Un cambio de estrategia

EL diálogo social se inició el 29 de julio de 2008. Fue un acto con rango de gran acontecimiento, celebrado en el Palacio de La Moncloa. El presidente del Gobierno y los líderes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme firmaron lo que se denominó Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social.

Entonces, el Ejecutivo se comprometió a que sólo aprobaría reformas laborales respaldadas por los agentes sociales. Los posibles frutos de aquel documento se han diluido en mesas de negociación sin futuro y en la defensa de intereses enfrentados.

El proceso, además, en los últimos tiempos, se ha visto afectado de lleno por el empeoramiento de la crisis y las constantes exigencias de instituciones nacionales e internacionales, así como por un plan de ajuste, sin precedentes en España, con recorte salarial de los empleados públicos y congelación de las pensiones.

Este plan vulnera acuerdos pactados y llena de incredibilidad el cumplimiento de cualquier otro pacto.

Peticiones de la CEOE

Casi un año después de aquella "Declaración", el 24 de julio de 2009, el Gobierno daba por "finiquitada" la negociación emprendida para reformar el mercado laboral. El culpable aparentemente fue CEOE que colocó encima de la mesa demandas antiguas, inasumibles para el Ejecutivo y los sindicatos.

Los empresarios querían sobre todo abaratamiento del despido y reducción de los costes salariales vía cotizaciones a la Seguridad Social. El proceso se saldó con la creación de una ayuda económica de 420 euros para los parados con las prestaciones de desempleo agotadas.

Entonces, el presidente Rodríguez Zapatero, CC OO y UGT resaltaron la voluntad social del Gabinete, que pese a la crisis aumentaba la protección para los más desfavorecidos. Las patronales consideraron una barbaridad el incremento del gasto público.

El cambio del Gobierno

La actual negociación, que todo el mundo da ya por fracasada, se inició el pasado mes de febrero. Desde el principio se centró en generalizar el contrato de fomento del empleo, que conlleva un despido improcedente más barato que el ordinario; establecer un plan de choque para los jóvenes parados; diseñar un nuevo modelo de bonificaciones; y en utilizar la reducción de jornada para evitar despidos.

Posteriormente, en abril, hubo un segundo documento del Gobierno, en el que ya, ante la sorpresa de los sindicatos, hablaba abiertamente de abaratar el despido y abordar las causas de las rupturas objetivas para agilizar su aplicación.

Esa propuesta dio de sí hasta la madrugada del jueves, cuando tras más de 10 horas de negociación la imposibilidad de entendimiento entre las tres partes quedó patente.

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