad corresponden a jueces y fiscales. Claro que también apenas un 1% de los reclusos en España lo son por delitos económicos.

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