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Renunciar a una VPO adjudicada supondrá ser excluido un año del censo de solicitantes

Durante la expulsión no se podrá optar de nuevo a una vivienda protegida

Los ciudadanos podrán inscribirse en el nuevo censo en marzo y el 1 de junio se prevé adjudicar en él los primeros pisos

Vista de una de las fachadas de un bloque de viviendas protegidas en construcción en Entremutilvas. 	JORGE NAGORE

Vista de una de las fachadas de un bloque de viviendas protegidas en construcción en Entremutilvas. JORGE NAGORE

MARCOS SÁNCHEZ . PAMPLONA Miércoles, 24 de noviembre de 2010 - 04:00 h.

Renunciar hasta en dos ocasiones a una vivienda protegida adjudicada provisionalmente o en sólo una ocasión a una vivienda adjudicada de forma definitiva supondrá a partir del próximo mes de junio para el ciudadano navarro implicado quedar expulsado durante un año del próximo censo de solicitantes de viviendas protegidas.

Así lo expone el decreto foral que ha elaborado el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra para regular el que constituye la gran novedad de la nueva Ley Foral del Derecho a la Vivienda: el censo de solicitantes, en el que deberán inscribirse todos los navarros que deseen una vivienda protegida y que permitirá conocer en cada momento la demanda real que existe en la Comunidad foral.

En los dos supuestos de renuncia expuestos anteriormente, se tendrán en cuenta tanto el rechazo expreso (voluntariamente y comunicado por el propio adjudicatario) como el tácito (cuando Vivienda y la sociedad gestora del censo, presumiblemente Vinsa, cumplan con su obligación de comunicar las distintas adjudicaciones al ciudadano pero les sea posible localizarle o establecer comunicación con él).

El decreto foral fue presentado ayer, en líneas generales, por la consejera foral de Vivienda, Amelia Salanueva, y el director general de su departamento, Jesús Ascunce. En lo referente a exclusiones del censo, el reglamento acomoda los motivos que ya fija la Ley del Derecho a la Vivienda y les otorga una sanción temporal. Así, otros motivos para quedar fuera del censo, y por tanto no poder optar a una vivienda protegida durante el tiempo que la exclusión dure, serán ocultar datos, falsear documentos o haber sido desalojado de una vivienda protegida en los dos últimos años por causas imputables al adjudicatario (exclusión durante un año); incumplir las obligaciones derivadas de la inscripción en el censo, no renovar la permanencia en el listado tras dos años o no comunicar cambios en la situación personal que puedan afectar al orden de baremación (6 meses); y no aportar la documentación requerida en el plazo indicado o incumplir las condiciones que dan derecho a estar inscrito (3 meses). Una vez transcurrido el plazo de exclusión de cada caso, será el solicitante el responsable de volver a darse de alta.

Todas las personas que se inscriban en el censo de solicitantes de viviendas protegidas estarán clasificadas constantemente mediante la aplicación de un baremo para viviendas de compraventa y otro de alquiler, y en función de los datos que faciliten. De esta forma, todas las viviendas protegidas que se promuevan, ya sean públicas o privadas, se adjudicarán mecánicamente sobre la lista de demandantes en cuatro fechas concretas al año: 1 de marzo, 1 de junio, 1 de septiembre y 1 de diciembre.

A pesar de que la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra entró en vigor el pasado 17 de julio, está previsto que los ciudadanos no puedan comenzar a inscribirse en el censo hasta el próximo mes de marzo, de forma que la primera tanda de viviendas a adjudicar con el nuevo sistema será la del próximo 1 de junio. Salanueva justificó la demora en que el censo "lleva detrás un trabajo intenso de programas informáticos". "No sólo es un registro, sino que tiene los mecanismos para adjudicar las viviendas automáticamente y vamos a ser la primera comunidad con un sistema así, que garantiza la transparencia", dijo . Según expusieron Salanueva y Ascunce, el desarrollo informático ya está prácticamente terminado y se ha redactado el decreto regulador. El Gobierno foral lo va a remitir a información pública a agentes implicados (promotores, constructores y asociaciones) y al Consejo de Navarra, que tiene un plazo de 45 días para informar. Con este último paso, el Ejecutivo podrá aprobar el decreto, que, como tal, no necesitará tener la aprobación del Parlamento para entrar en vigor.

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