Asume la reducción media del 5% de los salarios de los empleados de la Administración y contempla la posibilidad de que las entidades locales puedan endeudarse para financiar obras de infraestructura
El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con el apoyo de UPN y PSN y el rechazo del resto de los grupos, la ley foral de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que contempla la posibilidad de que las entidades locales puedan endeudarse para financiar obras de infraestructura.
En concreto, en la ley foral se especifica que, para dar cumplimiento a lo dispuesto a los planes de infraestructuras locales 2005-2008 y 2009-2012 y en consecuencia con las competencias de Navarra en esta materia, se podrá autorizar la suscripción de créditos por parte de las entidades locales para la financiación de las obras acogidas a esos planes.
Navarra decide de esta forma no aplicar en su territorio la prohibición de endeudamiento municipal incluida en el decreto ley aprobado en el mes de mayo en el Congreso, aunque sí que se asume en esta ley foral la reducción media del 5% de los salarios de los empleados de la Administración, en un abanico que va desde el 6,70% del nivel A al 0,24% del nivel E.
Además, el presidente de Navarra y los consejeros se rebajan el salario un 15%; los directores generales, un 8%; el personal directivo de organismos públicos, entre un 7 y un 12%; y el resto de personal de carácter eventual, un 7%.
No obstante, el Gobierno de Navarra aplicará primero a todos los niveles el aumento del 0,3% pactado en el convenio colectivo en vigor.
El proyecto de ley, aprobado en tramitación directa y lectura única, ha sido presentado por el consejero de Presidencia, Javier Caballero, quien ha apuntado que "es evidente" que España "atraviesa una grave crisis económica", que ha motivado la adopción de una serie de medidas por el Gobierno central, sobre las que no ha querido entrar "en la crítica o en el análisis".
En ese sentido, ha declarado que "más allá de voluntarismos estériles", estas medidas "son aplicables a todas las administraciones públicas españolas", lo que "no quiere decir que Navarra carezca de competencias" en estas materias.
El proyecto de ley ha sido respaldado por el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, quien ha asegurado que "se puede estar más o menos de acuerdo" con el decreto ley aprobado en el Congreso, pero "con el objetivo final que se marca desde Europa para la reducción del déficit no queda más remedio que cumplir".
García Adanero ha afirmado que, en estos casos, "es más fácil y más demagógico votar que no", pero también "es más irresponsable" teniendo en cuenta que el objetivo de estas medidas es reducir el déficit público.
Por el grupo socialista, Samuel Caro ha considerado que no se puede "obviar en absoluto" las "circunstancias excepcionales" que atraviesa la economía, que precisan de "medidas excepcionales" y todas las administraciones "deben formar parte de la solución" para "sacar cuanto antes la cabeza de este pozo profundo".
Se trata, ha dicho, de "medidas difíciles que nos hubiera gustado no tener que tomar", aunque ha rechazado que sean "una obligación" derivada del decreto ley y ha destacado que los socialistas navarros las apoyan para "arrimar el hombro para la reducción del déficit de nuestro país".
Caro ha admitido que este apoyo a las medidas puede tener "un coste electoral", pero ha advertido de que, tal vez, los ciudadanos castiguen en cambio a "aquellos que durante todo este tiempo se han dedicado a hacer demagogia".
En el turno en contra, Patxi Zabaleta, de Nafarroa Bai, ha manifestado que la principal línea de actuación para disminuir el déficit no es reducir el gasto público, sino generar más ingresos, y para ello se debe modificar la política fiscal "subiendo los impuestos directos y no los indirectos".
Además, Zabaleta ha subrayado que éste es "un día duro para los trabajadores", ya que, con la bajada de salarios de los empleados públicos, "se elimina la apariencia de diálogo con las entidades sociales".
El portavoz de CDN, José Andrés Burguete, quien ha calificado esta ley como el "recortazo foral", se ha preguntado "dónde está la concertación social" en este proyecto, que a su juicio debería haber sido sometido al examen del Consejo Económico y Social.
Tras denunciar "el mayor recorte que se conoce en la historia de la democracia de esta comunidad", Burguete ha señalado que además existe el riesgo de que el Estado recurra ante el Tribunal Constitucional esta ley foral, al no aplicarse en la misma la prohibición de endeudamiento de las entidades locales.
Por IUN-NEB, Ion Erro ha asegurado que esta "versión foral del 'derechazo' de Zapatero" supone un "nuevo y duro ajuste económico", que ha rechazado por ser "totalmente injusto e innecesario".
Erro ha considerado que estas medidas de reducción del déficit serán "absolutamente contraproducentes" y van a "entorpecer" la recuperación económica, ya que "van a hacer descender el consumo" y afectarán a su juicio al empleo.
El portavoz de IUN-NEB ha calificado el proyecto como "una chapuza legal", que su partido, ha anunciado, recurrirá ante el Constitucional.
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