Alejandro Martínez Singul, conocido como el 'el segundo violador del Eixample' y salió el pasado domingo del centro penitenciario de Quatre Camins, en la Roca del Vallès (Barcelona), después de cumplir los dieciséis años de condena por cinco violaciones, cinco agresiones sexuales y cuatro intentos de agresión sexual frustradas, a menores de entre nueve y diecisiete años.

El miedo a que Martínez Singul reincida en sus actos delictivos se debe a que la junta de tratamiento del centro penitenciario no estimó conveniente durante estos años concederle permisos penitenciarios cuando se presentó la oportunidad, al considerar que no estaba rehabilitado.

González aseguró que el caso «pone en evidencia que el sistema penitenciario no ha sido capaz de rehabilitarle» y demandó que se modifiquen los «procedimientos» que se utilizan en los programas de reeducación en las cárceles «para que realmente las penas de privación de libertad sirvan para lo que la Constitución y el Código Penal dicen».

«Lo que está claro es que --los programas-- hay que cambiarlos porque si en 16 años no ha habido ni un psicólogo, ni un psiquiatra capaz de cambiar la conducta de una persona, hay que poner en cuestión el método», criticó.

En este sentido, la presidenta de Asociación de Mujeres Juristas Themis indicó que «habría que tratar de que los procedimientos» utilizados para reeducar a agresores sexuales «cumplan estándares de calidad», como ya se hace actualmente en el caso de los maltratadores, «para garantizar que realmente sirven al fin que pretenden».

Respecto al caso de Alejandro Martínez Singul en concreto, sin embargo, González subrayó que ha cumplido el máximo de pena que debía cumplir conforme a la legislación vigente cuando fue condenado y que esa legislación ya ha sido cambiada para que delincuentes de este tipo cumplan su condena íntegramente, sin reducciones.

Además, se mostró confiada de que, al estar en libertad condicional y tener que notificar en todo momento su lugar de residencia, «los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad» del Estado están obligados a «vigilarle para evitar una posible reincidencia en su conducta delictiva».